El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, anunció este martes nuevas medidas obligatorias para frenar el aumento de casos de Covid-19, que incluyen teletrabajo y multas en los lugares en los que no se cumplan los protocolos.

A raíz de las necesidades generadas por la pandemia se aceleró la adopción de esta tecnología en la industria, que tiene como sustento la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el comercio y los pagos electrónicos y sistemas de integración.

El canciller británico dijo que “Necesitamos que la gente vuelva al trabajo, es importante que enviemos el mensaje de que lo que necesitamos es que el Reino Unido vuelva a levantarse y a girar en todos los engranajes de la economía”.

La encuesta reveló que 45% realiza sus tareas con una modalidad de trabajo a distancia, mientras que 33% asiste sólo eventualmente de forma presencial al lugar de trabajo.

El Colegio de Escribanos porteño informó que en julio la cantidad de escrituras cayó el 82% con respecto al 2019. Por otra parte, en el AMBA hay una gran demanda de terrenos debido a que el costo de la construcción es el más bajo de los últimos años.

Daniel Cieza, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, conversó con Télam sobre su nuevo libro "Grupos económicos, mundo del trabajo y derechos humanos en Latinoamérica",  un análisis crítico del capitalismo latinoamericano.

En las últimas 24 horas se registraron 2.238 nuevos casos. Recomiendan el teletrabajo e imponen nuevas normas de seguridad en las empresas, donde se contabilizan entre 20 y 25% de los contagios recientes.

El gerente general de la SRT, Marcelo Domínguez, aseguró que la Guía concentra todo el "aprendizaje" por parte de empleadores y trabajadores sobre la nueva modalidad de trabajo seguro en el contexto de la pandemia.

Especialistas de la Universidad de Buenos Aires, la Unión Industrial Argentina y la CTAA señalaron que las objeciones son productos de un análisis "equivocado o malintencionado". 

Juntos por el Cambio quiere primero acordar el temario y que se excluya del mismo la reforma judicial, la creación de una comisión investigadora de la empresa Vicentin y el impuesto a las grandes fortunas.