Se trata de una causa por la adquisición de cinco millones de toneladas que llegaron la país en 2014 y 2015 a través de los puertos de Bahía Blanca y Escobar y en la que ya tienen falta de mérito todos los imputados.

Por este caso, de supuesto cohecho y administración fraudulenta, fueron enviados a juicio oral, en octubre de 2019, el exministro de Planificación, Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas, José López, y empresarios.

El Tribunal Oral Federal 4 ordenó que el exfuncionario siga en libertad pero le prohibió salir del país, le retuvo el pasaporte y dispuso "la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica de rastreo o posicionamiento de su ubicación física".

Lo dictaminó Juan García Elorrio hasta que el máximo tribunal entienda en el pedido de la defensa del ex ministro de Planificación Federal para que se revise la condena de 5 años y 8 meses que se dictó en la causa.

El tribunal rechazó tanto los argumentos del ex ministro de Planificación Federal para que se revea la sentencia como los del fiscal Raúl Plée para que se agrave. 

"A todos los expedientes se les dio el mismo trato que a los de Austral, no hay ningún expediente que se haya pagado a este grupo por fuera de lo que la normativa indicaba", declaró el testigo en el juicio por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

Durante la conversación, la comitiva de DDHH y familiares de exfuncionarios se fue rotando en el uso de la palabra para contar los distintos casos judiciales.

La decisión fue tomada en el marco de una causa vinculada a la tragedia de Once y a la falta de mantenimiento del material ferroviario en la que se consideró al exministro de Planificación Federal responsable de “administración fraudulenta".

El juez Marcelo Martínez de Giorgi dictó esa medida para la vicepresidenta y otros 200 exfuncionarios y empresarios.

Los presentaron algunos de los acusados en la causa que tuvo a Carlos Stornelli de fiscal y Claudio Bonadio de juez. Es porque no hay registros fílmicos de las declaraciones de los arrepentidos, como lo exige la ley.