El proyecto tiene como ejes centrales el aumento de gastos de capital para realizar un plan de obras públicas y una fuerte reducción del pago de los intereses de la deuda a partir del éxito obtenido en el proceso de reestructuración.

El primer presupuesto del gobierno de Alberto Fernández contempla un incremento de 5% del Producto Bruto Interno, una inflación del 29% y un dólar promedio de $ 102,4.

El interbloque Federal es el principal aliado del oficialismo para aprobar el proyecto a partir del aporte de sus once integrantes, entre los que encuentran cuatro legisladores peronistas cordobeses, tres bonaerenses de Consenso Federal, dos socialistas santafesinos y dos autodenominados "justicialistas".

La propuesta contempla un crecimiento del PBI de 5%, una inflación del 29%, un gasto global de 8 billones de pesos, y un déficit equivalente al 4,5% del PBI.

Los legisladores oficialistas destacaron que el primer presupuesto del presidente Alberto Fernàndez "no es de ajuste ni neoliberal" sino que busca "atender a los sectores más vulnerable" y dinamizar la economía con una "fuerte inversión".

“Como sabemos que están finitos en los números y que necesitan a algunos aliados, la idea es abstenernos para que el Presupuesto esté, porque somos responsables, aunque esa misma responsabilidad nos lleva a no avalarlo", indicó el legislador del PRO Luciano Laspina.

El presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara Baja dijo además que las proyecciones "son compatibles con una economía que se recupera gradualmente del impacto generado por la pandemia”.

"Hoy vamos a tener quórum y mayoría para sancionarlo, independientemente de que Juntos por el Cambio se abstenga, vote en contra o haga lo que quiera”, dijo el diputado Marcelo Casaretto. El proyecto será debatido esta tarde en el recinto.

El presidente del bloque del PRO consideró que "es un presupuesto fuera de la realidad" y argumentó que en el proyecto  "hay subestimación de las variables económicas, inflación y control del dólar".

El oficialismo busca tener sancionada la ley de gastos y recursos, o al menos una media sanción, previa al inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional el 9 de noviembre.