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24-11-2023 15:06 - polémica

El Congreso peruano avanza con una reforma política criticada por analistas y expertos

El exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fernando Tuesta, aseguró que “hay una combinación de intereses: por un lado, concentrar en las cúpulas partidarias la mayoría de las decisiones, y, por otro, tirarse abajo todo lo que hizo la reforma”.

Por Gonzalo Ruiz Tovar desde Lima
Por Gonzalo Ruiz Tovar, desde Lima
24-11-2023 | 15:06
Foto Archivo
Foto: Archivo.
 
El Congreso peruano avanza con una reforma política que afecta su propia integración y los procesos electorales, entre otras cuestiones, que lejos de mejorar la calidad de la democracia consuman un "golpe de Estado silencioso", de acuerdo a lo denunciado por analistas y expertos.

Las fuerzas que controlan el Congreso dejaron en estos días todo listo para, entre otras cosas, regresar a la bicameralidad, permitir la reelección inmediata de legisladores, descartar la obligatoriedad de las elecciones primarias y hacer difícil la inscripción de nuevos partidos, en medio de la insatisfacción de analistas y de otros actores políticos.

“El golpe de Estado silencioso se ha consumado. El país está en manos del cónclave parlamentario más repulsivo de los últimos tiempos”, tituló este viernes el semanario Hildebrandt en sus Trece, para el que la presidenta Dina Boluarte “acepta sin chistar su condición de holograma”.

“Hay una combinación de intereses: por un lado, concentrar en las cúpulas partidarias la mayoría de las decisiones, y, por otro, tirarse abajo todo lo que hizo la reforma”, comentó el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales Fernando Tuesta, uno de los arquitectos de los cambios que ahora se desmantelan.


Primarias obligatorias

Las primarias obligatorias con que se buscaba mejorar la democracia interna en los partidos están a punto de perder su esencia, ya que la Comisión de Constitución, en una decisión de la que se descuenta que será ratificada por el pleno, aprobó el martes convertirlas en opcionales.

Para expertos, esas primarias servirían para depurar la nómina de aspirantes a la presidencia: “Si tenemos a 20 o 25 candidatos, esa no es una elección, es una tómbola”, comentó el director en el Perú de la ONG IDEA Internacional, Percy Medina.

“No entiendo por qué políticos responsables no encuentran en las primarias obligatorias una oportunidad para fortalecer los partidos, tener elecciones más predecibles, concentrar candidaturas”, agregó Medina. “Los congresistas peruanos aplauden las primarias en la Argentina, pero no las quieren en el Perú”, remarcó Tuesta.

La proliferación de candidatos en 2021, por ejemplo, hizo que pasaran a segunda vuelta dos con relativa baja votación en la primera: el izquierdista Pedro Castillo -a la postre presidente- y la derechista Keiko Fujimori, que, sumados, apenas pasaban de 30%.

Los congresistas, además, volvieron a incluir la obligatoriedad de presentar firmas de adherentes -esta vez 500.000-, para inscribir a nuevos partidos, lo que para expertos es una forma evidente de dificultar que haya más competencia.

En la reforma planteada por Tuesta y su equipo, algunos de cuyos puntos cobraron vigencia en los últimos años, se quitó el requisito de las firmas, tras comprobarse que había creado un mercado corrupto de rúbricas. En cambio, se dispuso que los grupos que aspiren a ser partidos documenten una estructura con comités y afiliados en la mayor parte del país.

Todo parecía claro en ese sentido hasta que el martes la presidenta de la Comisión de Constitución, la fujimorista Martha Moyano, planteó sin previo aviso el regreso a las rúbricas de adherentes, lo que fue de inmediato aprobado.

“Los adherentes no tienen vínculo con el partido, a diferencia de los afilados. Incorporar un requisito de más de medio millón de firmas es una barrera muy desproporcionada”, comentó en el diario La República el experto en elecciones, José Naupari.

El asunto no queda ahí, ya que también está en carpeta el fin de los movimientos regionales para elecciones de gobernadores de departamentos y alcaldes de provincias y distritos. La disputa por esos cargos se limitaría a los partidos nacionales, que suelen quedar desplazados en esos comicios.

Los movimientos, de diversos espacios ideológicos, anunciaron para la próxima semana una marcha de protesta en Lima, a lo que sumarán una acción de amparo contra ese punto de lo que medios de prensa ya bautizaron como “la contrarreforma de Moyano”.

“No es que lo quieran hacer para fortalecer los partidos. Lo que pretenden los partidos es eliminar la competencia (porque) ya no tienen transcendencia”, afirmó Elías Rodríguez, líder de Más Trabajo, grupo de centroderecha del departamento de La Libertad.

Todas las iniciativas en el Congreso se suman al rechazo que una semana antes generó el primer paso dado para retomar la bicameralidad -con 60 senadores y 130 diputados- y la reelección inmediata de legisladores. Esos cambios, según se descuenta, tomarán forma definitiva en la primera mitad de 2024 para aplicarse desde 2026.

Aunque analistas independientes coinciden en que la bicameralidad y la reelección de congresistas no son malas, las objeciones pasan por el manejo del actual Congreso, que con 7% de aprobación popular y 90% de rechazo en los sondeos está supuestamente deslegitimado.

“Lo que tenemos en el Congreso debe ser lo más pobre de nuestra sociedad en cuanto a compromisos democráticos y es el resultado de cómo ha ido decidiendo una pequeña élite de dueños de partidos”, señaló el experto en temas electorales, Jorge Jáuregui.

En la mayoría de los cambios planteados hubo un claro liderazgo del partido fujimorista Fuerza Popular (FP), que tiene la mayor bancada, y concretamente de Moyano, una de las parlamentarias situadas más a la derecha ideológicamente.

Las iniciativas han sido respaldas por casi todas las demás bancadas, incluida -salvo por la bicameralidad- la del partido marxista leninista Perú Libre y las de disidentes de esa fuerza que ahora forman nuevas agrupaciones de izquierda.

El Congreso unicameral de 130 miembros y las fuerzas que lo controlan, con FP a la cabeza, han sido acusados además de estar inmersos en un plan para controlar todas las instituciones del Estado, incluidas la Justicia y los entes electorales.

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