Política

01-07-2023 16:24 - Negacionismo

¿Alcanza una ley que penalice los discursos que relativizan crímenes de lesa humanidad?

Son tres los proyectos que esperan ser tratados en Diputados para abordar el debate sobre la necesidad de elaborar una normativa que penalice las expresiones que ponen en duda, o niegan amparadas en discursos de odio, el terrorismo de Estado en Argentina. En diálogo con Télam, Félix Crous, Guillermo Torremare y Alejandro Kaufman exponen sus argumentos a favor de avanzar en ese sentido.

Por Mara Aguirre
Por María Aguirre
01-07-2023 | 16:24
Foto Archivo
Foto: Archivo.

Poner en duda, banalizar o negar los crímenes de lesa humanidad y el sufrimiento de las víctimas de la última dictadura militar con expresiones emparentadas a los discursos de odio, en pos de instaurar una narrativa "fraudulenta" y otro "orden" social, motorizó en los últimos años un debate en torno a la necesidad de una ley que penalice el negacionismo del terrorismo de Estado en Argentina.

La idea -contenida en algunos proyectos parlamentarios- apuntaría a replicar normativas ya vigentes en otros países que condenan a quienes niegan los crímenes cometidos durante el régimen nazi y la Segunda Guerra Mundial bajo el mando de Adolf Hitler.

Alemania, Francia, Suiza, Austria, Bélgica, España, República Checa, Israel, Letonia y Liechtenstein tienen legislación que penaliza, con matices, a quienes justifiquen o nieguen el holocausto.

En Chile y Uruguay, como en Argentina, donde la mirada está puesta en el terrorismo de Estado desplegado por las dictaduras militares durante la década del 70, las iniciativas legislativas no llegaron por el momento a tener chance de ser votadas en los recintos parlamentarios.

¿Alcanza una ley penal para frenar la proliferación de discursos negacionistas? ¿Se afectaría el derecho a la libertad de expresión? ¿Sobre quiénes debería caer una sanción por incumplir con esa norma? Esos interrogantes se plantean los especialistas y referentes de organismos defensores de derechos humanos consultados por Télam, aunque coinciden en la necesidad de "limitar" estos mensajes emparentados con los llamados "discursos de odio".

Las expresiones negacionistas "son una historia fraudulenta destinada a crear las condiciones para repetir las prácticas negadas, desacreditar a las víctimas y reponer o consolidar la realidad que combatieron los represaliados; todo negacionismo es parte de un discurso del orden y se emparenta con los demás discursos de historia fraudulenta porque comparten la ruptura de la sujeción ética con la verdad".

Así lo explicó en diálogo con Télam Félix Crous, fiscal con una amplia trayectoria en causas por delitos de lesa humanidad, violencia institucional y extitular de la Oficina Anticorrupción (OA), donde se desempeñó hasta diciembre del año pasado.

Felix Crous
Felix Crous.

En los últimos años el repudio al terrorismo de Estado es cada vez más cuestionado por sectores conservadores y espacios políticos de derecha.

Los ejemplos abundan entre dirigentes de Juntos por el Cambio: el expresidente Mauricio Macri se refirió al "curro de los derechos humanos"; la exgobernadora María Eugenia Vidal dijo que la cantidad de desaparecidos durante la dictadura "es un número difícil de saber con exactitud", al igual que la ahora precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich.

"Necesitamos una ley contra el negacionismo. La Argentina la necesita, no la necesitó hasta el 2015 porque no había nadie que negara" los delitos de lesa humanidad, expresó esta semana la vicepresidenta Cristina Kirchner en una clara alusión al Gobierno de Macri, durante un acto en el que fue repatriado uno de los aviones utilizados en los llamados "vuelos de la muerte", acompañada por las hijas de algunas de las víctimas de la dictadura.

Guillermo Torremare
Guillermo Torremare.

En el tiempo que gobernó Cambiemos hubo muchas otras voces en ese sentido, como la del exministro aliancista Ricardo López Murphy, quien habló de una "guerra" y no una dictadura lo que vivió el país en los `70 y también sembró dudas sobre la cantidad de víctimas del Estado represivo; la del exministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires Darío Lopérfido, que aseguró que "no hubo 30 mil desaparecidos" y la del exjefe de la Aduana Juan José Gómez Centurión, quien negó la existencia de un plan sistemático para perseguir y aniquilar a dirigentes políticos, sociales y sindicales.

Para el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Guillermo Torremare, "los negacionistas se presentan como racionales y usan la relativización y la trivialización o banalización de los hechos para ser más persuasivos y aceptables" porque "la negación burda no convence a nadie".

"Estaría bien tipificar el negacionismo como delito porque ello demostraría, traduciría, el consenso social existente en torno a que una conducta negacionista es una conducta no querida. Si sanciono el robo, el homicidio o la estafa es porque la sociedad en su conjunto acuerda que el robo, el homicidio o la estaba son conductas no queridas, reprochables. Lo mismo quedaría en claro si se tipificara como delito al negacionismo", argumentó Torremare.

Con todo, advirtió que una legislación "exige que sea clarísimo en determinar qué conducta puede calificarse como negacionista, qué entra en el término negacionismo y qué no entra" porque esa definición "no puede ser ambigua".

Captura de TV
Captura de TV.

Negacionismo es el término utilizado por naciones que sufrieron opresión y exterminio de sus ciudadanos por razones políticas para la negación o minimización de esos eventos traumáticos, como el Holocausto, genocidios, crímenes de guerra u otras atrocidades.

La pregunta sobre si penalizar el negacionismo afecta el derecho a la libertad de expresión divide aguas en organismos nacionales e internacionales. Incluso, el Comité de Derechos Humanos de la ONU se expresó con posiciones contrapuestas en el transcurso de pocos años: en su Observación General 10 afirmó que criminalizar el negacionismo no vulneraba derechos humanos y, en cambio, en su Observación General 34 evaluó que debía protegerse el derecho de toda persona a manifestar su opinión sin interferencia, ni restricción de ninguna índole.

"Esta tensión se repite en el sistema regional de protección de derechos humanos y también hacia el interior de los países", apuntó Torremare, pero analizó que, por lo menos, el negacionismo podría ser incluido "entre los discursos que incitan al odio y a la violencia que hoy están penalizados" en el país.

También para Crous el negacionismo está inscripto en el "avance" a nivel global de los discursos de odio e impacta en la construcción colectiva de memoria, verdad y justicia porque interfiere en un "proceso de legado".

"Ese legado es portado por el relato. Los medios difusores del discurso negacionista, como portadores intermediarios del relato, con su enorme poder de pregnancia social, afectan severamente la construcción de sentido en aquellos que no tienen un conocimiento consolidado o posiciones sólidas al respecto", reflexionó.

Pareciera necesario entonces, más allá de la existencia de una norma, avanzar en una batalla cultural hacia el interior de la sociedad. "Educación, normas administrativas y, por último, leyes penales", sintetizó Crous

"Necesitamos que sea la sociedad en su conjunto la que repudie el negacionismo. Una sociedad no puede tener como referente a alguien que niega el dolor y el sufrimiento que han experimentado millares de personas. La educación es la madre de todas las batallas y, por eso, hay que trabajar en educación en derechos humanos y en memoria, la clave está ahí", opinó Torremare.

El presidente de la APDH insistió con que una eventual penalización debe ser "clara y precisa" y estar dirigida "sólo" a los funcionarios públicos, dado que "nadie que tenga una postura negacionista puede ocupar un rol en el Estado".

"Quien no puede incurrir en negacionismo es el Estado porque tiene la obligación de investigar y sancionar crímenes de lesa humanidad, asumida en tratados internacionales. Por eso, cuando un funcionario incurre en una actitud negacionista compromete la responsabilidad del Estado", concluyó.

Kaufman: "Es la quintaesencia de la violencia simbólica"

El negacionismo "es la quintaesencia de la violencia simbólica" y, disfrazado de opinión, busca "abrir una brecha" en el rechazo social a los delitos de lesa humanidad y en la deslegitimación de los represores, opinó el profesor universitario, investigador, ensayista y crítico cultural Alejandro Kaufman, para quien resulta necesario limitar este tipo de mensajes.

En una entrevista con Télam, el académico advirtió que hay mayor riesgo de una proliferación de discursos negacionistas cuando emergen grupos en la sociedad con "deseos de muerte y destrucción".

"`Que explote todo` escuchamos decir. Eso es terreno fértil para el negacionismo y otras formas de violencia y odio", afirmó Kaufman, quien analizó cómo operan en Argentina esos discursos dirigidos a banalizar, relativizar o poner en duda el terrorismo de Estado aplicado por la última dictadura cívico militar en las décadas del `70-`80.


- ¿Es necesario poner límite a los discursos negacionistas en Argentina? ¿Por qué?
- Los genocidios no concluyen sino que se interrumpen mientras sus propósitos persistan. De ahí que se hayan acuñado nociones como las de imprescriptibilidad, lo imperdonable, nunca más, la idea de que aquello "no debería haber sucedido" (Hannah Arendt). Persisten propósitos, evocaciones y voluntades que deben ser contenidos y delimitados para prevenir repeticiones, nunca idénticas, sino como nuevas versiones o recreaciones. Los discursos negacionistas no son opiniones sino modos de retornar el horror en contextos supuestamente inmunes a la recurrencia del genocidio. Sin embargo, insisten.


- ¿De qué manera deberían aplicarse esos límites?
- Se han desarrollado múltiples recursos memoriales, pedagógicos, institucionales, todos ellos en constante acecho por parte de quienes perseveran en el funesto proyecto de exterminar. No es ajena a ello, por ejemplo, la continua insistencia por clausurar instituciones estatales afines a defender la convivencia democrática igualitaria, como el Ministerio de la Mujer o el INADI.


- ¿El negacionismo es parte del andamiaje de los crímenes masivos?
- Los exterminios y genocidios consisten en su mayoría -es el caso del nuestro- en negarle el derecho a la existencia a sus víctimas, en negar que tal cosa haya acontecido y en negar la negación en forma continua. El negacionismo es inherente al exterminio. No es una representación posterior, ni un debate histórico, ni una opinión de ninguna índole. Es la quintaesencia de la violencia simbólica, los crímenes de odio y las discriminaciones en cuanto a su formulación discursiva, aunque no necesariamente en cuanto a sus consecuencias. El negacionismo se hace pasar por una opinión para abrir una brecha en el rechazo masivo que ocasiona el conocimiento público de los crímenes y la consecutiva deslegitimación de los perpetradores. Vienen por otro lado, insospechado y en apariencia desvinculado de los actos horrendos, de modo de instalar la legitimación que relativice, olvide y tergiverse las memorias y la historia de lo acontecido. Disfrazan su inconfesable premisa como debate de opiniones o revisionismo histórico. Sin embargo, despuntan en estos días algunos sinceramientos, lo cual agrava la escena.


- ¿Cuál cree que es el objetivo de quienes difunden discursos negacionistas?
- El objetivo es el mismo que el de los exterminios, negar la existencia empírica de las víctimas. Si no se puede hacer (eliminarlas), se lo puede decir, si no se lo puede decir abiertamente se procuran otras formas de expresión indirectas. La premisa siempre es el exterminio, ya sea físico, o simbólico, ya sea en el presente, en el futuro o en el pasado. El objetivo de máxima lo comprende todo. Avanzan hasta donde se les consienta.


- En caso de sancionarse una ley antinegacionista ¿Qué requisitos deberían cumplirse para que sea eficaz?
- Tiene que orientarse a objetivos muy específicos y delimitados, recurrir a otras experiencias internacionales sin copiarlas, sino adecuándolas a nuestra historia reciente, y no debe lesionar la libertad de expresión. En cuanto a este último punto hay muchos discursos delimitados, regulados o directamente interdictos, acerca de muy diversos asuntos en sociedades democráticas. No es cierto que sancionar el negacionismo versus la libertad de expresión sean dos polos binarios y excluyentes, como no lo consideramos así con tantos otros discursos que no son permitidos en la esfera pública. No obstante, la prioridad no es la sanción penal, sino la instauración de prácticas pedagógicas o memoriales que restituyan las condiciones de la legitimidad que requiere una convivencia democrática. Se suelen criticar las regulaciones respectivas por su supuesta ineficacia pero esto es cierto también en otros temas, y tampoco son perfectamente eficaces las prácticas pedagógicas o memoriales. El objetivo es aportar a que no se repita el horror. No hay un solo método. Todos son necesarios y todos pueden ser insuficientes o ineficaces si emergen mayorías en la sociedad que desenvuelvan una afección fanática, un deseo de muerte y destrucción. Como ahora está sucediendo en la Argentina: “que explote todo” escuchamos decir. Es terreno fértil para el negacionismo y otras formas de violencia y odio.


- ¿La negación de la violencia represiva de la dictadura es en sí mismo un acto violento? ¿Contra quién?
- Es un acto violento de modo inequívoco porque implica una amenaza que muchas veces se profiere abiertamente y que vemos pronunciarse en forma creciente. Va dirigida contra quienes habiendo sido como colectivo condenados al exterminio por los perpetradores, sobrevivieron no obstante. Y comprende también afinidades y continuidades transgeneracionales, organismos de derechos humanos, movimientos sociales y políticos, opiniones ideológicas, pueblos originarios, mujeres. Se repite el plan de exterminio de la dictadura en la medida de lo que se permita y confunda.

Tres proyectos con tratamiento pendiente

La Cámara de Diputados tiene pendiente de tratamiento tres proyectos de ley para sancionar el negacionismo y la apología de genocidios y crímenes de lesa humanidad, ante el resurgimiento de opiniones y discursos que niegan los crímenes de la última dictadura cívico militar, como los que hacen dirigentes de la Libertad Avanza.

Los proyectos que tienen estado parlamentario fueron presentados por los diputados del Frente de Todos Eduardo Fernández, Estela Fernández y Carolina Moisés, donde se proponen diferentes régimen sancionatorios a los que propagan discursos negacionistas en los diferentes medios de comunicación, y evitar declaraciones públicas como las de la precandidata a vicepresidenta Victoria Villarroel, compañera de fórmula de Javier Milei.

Si bien hay iniciativas presentadas desde marzo del 2022, ninguna logró avanzar, ante el escenario de extrema paridad que enfrenta el oficialismo en la cámara baja: el Frente de Todos cuenta con 118 legisladores y Juntos por el Cambio con 116, mientras que la comisión de Legislación Penal donde deben debatirse estas iniciativas está en manos de la oposición.

El proyecto de la diputada nacional y precandidata a senadora Carolina Moisés (Unión por la Patria-Jujuy), presentado esta semana, busca sancionar penalmente el negacionismo y la apología respecto a genocidios y crímenes de lesa humanidad.

"La iniciativa incluye además de la represión por el Código Penal, una capacitación para funcionarios y para los que hubieran sido condenados por infringir la normativa", explicó Moisés, quien agregó que lo que se busca es "dejar una contribución en estos 40 años de democracia que estamos cumpliendo, reivindicando el rol del Estado que debe velar ayer, hoy y siempre por la verdad histórica".

La propuesta de Moisés innova al sumar contenido al capítulo "Atentados al orden constitucional y a la vida democrática" en el Libro X del Código Penal, que dispone sumar un tipo penal agravado dirigido contra los funcionarios públicos, agentes de las fuerzas de seguridad, o integrantes de las FF.AA que nieguen o reivindiquen crímenes de lesa humanidad cometidos específicamente por el terrorismo de Estado en Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y hasta el 10 de diciembre de 1983.

En septiembre del 2022 el diputado cordobés del FDT Eduardo Fernández presentó un proyecto, que también está firmado por sus pares de bloque Carlos Heller, Rosa Bertone, Pablo Carro, Sergio Casas, Ricardo Herrera, Carlos Ponce, y Susana Landriscini.

El texto tiene como objeto sancionar toda conducta pública de negación, apología y/o reivindicación respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad, previstos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y tratados internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional a los que nuestro país adhiere.

De acuerdo a la iniciativa se incorpora al Código Penal los delitos de negacionismo y/o apología de apología de genocidio y crímenes de lesa humanidad, donde se fija que será reprimido de tres meses a dos años a quien públicamente niegue, apologice o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad.

A lo largo del proyecto se establece un agravante del delito de negacionismo y/o apología respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad, si las declaraciones fueran realizadas por un funcionario o funcionario pública de cualquier poder del Estado, jerarquía y jurisdicción.

En ese sentido, establece que será sancionado con la "destitución definitiva de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de diez años, el funcionario o funcionaria pública de cualquier Poder del Estado, jerarquía y jurisdicción, que durante el ejercicio de su función hubiere realizado manifestaciones públicas por las que niegue, apologice y/o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad".

Por otra parte, en marzo del 2022 la diputada del FDT Estela Hernández presentó otro proyecto para sancionar e incorporar en el Capítulo VI del Código Penal el delito de negacionismo de los delitos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad.

El proyecto redactado por Hernández también fue firmado por sus pares de bloque Hilda Aguirrre, Mabel Caparros, y Gabriela Pedrani.

La iniciativa de la legisladora chubutense propone reprimir este delito con prisión de dos meses a dos años, y en el caso de los funcionarios públicos que hubieren incurrido en el delito previsto en el primer párrafo, sufrirán además inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

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