Agustín Ramírez, el militante social que luchaba por el acceso a la tierra y fue asesinado en 1988

Una investigación periodística que recopila relatos de familiares y amigos intenta preservar del olvido la historia de lucha y compromiso con los humildes del militante social cristiano Agustín Ramírez, asesinado hace 35 años (el 5 de junio) en un crimen presuntamente ejecutado por efectivos policiales en connivencia con empresarios inmobiliarios que estaban interesados en detener las tomas de tierras que se realizaban por entonces en la zona sur del conurbano bonaerense.

El periodista Federico Paterno, quien en el mes de abril de este año publicó el libro "Agustín Ramírez: Un militante que desafió al poder" (Nuestra América), aborda la historia de este joven que pagó con su vida su compromiso con quienes buscaban un terreno en el cual construir una vivienda digna.



"Ayudar al prójimo era para Agustín una necesidad. Viene por su militancia en las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs), donde su formador político religioso fue el cura Raúl Berardo", destacó Paterno, en diálogo con Télam, sobre el origen militante, que se remonta a sus 13 años.

En la publicación, el periodista detalla que en 1981, cuando tenía 16 años, y en plena dictadura militar, Ramírez participó de una "primera gran toma de tierras" (unas 211 hectáreas) que se llevó a cabo en la localidad de San Francisco Solano, ubicada en el partido bonaerense de Quilmes.

 

Por su parte, Javier Ramírez -hermano de la víctima e integrante de la Comisión de Familiares y Amigos de Agustín Ramírez- destacó el "compromiso con lo social y con la comunidad" que poseía el joven, y confió a Télam que muchas veces llevaba a chicos a "tomar algo o a comer algo" a la casa que compartía con su familia.

Luego de su participación en las CEBs, Agustín conformó junto con otros compañeros el Equipo Social Latinoamérica Gaucha (ESLAGA) para continuar con el reclamo por la tierra durante los años '80.

En ese contexto se convirtió en el director de "Latinoamérica Gaucha", una publicación en la cual se denunciaron las detenciones, secuestros y desapariciones cometidos por el terrorismo de Estado en Quilmes, durante el periodo más duro de la represión ilegal.

"Agustín era un pibe con mucha intensidad de formarse políticamente. Además, buscaba estar informado como parte de su oficio de periodista y por el trabajo que hacía con Latinoamérica Gaucha", contó Paterno.

En sintonía, uno de los integrantes de las CEBs que militó junto a Ramírez en su juventud, Jorge Chambi, afirmó en diálogo con esta agencia que el joven "se convirtió en una especie de líder, con muchas ideas e inquietudes".

Jorge remarcó que su amigo "tenía más en claro que el resto de los compañeros que la situación de la población era grave", y explicó que Ramírez decidió lanzar el periódico para "publicar las cosas que se estaban haciendo en el barrio, pero en el sentido positivo".

 

"Estaba un paso más adelante porque tenía otra proyección política", agregó Paterno y consideró que eso lo llevó a "disputarle la tierra al negocio inmobiliario" y a ser "marcado" por la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (Dippba).

Es que Agustín Ramírez se encargó de verificar en la Sección de Catastro, en La Plata, la titularidad de tierras que eran vendidas a varios dueños a la vez por la inmobiliaria Martino, y usó esa información para saber qué terrenos eran fiscales para organizar las tomas.

"En Agustín muchos veían la posibilidad de una proyección política. Un potencial dirigente que podía tener mucha capacidad de movilización, con todo lo que eso significaba en esa época. El aparato represivo del terrorismo de Estado estaba muy vigente en esos tiempos de posdictadura", evaluó Paterno sobre el asesinato de Ramírez, un hecho al que le atribuyó a la inmobiliaria Martino un rol "secundario, pero partícipe al fin".

El hermano de Ramírez, a su vez, expresó: "Agustín les arruinó el negocio, y el poder económico contó con la complicidad de la pata judicial, política y de la seguridad".

Javier Ramírez recordó que la noche del 5 de junio de 1988 hubo "todo un operativo" en su barrio y que fue "en la esquina" de su casa que un grupo de tareas de la Policía Bonaerense "agarró" al militante.

"Tenía signos de haber sido torturado: había sido quemado con cigarrillo, le sacaron las uñas, lo golpearon. Accionar característico de los militares de la dictadura", remarcó Javier sobre el crimen de su hermano, que en ese momento tenía 23 años.

Esa misma noche Javier Soteldo, un vecino de la zona que había militado junto a Agustín en los CEBs fue testigo del hecho, y por eso mismo resultó asesinado.

La investigación

En su obra, Paterno recupera la investigación que se llevó adelante por el asesinato y en la cual resultó imputado el expolicía Oscar Franciforte, que "nunca sufrió condena" y fue "asilado en el hospital psiquiátrico Melchor Romero".

"La Policía y todo el aparato judicial armaron un chivo expiatorio y le echaron la culpa a un chanchero", mencionó el hermano de Agustín sobre Franciforte, que tenía una chanchería en el asentamiento Nueva Jerusalén de San Francisco Solano.

 

En el libro también se recupera el secuestro y golpiza que sufrió el enfermero Florencio Reyes, que trabajaba en el Hospital San Francisco Solano y testimonió que la noche del asesinato estuvo en la ambulancia cuando la Policía pidió un móvil para revisar el cuerpo sin vida de Agustín.

"Lo amenazaban constantemente, la presión era muy fuerte por parte de la Policía y se fue a vivir a Paraguay", indicó Javier Ramírez que, dijo, a partir de allí "cerraron" la causa al no haber "otros culpables".

El caso llega a la CIDH

El 5 de junio de 2014, en un Juicio Ético que tuvo lugar en la Universidad de Quilmes, la familia de Ramírez pudo comprobar a partir de un informe que presentó la directora de la Comisión Provincial por la Memoria, Sandra Raggio, que la Dippba perseguía a Agustín y tenía registros de sus movimientos.

A partir de esa documentación, el abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Roberto Alejandro Bois, que representa a la familia Ramírez, presentó en 2017 el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando al Estado argentino y pidiendo que el asesinato sea considerado como un delito de lesa humanidad.

La CIDH contestó en junio de 2022 con la aceptación formal del estudio de la causa y la familia aguarda el avance del caso en esa instancia internacional.