La "muerte cruzada", el mecanismo usado por Lasso para disolver el Parlamento de Ecuador

Horas después de concluir la primera sesión de un juicio político en su contra, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, echó mano a un recurso constitucional llamado "muerte cruzada" para evitar ser destituido por el Parlamento por corrupción.

Se trata de una figura legal, amparada por el artículo 148 de la Constitución, de 2008, que le permite al Ejecutivo disolver la Asamblea Nacional, el Parlamento unicameral del país, al tiempo que otorga un plazo máximo de siete días al Consejo Nacional Electoral para convocar a nuevas elecciones presidenciales y legislativas.

El plazo ordinario para que se realice un proceso electoral luego de su convocatoria es de 120 días (cuatro meses).

Sin embargo, en el caso extraordinario de la disolución de la Asamblea Nacional, le da la potestad al Consejo Nacional Electoral a que puede disponer la realización de las elecciones en "un plazo menor a 90 días, contados a partir de la convocatoria".

Es decir que el proceso electoral no debe realizarse más allá del mes de septiembre. Las nuevas autoridades electas estarán en funciones hasta el término del periodo vigente

Hasta el desarrollo del proceso electoral y la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá expedir decretos-leyes de necesidad y urgencia económica, que deberán tener el dictamen favorable de la Corte Constitucional y podrán ser aprobados o derogados por la nueva legislatura que se posesione hasta el término del periodo.

Lasso y los diputados asumieron en mayo de 2021, y su mandato termina en 2025.

La Constitución fija tres causales para que el Ejecutivo declare la "muerte cruzada", incluidas grave crisis política y conmoción interna, el motivo invocado por Lasso, que atribuyó este estado a la crisis política generada por el juicio político en su contra.

Las otras causales son que el Parlamento se arrogue funciones que no le competan constitucionalmente, o si, de forma reiterada e injustificada, el Legislativo obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.

Se trata de la primera vez que un mandatario aplica la denominada "muerte cruzada", que puede ser ejercida una sola vez durante los tres primeros años del mandato

A su vez, la Asamblea Nacional, con otras causales, también puede invocar el mecanismo para destituir al Presidente de la República sin un juicio político previo, de allí que se denomine "muerte cruzada".

La decisión de Lasso se produce un día después de que se presentara en la Asamblea Nacional y rechazara acusaciones de la oposición legislativa, en el inicio de un juicio político en su contra por presunta corrupción en contratos de transporte de petróleo.

Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá gobernar expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, pero previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.

Se trata de la primera vez que un mandatario aplica la denominada "muerte cruzada", que puede ser ejercida una sola vez durante los tres primeros años del mandato.

Incorporada en el texto de la Constitución en un proceso iniciado por el expresidente y líder opositor Rafael Correa, la "muerte cruzada" fue incluida teniendo en cuenta la historia turbulenta del Ecuador que acabó con tres mandatos presidenciales en nueve años: los de Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.

El bloque opositor le había advertido a Lasso que, de recurrir a esta vía, aumentaría aún más la tensión política y social.

La ciudadanía, entretanto, observa dividida todo este terremoto político, con un Lasso desciende en su popularidad según los últimos sondeos

Sin embargo, el mandatario no sólo coqueteaba con ella sino que sugirió que podría ser de nuevo candidato a presidente en los comicios que, merced a esta situación, serán adelantados.

La ciudadanía, entretanto, observa dividida todo este terremoto político, con un Lasso desciende en su popularidad según los últimos sondeos.

Aun así, cerca de un 39% de los ecuatorianos se muestran a favor de que complete el mandato, frente al 18,5% que reclama su cese a manos de la Asamblea Nacional y un 14,5% que le piden directamente que dimita, según una encuesta publicada en marzo por la firma Click Report.

En junio pasado, el Parlamento había intentado destituir a Lasso en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida, pero faltaron 12 votos para sacarlo del poder.