Los derechos humanos como sujeto político

No se me ocurre otro modo de comenzar a escribir sobre lo que significan cuarenta años de democracia en este país, que ha transitado la experiencia más traumática y devastadora del terrorismo de Estado, con todos los costos que eso trajo aparejado a nivel social, que empezar al revés y tratar de entender qué estatuto sintomático debemos darle al reciente episodio fallido del femimagnicidio contra la vicepresidenta de la Nación. ¿Cómo es posible que nuestro país haya llegado hasta allí?

La dictadura argentina no solo se caracterizó por la inmensa criminalidad de cada acto estatal –al punto de que los represores uruguayos decían que los genocidas argentinos estaban locos porque parecía tratarse de un festín de perversión, de sadismo al infinito–, sino que la respuesta social a esos crímenes fueron y son hasta el día de hoy un ejemplo mundial, un sitio donde mirar con detenimiento qué puede hacer un pueblo para enfrentar las marcas atroces de un crimen que no cesa por su condición de imprescriptible, que no tiene medida por su carácter de masivo y que se ha enfrentado con una sociedad que custodió cada día la memoria de lo construido.

A diferencia de la mayoría de los países del mundo, en la Argentina los derechos humanos se constituyeron en un nuevo sujeto político y no solo en una respuesta burocratizada con resoluciones, decretos y programas oficiales. Aquí se han transformado en un verdadero legado histórico.

Somos el país que marchó masivamente contra el 2x1 cuando el macrismo quiso hacer valer –de un modo inadvertido– su negacionismo. Somos el país de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, esas mujeres que se pusieron en la cabeza los pañales de sus hijas e hijos y salieron a dar vueltas por la pirámide de la Plaza de Mayo y así hicieron girar al mundo alrededor de ellas, alrededor de su valentía. Somos el país donde las y los sobrevivientes no dejaron de prestar declaración nunca, a pesar de la desaparición de Jorge Julio López al inicio de los juicios contra los responsables de los delitos de lesa humanidad.

El límite que tocó el acto criminal del atentado magnicida contra la vicepresidenta de la Nación, jaqueando todo lo que construimos como sociedad, no puede pasar de largo mientras celebramos cuatro décadas de democracia ininterrumpida

Somos el país donde un día las hijas e hijos de genocidas irrumpieron en la escena social, introduciendo distintos actos impensados para todo el campo de los derechos humanos, como quitarse el apellido de sus padres por obligarlos a cargar con una herencia mortífera, como decidir apoyar causas por delitos de lesa humanidad ofreciendo los datos con que contaban, como contactar a las víctimas de sus padres para devolverles los objetos que encontraron en sus casas, ocultos por décadas, como pedirle al Poder Judicial que bajo la nueva Ley de Víctimas sean escuchados en su apoyo a las mismas para impedir que sus progenitores –los genocidas– salgan en libertad condicional o se beneficien con salidas transitorias o prisiones domiciliarias. Y todo esto sucedió por primera vez en la historia mundial: jamás antes los hijos/as y nietos/as de genocidas se habían organizado para salir a la escena social y marchar junto a las víctimas.

Somos el país de les nietes, esa tercera generación de los desaparecidos y desaparecidas que articuló la causa de sus abuelas y abuelos con el feminismo actual y que también marchó de la mano de las Madres y las Abuelas, anudando el pañuelo blanco con el pañuelo verde y sumiendo la continuidad de la lucha que ellas habían empezado, no sin actualizar esos procesos, es decir, yendo más allá de la pura repetición para dar una nueva vuelta de tuerca.

Somos el país de los “vecinos contra genocidas”: personas que, muchas veces sin antecedentes de activismo político, se organizaron para echar de sus barrios a los represores que gozaban de prisión domiciliaria, argumentando que no querían vivir al lado de responsables de crímenes de Estado.

Somos el país que enterró el cuerpo ya juzgado y condenado de Videla, nombre que representa el crimen estatal en la Argentina. Eso significa que los intentos de relativización de lo ocurrido, en una franca profanación de la memoria por parte del gobierno macrista, se topó con el impacto de la respuesta digna de una sociedad que ya enterró al genocida condenado, que ya escribió su nuevo nombre en el contexto internacional y que por eso no puede volver atrás.

Somos el país que volvió a darle un sentido a la justicia, que volvió a ponerla en el primer plano de la escena política y social para pedir justicia por el dolor infinito e imprescriptible de la desaparición forzada de personas. Desaparición de personas muertas y de personas vivas, como son las más de 300 niñas y niños apropiados que aún “nos faltan”, que aún debemos encontrar.

Aunque esa justicia haya tardado en llegar tres décadas o más, siempre se esperó que llegara. Y no fue solo una espera, tuvo el estatuto de un acto, de una lucha única, extensa, dificilísima e inédita. En todos estos años, muchísimas veces nos preguntamos cómo fue que nunca nadie salió a hacer justicia por mano propia cuando reinaba la impunidad, siendo que hemos sido víctimas de todo tipo de vejaciones, de modo sistemático y desde el propio Estado.

La justicia como soporte de la única salida posible evidencia que nosotros no podemos hacer cualquier cosa que afecte o diluya los límites. No podemos responder criminalmente en espejo. Eso es lo que verdaderamente nos diferencia, nuestra frontera, esa frontera que nos pone del lado desde el cual custodiamos el lazo social. Sabemos que sin eso se derrumba la democracia.
Las cientos de sentencias logradas hasta acá ya no podrán pasarse por encima porque los efectos simbólicos de la inscripción social de la ley sobre los cuerpos no podrán desinscribirse. Esa dimensión, que sale del cálculo del derecho penal pero impacta directamente sobre la construcción social y subjetiva del crimen masivo, reconfigura la esencia ontológica del tejido social.

Ahora bien, volviendo al planteo inicial de este artículo, ¿cómo podemos traducir entonces el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner cuando nos hemos dedicado a construir todos estos diques democráticos durante cuarenta años? Recuerdo cuando Jair Bolsonaro apoyó en Brasil el impeachment contra su presidenta, Dilma Rousseff, y dijo: “Voto por la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, el pavor de Dilma Rousseff”, en alusión a quien la había torturado en el DOI-CODI de São Paulo, uno de los mayores centros clandestinos de detención que operaron durante la dictadura y que Brilhante Ustra comandó entre 1970 y 1974. Pero Brasil no tuvo un proceso de Memoria, Verdad y Justicia, y entonces parecía posible la habilitación de esos discursos, a diferencia de la Argentina.

El límite que tocó el acto criminal del atentado magnicida contra la vicepresidenta de la Nación, jaqueando todo lo que construimos como sociedad, no puede pasar de largo mientras celebramos cuatro décadas de democracia ininterrumpida en el país. A pesar de la enorme diferencia que hay entre la inespecífica categoría de sociedad y la de pueblo, no podemos sustraernos a esta pregunta colectiva, ya que, como nos enseñaron las Madres y las Abuelas, se trata siempre de defender la democracia, porque sabemos mejor que nadie las consecuencias que se afrontan cuando se viola el Estado de derecho y se da paso a la muerte.

* Este artículo fue publicado en el número Nº 6 de la revista Impresiones, de la Editorial de la Imprenta del Congreso de la Nación (ICN). La revista puede leerse y descargarse de forma libre y gratuita en este link, al igual que el resto de las publicaciones de la Editorial de la ICN.