HRW documenta los abusos en la represión a las protestas contra el Gobierno de Boluarte

El Estado peruano dio una respuesta "desproporcionada, indiscriminada y brutal" a la movilización popular contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, según la ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW), que analizó en detalle las circunstancias en que murieron unas 60 personas.

El informe de casi 30.000 palabras, revelado el miércoles y al que tuvo acceso Télam, dice que Boluarte y su primer ministro, Alberto Otálora, no tomaron medidas para controlar la acción de las Fuerzas Armadas, especialmente violenta en departamentos de los Andes sureños.

"La evidencia muestra que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hicieron un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza contra manifestantes y transeúntes, en clara violación del derecho internacional", resalta el informe, considerado el estudio más detallado hecho hasta ahora sobre los sucesos registrados entre diciembre y marzo pasados.

"(HRW) es solo una ONG", reaccionó Boluarte, mientras que medios de comunicación progubernamentales destacaban el perfil "izquierdista" de la organización estadounidense, cuyo informe se titula "Deterioro legal" y se subtitula "Abusos por las fuerzas de seguridad y la crisis democrática en Perú".

La mandataria, abogada con origen de izquierda pero ahora aliada con las fuerzas de derecha que controlan el Congreso, ha rechazado desde el comienzo que existieran abusos y ha indicado, sin pruebas, que tras las protestas están grupos violentos que responden a terroristas y narcotraficantes.

"El cerebro de ustedes (los funcionarios de HRW) es defectuoso", respondió a su vez el parlamentario de ultraderecha Alejandro Cavero, mientras que la expresidenta del Legislativo María del Carmen Alva aseguró que la visión de la ONG no es compartida por el Gobierno estadounidense.

No obstante, tanto EEUU como la Unión Europea y diversas instituciones internacionales ya habían expresado posiciones críticas frente a la respuesta gubernamental, que ayudó a hundir a la gestión de Boluarte en el descrédito popular, según las encuestas.

Miles de personas tomaron calles e instancias rurales de Perú después de que Boluarte, que se posesionó el 7 de diciembre en reemplazo del destituido presidente Pedro Castillo, afirmara que se quedaría hasta 2026, cuando termina el período, desoyendo el clamor popular, de más de 90% según sondeos, en favor de elecciones generales anticipadas.

Aunque la mandataria se corrigió luego y anunció el deseo de adelantar los comicios -para los que el Congreso sigue sin fijar posibles fechas-, el malestar ciudadano ya estaba instalado.

"Este informe documenta estos homicidios y lesiones en un contexto de deterioro de las instituciones democráticas, corrupción, impunidad por los abusos cometidos en el pasado y persistente marginación de la población rural e indígena", indica el texto, redactado tras entrevistar presencial o virtualmente a 140 funcionarios y ciudadanos.

Asimismo, los funcionarios de HRW, liderados por el investigador senior español César Muñoz, observaron casi 300 videos y 670 fotografías y examinaron cientos de documentos, incluidas investigaciones periodísticas como las de The New York Times y el portal peruano IDL Reporteros.

"Los terroristas merecen morir así", fue la respuesta que, según testimonios recogidos por HRW, le dio un grupo de militares a la campesina Ruth Bárcena cuando fue el 15 de diciembre a un hospital del departamento de Ayacucho a preguntar por su esposo, Leonardo Hancco, de 32 años, baleado en una manifestación y quien finalmente murió.

Hancco es uno de 49 civiles que murieron directamente por la represión militar y/o policial, aunque también hubo varios muertos más por hechos colaterales.

"En al menos 39 de las 49 muertes de civiles registradas por la Defensoría del Pueblo y vinculadas con la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas, la causa de la muerte fue heridas de bala, según las autopsias, los informes de balística y los registros médicos revisados", precisa el documento.

"Es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado es responsable", agrega HRW.

Videos recogidos por espontáneos o por reporteros gráficos profesionales mostraron cómo a varias de las víctimas se les disparó cuando no representaban peligro alguno para los militares y/o policías. En la mayoría de los casos, según documenta el informe, las balas ingresaron por el tórax, la cabeza o la espalda.

HRW destaca no solo la falta de respuestas del Gobierno, sino también de organismos como la Fiscalía, al punto que meses después de las muertes no se había interrogado a los militares y/o policías sospechosos. Un grupo especializado creado por el Ministerio Público no ha dado ningún resultado, señala la organización.

La ONG también atribuye una cuota de responsabilidad del Congreso que, por ejemplo, aprobó normas de "emergencia" que facultan a militares y policías a disparar "si se ven sobrepasados", que formó un Tribunal Constitucional con magistrados cuestionados y que ha cercado a la Defensoría del Pueblo, único ente estatal cuya buena labor en el tema es reconocida por la oposición.

La situación fue especialmente tensa en los departamentos andinos sureños de Ayacucho, Puno, Cusco y Apurímac -el natal de Boluarte-, aunque también hubo muertos en Lima y en el costero y norteño La Libertad.

Una percepción extendida es que hubo un marcado componente racial y cultural en lo ocurrido.

Con el paso de los días y una ola de desastres naturales, las protestaron se disiparon, aunque las encuestas revelan que persiste un profundo malestar popular, que, según analistas, podría detonar si no se concreta el adelanto de los comicios.