Galarraga advirtió que "ya están trabajando" sobre las recomendaciones que publicó la ONU

El director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Fernando Galarraga, aseguró este martes que todas las recomendaciones que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (CDPD) realizó al Estado argentino suponen "desafíos fuertes y concretos" en los que "ya se está trabajando", pero que "aún falta" y que suponen "un insumo para seguir transformando" en materia de política pública y derechos del colectivo.

Así lo expresó tras la presentación del informe con recomendaciones que el CDPD realiza tras evaluar cómo el país implementa la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de dos informes alternativos elaborados por organizaciones de la sociedad civil, durante una conferencia realizada este martes en el Anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación.

"Muchas de las observaciones que emitió el Comité de ONU recogen los desafíos que nosotros mismos enunciamos durante durante la exposición argentina ante el CDPD en marzo en Ginebra, donde dimos cuenta de los avances concretos en materia de visibilidad del colectivo, ampliación de derechos y de transformación del Estado, pero también los desafíos que nos faltan y para los que estamos trabajando", explicó Galarraga en diálogo con Télam.

"Estamos trabajando en muchas de las cuestiones que se plantearon hoy y también estamos planteando soluciones"

En ese sentido, el director de la Andis resaltó que las observaciones señalan "desafíos fuertes y concretos", como la educación inclusiva, el acceso a la justicia y la garantía de la autonomía personal o de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, en los que la Argentina "ya se encuentra trabajando".

"Estamos trabajando en muchas de las cuestiones que se plantearon hoy y también estamos planteando soluciones. Algunas de ellas son transformaciones a mediano y largo plazo, que están en marcha, pero vinimos a escuchar y recoger todo lo que nos pueda enriquecer para la tarea que desarrollamos todos los días", dijo Galarraga.

Y continuó: "Las recomendaciones son un insumo para seguir transformando y trabajando en materia de política pública y de transversalización de la discapacidad, uno de los ejes fundamentales de nuestra gestión en estos años pero que sabemos que falta mucho todavía".

En materia de transformación legislativa, Galarraga aseguró que están "próximos a elevar al Congreso" el proyecto que prevé una nueva ley marco en discapacidad, para la que sólo restan "procesos administrativos, y luego se la presentaremos al Presidente".

"Aún así sabemos que hay otros retos también en cuanto al Código Penal, al Código Civil y las enormes barreras del Poder Judicial respecto a personas con discapacidad. Queda mucho por hacer para garantizar mayor acceso a la justicia, mayor accesibilidad a todos los procesos y que la perspectiva de la discapacidad esté presente en la administración de la justicia en Argentina", agregó en diálogo con Télam.

Durante la jornada en el Congreso se presentó, también, el Informe Alternativo presentado en la 86º Período de Sesiones del Comité de la Convención contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), y el Informe de avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 y 5 (ODS), coordinado por Faica, presentado al Comité Nacional de Políticas Sociales y en el Primer Foro Regional de Intercambio sobre los avances de la implementación de la CDPD y los ODS.

Al respecto, Galarraga celebró "el encuentro con las organizaciones de la sociedad civil que elaboraron estos informes alternativos", y destacó "el trabajo y gran esfuerzo para lograr estos informes que valoramos un montón".

"El trabajo de la sociedad civil siempre es un insumo y un aporte para el desarrollo de políticas públicas y formación social y cultural que tenemos que lograr en Argentina para que la inclusión sea real y efectiva", concluyó.

Algunas de las recomendaciones en las que la ONU hizo hincapié

-Argentina debe "armonizar su legislación y políticas públicas de discapacidad a nivel federal, provincial y local con la Convención, incluyendo la aprobación de una nueva ley alineada con el modelo de derechos humanos, así como la reforma de la normativa sobre prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral para las personas con discapacidad y el sistema de certificación de la discapacidad".

-"Toda política pública debe ser consultada con las organizaciones de personas con discapacidad".

-"Debe garantizar la participación activa y efectiva de las organizaciones de personas con discapacidad en la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de legislación y políticas públicas".

-"Tampoco existe acceso a las viviendas. En cuanto a la comunicación, si bien está contemplado por ley, no encontramos audiodescripción, son muy pocas las interpretaciones en lengua de señas, la aplicación Mi Argentina donde se hacen trámites no es apta para los lectores de pantallas que usan las personas con discapacidad visual, y esto pasa en muchas páginas".

-"Sólo 1.5 tienen el Certificado Único de Discapacidad, -que es lo que permite el acceso a tratamientos, educación, rehabilitaciones, etc Esto llevó al Comité a recomendar al Estado argentino que elimine "los obstáculos que dificultan su obtención".

-"Respecto de las políticas de género y orientadas a niñas, niños y adolescentes no hay una perspectiva de discapacidad, siendo uno de los colectivos más discriminados y con mayor índice de pobreza".

-"En el marco del Programa Salud Sexual y Procreación Responsable" se deben "incrementar los esfuerzos para que las mujeres y niñas con discapacidad en todas las provincias puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad y apropiados para la edad".

-En relación al trabajo, el Comité dijo al Estado que debe "reforzar las medidas afirmativas y los incentivos para alentar el empleo de las personas con discapacidad, en los sectores público y privado, y cumplir al menos con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad".

-Recomendaciones vinculadas a salud mental: el Comité instó al Estado a "reformar el Código Penal Argentino y los Códigos Procesales penales pertinentes (...) a fin de evitar la privación de libertad de las personas con discapacidad sobre la base de su peligrosidad, revisar los casos de las personas internadas en cárceles".

-"Avanzar en los procesos de externación de las personas institucionalizadas, cerrar los hospitales psiquiátricos e implementar redes de atención en salud mental integrada al primer nivel de atención" y "aumentar el presupuesto para salud mental conforme a la pauta del 10% del presupuesto de salud, establecida por la Ley 26.657".