Sociedad

29-12-2022 18:40 - A dos años de la sanción de la IVE

Amnistía Internacional destacó avances en Argentina con la ley de aborto

El organismo de derechos humanos resaltó al país por el reconocimiento de la autonomía reproductiva, aunque alertó sobre las barreras que persisten en la implementación de la norma en provincias como Tierra del Fuego.

Telam SE
29-12-2022 | 18:40
Foto Raul Ferrari
Foto: Raul Ferrari.

Amnistía Internacional (AI) destacó a la Argentina por el reconocimiento de la autonomía reproductiva al cumplirse dos años de la sanción de la ley de aborto, aunque alertó sobre las barreras que persisten en la implementación de la norma en provincias como Tierra del Fuego, donde la entidad realizó un estudio de campo y presentó un informe con conclusiones negativas.

“Se cumplen dos años de la icónica madrugada en que el Congreso de la Nación, gracias a la lucha de millones de mujeres y de diversos sectores sociales, aprobó la ley de aborto. En un mundo donde hay países que restringen este derecho, Argentina es un ejemplo en el reconocimiento de la autonomía reproductiva”, afirmó la organización a través de un comunicado difundido hoy.

En ese contexto, precisó que en el primer año y medio de implementación de la ley se registraron 106.764 prácticas en centros de salud públicos de todo el país.

De todas maneras, advirtió que “aún persisten barreras en el acceso a este derecho relacionadas con la falta de información y calidad de la prestación, y a situaciones de violencia y maltrato, tanto en el sector público como en el privado”.

Sobre el caso de Tierra del Fuego, la entidad observó que la objeción de conciencia de todo el servicio de tocoginecología del Hospital de la ciudad de Río Grande, los traslados a más de 200 kilómetros de allí para poder abortar, la ausencia de campañas públicas de información y la saturación del hospital de Ushuaia “son solo algunas de las trabas constantes que enfrentan las mujeres y personas con capacidad de gestar”.



En Río Grande “el único hospital público que debe garantizar la interrupción del embarazo no lo hace debido a que los 13 médicos de su servicio de tocoginecología son objetores de conciencia. Por esta razón, desde que la ley 27.610 entró en vigencia, al menos 34 personas de esa ciudad con embarazos de más de 12 semanas tuvieron que viajar más de 200 kilómetros hasta el Hospital Regional de Ushuaia para acceder a un aborto. Estos traslados aumentaron en un 50% la demanda del hospital”, aseguró AI en su comunicado.

A su vez, criticó que “no solo no hay campañas públicas de información, sino que se toleran altos grados de desinformación, como por ejemplo la difusión de cartelería sobre líneas telefónicas “para acompañar embarazos inesperados”, que es atendida por personas que buscan disuadir a las mujeres de su decisión de abortar”.

Según la entidad, ante este panorama, el Ministerio de Salud fueguino tan solo lanzó una convocatoria a profesionales no objetores de conciencia y no obtuvo resultado, y tampoco adoptó ninguna medida para mejorar en lo inmediato el circuito de información, acceso y derivaciones, ni para respaldar y fortalecer el trabajo de los equipos que actualmente garantizan la práctica, indicó la organización de derechos humanos.



Amnistía “celebró” los “avances y esfuerzos que realiza Argentina en el reconocimiento de la autonomía reproductiva de las personas”, pero avisó que “continuará monitoreando el acceso a la práctica” y que “una de las herramientas para tal fin es su formulario de denuncia para que aquellas personas que experimenten barreras puedan denunciarlas”, señaló.

“Tras la aprobación de la ley y luego de mucho manifestarnos y trabajar por la conquista del derecho a la interrupción del embarazo, ahora toca monitorear para garantizar su efectivo cumplimiento. Desde nuestra organización, durante 2022, documentamos los obstáculos que persisten en la garantía de la práctica y, sin dudas, no dejaremos de exigir al Estado que todas las mujeres puedan, por fin, ser efectivamente iguales ante la ley”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de AI.

La entidad citó, además, el caso de la “injusta criminalización” de la médica Miranda Ruiz por garantizar un aborto legal, si bien “la profesional fue finalmente sobreseída”, y los de Mendoza que fue “demandada por no brindar información” y Buenos Aires que “todavía presenta serios desafíos para el acceso a la práctica a nivel municipal”.

Por otra parte, Amnistía documentó las barreras en el acceso al aborto a través de obras sociales y empresas de medicina prepaga, y acompañó a 17 personas de distintas jurisdicciones del país que enfrentaron barreras para el acceso a un aborto.

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