Opinión

16-12-2022 13:41 - Análisis

También en España la Justicia bloquea la democracia

En una intervención inédita la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional intenta frenar una reforma de esta magistratura votada por la mayoría progresista del Congreso.

Por Eduardo J Vior
Por Eduardo J. Vior
16-12-2022 | 13:41
Sede del Tribunal Constitucional Foto Archivo
Sede del Tribunal Constitucional / Foto: Archivo.

Después del lawfare, el Imperio recurre a la paralización de las instituciones democráticas de los países bajo su dominio. Ésta es, al menos, la inferencia inevitable que cualquier observador desprevenido saca de la “curiosa” coincidencia de intervenciones de los órganos directivos de la Justicia en las decisiones de los otros dos poderes en varios países de Iberoamérica. La paralización del Estado democrático sirve a su desprestigio ante la ciudadanía y al consecuente reclamo por soluciones autoritarias. Toda estrategia belicista se lleva mal con la democracia.

España está viviendo una situación institucional inédita como consecuencia del bloqueo del Tribunal Constitucional (TC) al intento del Ejecutivo de modificar el modo de elección de los miembros de la máxima instancia judicial del país. El proyecto de ley aprobado este jueves pasado en el Congreso de los Diputados con los votos de la mayoría oficialista de socialistas y Unidas Podemos debería ser refrendado la semana que viene en el Senado. Para evitarlo, el conservador Partido Popular (PP) presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para que paralice la votación. Falto de quórum, el tribunal pospuso su decisión hasta el próximo lunes. Aunque la votación en el Congreso ya se celebró, si el TC accede a la petición del PP, sería la primera vez en la historia de la democracia española que una decisión judicial suspende un trámite parlamentario.

La mañana del jueves pasado se reunió de manera extraordinaria y urgente el pleno del Tribunal Constitucional, para analizar el recurso de amparo presentado por el PP. La mayoría de seis magistrados conservadores (sobre un total de 11), en acuerdo con el presidente del organismo, decidió admitir el recurso. Por el contrario, tras haber recibido dos escritos del Partido Socialista y Unidas Podemos y uno del partido de extrema derecha Vox, los cinco magistrados progresistas solicitaron una prórroga para analizar la cuestión. Atendiendo a que, sin la presencia de los progresistas no se alcanza el quórum de ocho requerido para que el Tribunal pueda tomar una decisión, la decisión se pospuso finalmente al lunes.

La reforma propuesta por la coalición gubernamental de Partido Socialista y Unidas Podemos impone una fecha límite, para que los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) (órgano de gobierno de los jueces) nombren a sus dos candidatos para la renovación del Tribunal Constitucional, responsabiliza penalmente a los vocales del CGPJ que incumplan esos plazos, cambia el modo de esa elección de los miembros del TC pasando de una mayoría de tres quintos a la elección de los dos candidatos más votados y, por último, elimina el requisito de que el propio Tribunal Constitucional dé el visto bueno a los candidatos elegidos para integrarlo.

Cuatro de los 12 miembros del Tribunal Constitucional tenían que haberse renovado en junio, pero aún retienen sus cargos. De ellos dos deben ser elegidos por el Ejecutivo -que desde hace semanas ya ha hecho públicos sus candidatos-, mientras que los otros dos deben ser elegidos por el CGPJ. Los vocales conservadores se han negado hasta ahora a la renovación de mandatos aduciendo, entre otras excusas, que todavía no tenían candidatos. Como los cuatro relevos tienen que ser realizados simultáneamente, la reticencia de la derecha paraliza la renovación del TC.

No casualmente el propio CGPJ se encuentra en la misma situación, con su mandato caducado desde hace ya cuatro años. En este caso el motivo es la negativa del Partido Popular en el Congreso a negociar los candidatos con el Partido Socialista, para cuya elección se requiere el apoyo de tres quintas partes del Parlamento. Para superar este bloqueo, el Partido Socialista y Unidas Podemos están tratando de reformar el sistema para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional.
Si el Constitucional da la razón al PP y admite decretar medidas cautelares, suspendería la tramitación parlamentaria de las enmiendas y el Senado no podría proceder a su votación la próxima semana.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial ha decidido  convocar para el próximo martes a la reunión para votar las propuestas de los bloques conservador y progresista. Si hay acuerdo entre ambos, entrará en vigor antes que la reforma impulsada por el gobierno. Si, por el contrario, no hay consenso y las negociaciones en el seno del CGPJ se dilatan, el nombramiento de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional se haría bajo las nuevas reglas.
Sin embargo, si un día antes, el lunes, el Tribunal Constitucional admite el recurso del PP y las medidas cautelares urgentes que solicita, paralizará la votación de la reforma en el Senado.

Si bien la Constitución española de 1978 puso serios cortapisas a la democratización del país, nunca antes las instituciones de esta débil democracia habían sido tan bloqueadas. Es que la monarquía, los militares otanistas, la oligarquía financiera y la autocracia judicial son dialoguistas sólo en épocas de “normalidad”, cuando las cajas del Estado están suficientemente llenas como para repartir algo a todos los que están dentro del juego. En épocas de crisis, como la actual, cuando las reservas se reducen, se acaba su disposición al diálogo.

Si a la crisis del capitalismo neoliberal oligárquico concentrado se agrega la opción por una estrategia internacional de guerra de amplio espectro, ininterrumpida y abarcadora, las fuerzas adictas al poder imperial pujarán por el vaciamiento de la democracia y su remplazo por regímenes autoritarios. Por eso es que la estrategia de paralización de las instituciones representativas por la Justicia autocrática es internacional, simultánea y coordinada.


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