Opinión

12-08-2022 13:39 - OPINIÓN

Una decisión contraria a la escolarización

Ante la medida del gobierno porteño de controlar la regularidad escolar de los hijos de quienes perciben la ayuda social correspondiente al programa Ciudadanía Porteña y determinar si esas familias continuarán recibiendo el beneficio, el pedagogo y Dr. en Ciencias de la Educación Guillermo Ramón Ruiz se pregunto si esta medida permitirá identificar los problemas sociales y económicos que afectan a estas familias y si no es necesario revisar el modelo académico de las escuelas que atienden a los sectores más pobres.

Por Guillermo Ramn Ruiz
Por Guillermo Ramón Ruiz
12-08-2022 | 13:39

A principios de esta semana, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció una medida por la cual los beneficiarios del programa Ciudadanía Porteña perderían esa ayuda si sus hijos e hijas -por inasistencias- no mantienen la regularidad escolar. Lo primero a decir es que el sistema educativo expulsa. Hay muchas investigaciones que han demostrado la discriminación educativa que ocurre dentro de las instituciones escolares, y que se explican por la vinculación que existe entre los problemas de retención escolar y los desiguales niveles socioeconómicos y diversidades culturales que tienen las sociedades.

Por ello, para atender el ausentismo escolar, se deben analizar sus múltiples causas: los regímenes académicos, las estrategias de enseñanza predominantes, la realidad cotidiana en la cual ciertos aprendizajes son negados a estudiantes que no pueden comprender algunos contenidos escolares porque tienen problemas familiares o socioemocionales.

En segundo lugar, cabría preguntarse: ¿es importante auditar el destino de los fondos públicos en un Estado de derecho? Pues sí; pero, en el caso escolar, ello no debería estar motivado por razones presupuestarias ni tampoco para dar señales a un sector del electorado más conservador en relación con la promoción de derechos humanos fundamentales.

Esta medida, que aplicaría a 23.686 estudiantes de familias beneficiarias del programa Ciudadanía Porteña, no se encuadra en las obligaciones estatales prestacionales que implican el respeto, cumplimiento y protección de la educación como derecho fundamental. Este conglomerado de obligaciones supone que los Estados adopten políticas de acciones positivas para garantizar el ejercicio de este derecho sobre todo por parte de los grupos más vulnerables.

De hecho, el inciso 23 del artículo 75 de la Constitución Nacional es contundente al respecto, cuando dispone que la legislación debe prever medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades, así como el pleno ejercicio de los derechos humanos, en particular respecto de los niños/as, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Consecuentemente, las jurisdicciones provinciales deben conducirse sobre la base de este piso establecido por la Constitución.

En tercer lugar, es cuestionable la medida que atañe a las condiciones de regularidad (el tope de 25 faltas por año que se fija) que daría lugar a la eliminación del beneficio de esta ayuda social. Seguramente la auditoría (que generaría un gasto oneroso, con personal asignado a esta tarea) demostraría que las razones por las que no asisten a la escuela (cuando debieran hacerlo) son las mismas por las cuales sus familias reciben esta ayuda. El relevamiento puede ser válido y hasta necesario ya que -según se informa- hay un 30% de estudiantes con más de 5 faltas por mes a sus escuelas, es decir, estudiantes que asisten 3 de los 5 días de la semana.

Sin embargo, desde un enfoque de derechos -acorde con el alto reconocimiento constitucional que tiene la educación como derecho en nuestro país-, el Gobierno porteño debería trabajar en un sentido completamente opuesto: indagar en las causas de fondo, de forma continua (con una frecuencia mensual, quincenal o incluso semanal, algo que debería ocurrir en todas las provincias), para garantizar un seguimiento pedagógico (y no coercitivo como el planteado por las autoridades de la Ciudad). Ello permitiría identificar los problemas sociales y económicos que afectan a estas familias: ¿alquilan? ¿sufrieron desahucios? ¿estos estudiantes sufren violencias en sus hogares? ¿deben trabajar? Asimismo, habría que revisar el modelo académico de las escuelas que atienden a los sectores más pobres, algo que también debería ocurrir en todas las provincias. Es más, cabría darles más educación: escuelas de jornadas extendida, con múltiples actividades que brinden apoyo para que puedan seguir los ritmos de enseñanza que sus docentes despliegan.

En suma: la auditoría en el ámbito educativo sería pertinente si es planteada en resguardo de la educación como derecho. Quizás, en lugar de declaraciones que revisten una profunda ignorancia (sobre las razones que conllevan al ausentismo), que denuncian un problema y presentan una sanción como respuesta (sin una solución), habría que auditar otros ámbitos. Por ejemplo, el Gobierno porteño tendría que analizar las razones por las cuales muchos niños habitan y transitan las estaciones y vagones de los trenes subterráneos (por su citar un ámbito porteño). Es en estos espacios públicos, donde se violan los derechos de la primera infancia y la adolescencia, que podrían centrarse las auditorías para revertir situaciones inadmisibles de desigualdad, que reflejan crudamente la injusticia social, así como la carencia de un sentido de bien público por parte de los gobernantes.


*Guillermo Ramón Ruiz, pedagogo, Dr. en Ciencias de la Educación (UBA), investigador del Conicet y autor del libro "El derecho a educación: definiciones, normativas y políticas públicas revisadas".

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