Policiales

04-04-2022 15:03 - Agencia Paco Urondo

Denuncian que la Policía de la Ciudad mata en la provincia de Buenos Aires

A través de un pedido de acceso a la información pública, la Asociación Contra la Violencia Institucional indagó en el uso del arma reglamentaria que hace la Policía de la Ciudad y los datos arrojaron que la mayoría de los casos ocurren fuera de servicio o de jurisdicción.

Telam SE
04-04-2022 | 15:03
Por Diego Moneta, para Agencia Paco Urondo
Lucas Gonzlez fue asesinado por policas de la Ciudad Foto Julian Alvarez
Lucas González fue asesinado por policías de la Ciudad. (Foto Julian Alvarez)

Tras el asesinato del joven Lucas González durante un procedimiento de la Policía de la Ciudad en el barrio de Barracas en noviembre del año pasado, el debate público estuvo centrado, al menos durante unas pocas semanas, alrededor del accionar de las fuerzas de seguridad. En ese marco, la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI), a través de un pedido de acceso a la información pública, buscó indagar sobre sus patrones de actuación y sobre la portación, tenencia y uso de armas de fuego.

Matías Busso, integrante y uno de los fundadores de la Asociación, puntualiza que “está previsto en la Ley 5.688 -Sistema Integral de Seguridad Pública- que esa información se produzca y sea pública, pero nunca fue publicada”. La organización, que patrocina y acompaña a víctimas de violencia institucional, logró acceder a los registros en los que la fuerza intervino usando el arma reglamentaria en 2019 y 2020. Los del año pasado todavía no están disponibles para ser solicitados.

Según los resultados comunicados, de un total de 236 hechos del bienio, 178 fueron en la provincia de Buenos Aires, es decir, un 75 por ciento se dio fuera de la Ciudad. Ocurrieron fuera de jurisdicción o fuera de servicio, ya sea estando de franco, en momentos de descanso o camino al trabajo. La organización entiende que se relaciona con dos factores. Primero, la condición jurídica que define como “estado policial”, un conjunto de derechos y obligaciones de la fuerza, como el deber de intervenir ante cualquier delito que se tenga conocimiento. Segundo, la posibilidad de portar el arma todo el día, sin importar horario de funciones. ACVI plantea que, combinados, la consecuencia es que, ante cualquier tipo de conflicto, “pueden utilizar el arma” y por eso la Asociación cree que “se debe limitar”.

El informe difundido señala que la portación de las fuerzas de seguridad difiere de la habilitada para el resto de la ciudadanía, ya que pueden trasladar el arma cargada, “incrementando notablemente la posibilidad de uso”. El dato de que, en esos dos años analizados, 43 particulares y seis funcionarios policiales hayan fallecido, demuestra que el accionar “resulta una práctica más lesiva” para los y las ciudadanas, apuntan. Al mismo tiempo, todos los fallecidos fueron masculinos -nueve menores-, lo que corrobora criterios de intervención basados en la estigmatización de los jóvenes de barrios populares.

Por otro lado, cabe destacar que el Gobierno de la Ciudad categoriza estos hechos como “enfrentamientos”, cuando en realidad la relación entre uniformado y particular siempre es dispar. Para Busso, en lugar de ese término, debería hablarse de “abuso o uso indiscriminado de la fuerza o, al menos, negligente de la misma'', lo que revela “falta de capacitación y ausencia de criterios de intervención basados en el principio racional”.

La Asociación también sostiene que, de los hechos en los que participó la Policía de la Ciudad en 2019, existieron 61 en los cuales no se realizó el informe pertinente, por lo que se desconoce la información, e infieren que el “número de particulares fallecidos y heridos podría ser mayor al informado”. Natalia D´Alessandro, presidenta de ACVI, expresa que “es una falencia que falten datos” y que, por consiguiente, “no se puede hacer un análisis completo de la situación”. Los datos faltantes -identificación de la víctima o resultado de la intervención- se “podrían reconstruir fácilmente si se pidieran los antecedentes de las actuaciones policiales que se labraron en ocasión de los hechos”, argumenta. Para D´Alessandro “cualquier política vinculada al control del uso de la fuerza” debería tener un “sistema de seguimiento e identificación de las partes involucradas” y toda intervención policial “un registro de los participantes del hecho más allá del resultado”.

El informe concluye que resulta “necesario avanzar en un debate serio sobre la reforma de las leyes orgánicas de las fuerzas policiales y de seguridad”, contemplando la limitación del “armamento reglamentario” al momento en el que se están cumpliendo funciones. Cita el caso de la Policía de Seguridad Aeroportuario (PSA) como ejemplo que “registra los índices más bajos de letalidad policial”. ACVI está trabajando en un proyecto legislativo y busca el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y también de la esfera política.

Para reducir los casos de violencia institucional, D´Alessandro desliza como una de las claves que el poder punitivo no tiene que ser el “único modo de intervención estatal frente al conflicto”. “Hay una necesidad de pensar la perspectiva de las políticas de seguridad en una sociedad enmarcada en el respeto irrestricto por los derechos humanos”, finaliza.

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