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Apuesta por la paz

"Manifiesta", el emprendimiento textil que cuenta historias sobre el conflicto colombiano

"Lo que se hace no responde tanto al mercado sino a las necesidades del territorio", explicó la coordinadora de la tienda y sostuvo que ese es el "gran desafío" del proyecto que incluye entre sus prendas leyendas como "siempre fashon; nunca facho" y "A la guerra no le camino".

Telam SE
23-11-2021 | 11:29
Exinsurgentes de las FARC participan junto a algunos familiares de vctimas del conflicto interno de Colombia en Manifiesta un emprendimiento de confeccin de ropa
Exinsurgentes de las FARC participan, junto a algunos familiares de víctimas del conflicto interno de Colombia, en Manifiesta, un emprendimiento de confección de ropa.


Exinsurgentes de las FARC participan, junto a algunos familiares de víctimas del conflicto interno de Colombia, en Manifiesta, un emprendimiento de confección de ropa que apunta a instalar la idea de "moda con sentido social" y de que hay prendas que "cuentan una historia", y que aspira también a ser una muestra de un modelo asociativo entre la sociedad civil y la pata empresaria.

La iniciativa textil arrancó con unos pocos excombatientes, después se amplió a 14 y ahora llega a 22, y constituye uno de los hitos, por su perspectiva social, del proceso de reincorporación a la vida civil de los exinsurgentes.

"El acuerdo de paz no plantea una alianza de la sociedad civil para la reincorporación. Hay 100 páginas sobre la reincorporación, pero 80 son sobre el abandono de las armas, y hay apenas tres párrafos sobre qué hacer después. No se planeó nada. Y en esos vacíos gigantes hay una ausencia evidente del sector privado", evaluó para Télam una de las coordinadoras de Manifiesta, Sara Arias.

Politóloga, de 26 años, Arias dijo haber tenido "un click" cuando el No al acuerdo se impuso en el plebiscito de octubre de 2016, y cuando vio una encuesta que registró que la mayoría de los empresarios admitía que no le daría un puesto de trabajo a un exguerrillero.

"Aquí se respira lucha. ¿Alguna duda? Cada prenda que diseñamos tiene un solo mensaje: luchamos a diario por un país en paz; creemos que es posible porque lo hacemos posible"Manifiesta


La ropa de Manifiesta es una de las iniciativas, dispersas y casi siempre atadas a iniciativas disociadas del Estado, para que los exguerrilleros tengan una actividad laboral: Confecciones La Montaña hacen morrales, ropa y accesorios; La Trocha es una marca de cerveza artesanal, y Miel de La Montaña emplea a unos 20 excombatientes, por ejemplo. Hay cerca de 60 iniciativas de estas características.

La iniciativa textil arranc con unos pocos excombatientes
La iniciativa textil arrancó con unos pocos excombatientes.


"Aquí se respira lucha. ¿Alguna duda? Cada prenda que diseñamos tiene un solo mensaje: luchamos a diario por un país en paz; creemos que es posible porque lo hacemos posible", señala Manifiesta en sus redes.

Las prendas, hay que decirlo, no parece para cualquiera: "siempre fashon; nunca facho" es la leyenda de una remera, por ejemplo. "A la guerra no le camino", "La moda es un tema político", "Esta no es una prenda cualquiera: es un acto de paz" y "Hoy es un día perfecto para acabar con el patriarcado" son otras.



"No llegamos a toda la sociedad, por supuesto. De entrada nuestro público era el que apostaba a la paz, pero en todo el proceso tuvimos experiencias muy lindas. En una Navidad impulsamos la campaña 'Yo regalo paz', con la idea de que Manifiesta fuera una herramienta de reconciliación.

¿Por qué no regalarle a un tío uribista una remera de excombatientes? Había que mostrar que hay una apuesta por la paz y se cumple", señala Arias con cierta ironía.



La coordinadora explicó, igualmente, que "lo que se hace no responde tanto al mercado sino a las necesidades del territorio" y, aún así, se dieron "varios aciertos: uno es que el conocimiento nos hizo empezar con pocos productos y después ver cómo se movía el mercado. Y si seguimos es porque efectivamente las cosas que hacemos se venden. Porque tienen buen precio, porque son bonitas, porque cuentan una historia".

Arias pone el acento en que "lo importante es quien hace la ropa", excombatientes de un taller cooperativo de Tolima con edades que van de los 25 a los 60 años.

La politóloga contó que cuando la disidencia hizo público su desacuerdo con el entendimiento de paz, en agosto 2019, supuso que "todos iban a creer que las FARC no cumplieron y eso iba a afectar a Manifiesta, y en redes pasó todo lo contrario: nos etiquetaban para decir que acá estaba la gente que sí estaba cumpliendo".

"Tenemos que apostar a una forma de comercialización diferente, tenemos que ofertar de manera más organizada"Sara Arias


"Tuvimos mucho apoyo", reseñó, y destacó la comunicación vía redes con la ciudadanía (@ManifiestaCol en Twitter; Manifiesta-Hecho-en-Colombia en Facebook y @manifiesta.col en IG)

Con todo, Arias advierte que "no hay articulación efectiva de todos los procesos", por lo que "aunque el mercado está, no hay que tener la misma propuesta para el mismo público", y pone como ejemplo que son varios los emprendimientos de venta de café encabezados por exinsurgentes.

La ropa de Manifiesta es una de las iniciativas dispersas y casi siempre atadas a iniciativas disociadas del Estado
La ropa de Manifiesta es una de las iniciativas, dispersas y casi siempre atadas a iniciativas disociadas del Estado.


"Tenemos que apostar a una forma de comercialización diferente, tenemos que ofertar de manera más organizada. Si alguien quiere tomar café, no tiene que tener ocho marcas distintas", evaluó, y se quejó de que "en esos vacíos gigantes hay una ausencia evidente del sector privado y no se reciben recursos del Estado que apoyen esto, por lo que no hay chance de llegar a la comunidad internacional".

La coordinadora de Manifiesta remarcó además que "el principal desafío, el principal reto no es ampliar las ventas, sino el trabajo en los territorios a los que hay que llegar" y, a modo de ejemplo, mencionó que las dificultades van desde los asesinatos de firmantes del acuerdo y líderes sociales hasta el mal estado de las rutas, que complica la llegada de insumos y mercadería.

Arias trabaja asociada a otra politóloga, Ángela Herrera, en esto que llama "una moda reparadora", con el compromiso de que toda ganancia se reinvierta. En 2019, Manifiesta llegó a desfilar y a mostrar sus prendas en Plaza Bolívar de Bogotá, frente a la sede de los tres poderes. Fue un pequeño triunfo para lo exguerrilleros.

La paz "se construye" en Colombia, elogia Guterres antes del aniversario del pacto con las exFARC

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo al llegar a Bogotá que Colombia es un país "donde se construye paz" lo que la convierte en un ejemplo mundial, y envió un mensaje de "solidaridad" a los colombianos por el quinto aniversario del acuerdo de paz que desarmó a la guerrilla de las FARC, y fue apoyado activamente la Organización de Naciones Unidas (ONU).

"En un mundo en el que desafortunadamente vemos tantos conflictos es muy importante visitar un país en que se construye la paz", afirmó anoche en declaraciones a la prensa citadas por la agencia de noticias AFP.

El diplomático portugués participará mañana en los actos de conmemoración del pacto que puso fin a un conflicto de poco más de medio siglo.

Guterres insistió en destacar a Colombia como un "ejemplo" mundial por los compromisos de paz que viene cumpliendo, a pesar de un repunte de la violencia en algunas partes y que tiene como víctimas a excombatientes y activistas de derechos humanos.

El secretario adelantará una visita de dos días en los que se reunirá con víctimas del conflicto, delegados del Gobierno y exaltos mandos de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Casi 13.000 hombres y mujeres desistieron de la lucha armada, para reincorporarse a la vida civil bajo la supervisión de la ONU.

De ese total unos 7.000 eran combatientes y entregaron sus armas a los observadores de ese organismo, para su posterior fundición.

El antecesor de Guterres, el surcoreano Ban Ki Moon, acompañó el acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016.

Guterres viajará hoy al departamento nororiental de Antioquia acompañado por el presidente Iván Duque para visitar uno de los territorios en donde vive un grupo de exguerrilleros, donde se encontrará también con Rodrigo Londoño, Timochenko, comandante de la exguerrilla.

El secretario advirtió un "deterioro" en las condiciones de seguridad de los excombatientes.

Al menos 290 de ellos fueron asesinados por excompañeros que siguieron en armas o antiguos enemigos en la época del conflicto, según cifras de Naciones Unidas.

Aunque después de 2016 se redujo la violencia, disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla reconocida en Colombia, y bandas del narcotráfico alimentan una nueva ola de criminalidad patrocinada por el negocio ilegal de las drogas.

"Su visita es un mensaje para que el país persista en el camino de la paz y la reconciliación", escribió en Twitter Carlos Ruiz Massieu, el jefe de misión de la ONU en Colombia, que verifica los avances del acuerdo.

La Justicia transicional, de piedra en el zapato a salvavidas de Iván Duque

Una de las novedades para la vida política y judicial de Colombia que estableció el acuerdo de paz con las FARC fue la creación de una Justicia transicional por fuera de la ordinaria, que estimulaba la búsqueda de la verdad con reducción de penas para quienes confesaran sus delitos, fueran exguerrilleros o militares y policías que habían cometido asesinatos.

La Justicia Especial para la Paz (JEP) fue uno de los puntos del acuerdo que más rechazo causó en el Gobierno de Iván Duque y que, paradójicamente, terminó por favorecer la imagen oficial ante organismos internacionales, mientras los sectores identificados con las víctimas del conflicto no piensan lo mismo y se quejan de que hasta el presente sólo se sometieron a los nuevos tribunales los desmovilizados, mientras los represores recibían rápidos fallos de indulgencia.

Alberto Yepes, de la ONG Coordinadora de DDHH, comentó a Télam que el reciente apoyo de la Corte Penal Internacional (CPI) de Naciones Unidas al Gobierno colombiano se basó en el funcionamiento de la JEP, una de las áreas promovidas por el acuerdo.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, firmó un acuerdo con Duque el pasado 29 de octubre por el cual ese organismo cerró después de 17 años el examen que mantenía sobre el país, hecho que marcó para el mandatario un éxito en un terreno, el de la justicia y los derechos humanos, en el que siempre recibió más críticas que aplausos.

"El compromiso que suscribimos con la CPI es hoy referencia para la región, es vinculante y permanente, generando confianza en los colombianos y garantizando que no haya impunidad, evitando que los victimarios se burlen de sus víctimas", capitalizó de inmediato Duque en Twitter.

La mirada de la CPI estaba en cinco ítems: la promoción y expansión de grupos paramilitares, los desplazamientos forzados, los delitos sexuales en el conflicto, los llamados "falsos positivos" –jóvenes asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate- y los compromisos en justicia que se establecieron en el Acuerdo de Paz con las extintas FARC.

"A pesar de intento de saboteo del Gobierno de Duque y, en general, del uribismo, contra el sistema de justicia transicional, dichas acciones fracasaron", resaltó el politólogo colombiano Ariel Ávila en el diario español El País.

"Los avances en la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, es importante y comenzarán a salir desde el próximo año. Se vendrán sentencias importantes de la JEP. Muchos contienen la respiración ante los pronunciamientos judiciales", anticipó.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el conflicto interno, entre 1958 y 2016, murieron más de 262.000 personas, unas 80.000 siguen desaparecidas, 8 millones desplazadas aún no pudieron regresar a sus hogares y al menos 37.000 fueron secuestradas.

Pese al relato histórico que defiende el Estado colombiano, las FARC no son sindicadas como responsables de la mayoría de los muertos ni de los secuestros.

La JEP confirmó, por ejemplo, más de 6.400 ejecuciones extrajudiciales a manos de los militares durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), una cifra que triplica lo que el Estado había reconocido hasta ahora y hasta supera lo denunciado por organizaciones de víctimas.

El anuncio volvió a poner a la JEP en el centro del tironeo político colombiano: Uribe la acusó de "sesgada" y pidió una reforma de las cortes y el jefe de las Fuerzas Armadas advirtió sobre "víboras venenosas y perversas" que atacan a los militares, mientras que la oposición aplaudió a la corte especial y pidió una condena acorde y rápida.

En ese contexto, Pilar Castillo, abogada de la organización Minga y representante ante la JEP de víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas armadas destacó en charla con Télam el trato en principio preferencial que habían recibido los militares sobre los exguerrilleros.

"Uno de los principales incentivos de la JEP son los beneficios como la libertad transitoria, y estos se dieron de manera rápida y masiva a miembros de las fuerzas públicas, mientras algunos de los excombatientes de las FARC aun esperan", lamentó.

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