El Congreso, una institución todopoderosa que complica a Castillo

En Perú, un país con más de 30 millones de habitantes, basta que 87 personas lo acuerden en el Congreso para sacar a un presidente elegido democráticamente, como pasó en 2018 con Pedro Pablo Kuczynski y podría suceder, según muchos analistas, con el actual mandatario, Pedro Castillo.

Pasó también en 2020, cuando el Congreso, con un manejo cuestionado de la figura de "vacancia" por "incapacidad moral permanente", sacó a Martín Vizcarra, quien había tomado la posta de Kuczynski, para reemplazarlo por el titular del Congreso, Manuel Merino, desalojado a su vez tras una semana por la furia de las calles.

"Tenemos un sistema mixto, presidencialista pero con bastantes medidas de un sistema parlamentario, lo que dificulta la gobernabilidad", explicó en entrevista con Télam el politólogo Alonso Cárdenas respecto a peculiaridades que diferencian al modelo peruano de otros de Latinoamérica.

Entre las medidas introducidas en la Constitución de 1993 -emanada del Gobierno autoritario de Alberto Fujimori-, está la vacancia (destitución) presidencial, que prácticamente establece como único requisito reunir 87 votos ya que la causal para remover al mandatario -"incapacidad moral permanente"- es vaga.

La Constitución vigente también introdujo, para equilibrar poderes y limitar un poco el presidencialismo, la cuestión de confianza, que no solo debe atravesar todo nuevo gabinete, sino que además le permite a un Gobierno someter a ese mecanismo a sus políticas de Estado. Si un Congreso niega dos confianzas, el mandatario puede disolverlo y convocar nuevas elecciones parlamentarias.

Ese recurso, aplicado en 2019 por Vizcarra para cerrar el Congreso, está sin embargo en la agonía, pues la oposición impuso su mayoría en el actual Parlamento para limitar las causas por las que se puede plantear la cuestión de confianza, en un intento por reducir esa vulnerabilidad institucional que tiene.

Este último cambio, que según juristas destruyó el equilibrio de poderes y además fue adoptado por el Congreso sin seguir los pasos necesarios para reformar la Constitución, está ahora en manos del Tribunal Constitucional, que debe dar su veredicto inapelable hacia enero.

En paralelo, el Gobierno de Castillo busca recuperar el equilibrio de poderes con un proyecto en el Congreso para que la causal de vacancia sea por "incapacidad física o mental", lo que al menos requeriría de dictamen médico. Empero, por la correlación de fuerzas en el Parlamento no le augura un buen pronóstico.

Para Cárdenas, el régimen político hibrido que dio más poder al parlamento fue introducido en la Constitución dentro de un contexto histórico diferente, en el que el Congreso era solo un "apéndice" del Gobierno de Fujimori

Para garantizar la sumisión, Fujimori redujo al Congreso: de los 240 legisladores que había por la Constitución de 1979, entre senadores y diputados, se pasó a los actuales 130 en una sola cámara, pese a que la población era casi el doble.

En concepto de Cárdenas y otros politólogos, este tamaño del parlamento complica la representatividad, mientras que la unicameralidad impide un más sano proceso de toma de decisiones. Con dos cámaras, como las que hay en países con población similar, se permitiría entre otras cosas que una corrija a la otra en caso necesario.

Otra peculiaridad de Perú es la existencia de un presidente del Consejo de Ministros, al que pomposa y popularmente se le llama "primer ministro" aunque no sea como los del régimen parlamentario. Esa, sin embargo, no es una figura reciente, pues data del nacimiento republicano.

Este jefe del gabinete tiene que lograr un voto de confianza del Congreso en máximo un mes después de asumir. Si no lo obtiene, el presidente queda obligado a formar otro equipo.

Castillo, en tres meses, ya ha tenido que sufrir dos veces por este trance: sus jefes de gabinete, Guido Bellido primero y Mirtha Vásquez ahora, pasaron traumáticos momentos para lograr luz verde en un Congreso mayoritariamente opositor.

Cárdenas destacó que todo eso se ve además profundizado por la actual crisis de partidos, que hace que en el Congreso haya un archipiélago de fuerzas con diversos intereses y prioridades.

La crisis se resume en que todos los partidos que gobernaron en este siglo –sin contar el de Castillo, que hasta ahora había sido marginal- han desaparecido: Perú Posible, de Alejandro Toledo; el Aprista, de Alan García; el Nacionalista, de Ollanta Humala, y Peruanos Por el Cambio, de Kuczynski.

Ninguno, ni siquiera el Aprista con su solidez histórica, sobrevivió a mandatarios que terminaron en la cárcel (Humala en su momento), en prisión domiciliaria (Kuczynski), como fugitivos (Toledo) o como suicidas (García).

Según Cárdenas, en Perú no hay fuerzas históricas latinoamericanas como el peronismo en Argentina o el PRI en México.

Pero aun con las figuras prestadas del parlamentarismo y con la crisis de los partidos y de la clase política, el sistema político se mantuvo relativamente estable hasta que en 2016 el partido fujimorista Fuerza Popular (FP) logró, gracias a la cifra repartidora, mayoría absoluta: 76 escaños de 130.

FP usó su poder para debilitar a Kuczynski, quien renunció cuando la vacancia era inevitable. El mandatario, que le había ganado la Presidencia por una pírrica diferencia a Keiko Fujimori, quiso arreglarlo todo con un indulto irregular para Alberto Fujimori, padre de su rival, pero la suerte estaba echada.

Keiko también perdió por mínima diferencia con Castillo y de nuevo se rehusó a aceptarlo. Esta vez solo tiene 24 congresistas, pero los analistas dicen que cuenta con aliados "satélites" en casi todas las otras bancadas, por lo que llegar a los 87 votos en caso de que optara por impulsar la vacancia es factible.

Por eso, a palabra "vacancia" retumba desde que asumió Castillo con su propuesta de izquierda, mientras que los críticos del mandatario sostienen que éste, con su presunta falta de liderazgo y sus decisiones erradas facilita la tarea de sus adversarios.

Para Cárdenas, la salida de este aparente callejón sin salida pasa por la adopción de nueva reglas, que no reflejen, como en la actualidad, los intereses que instaló un Gobierno autoritario.