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El nuevo Gabinete busca la confianza del Congreso en medio de tensiones con Castillo

La sesión que se dará el lunes, será una semana después de que el Congreso desafiara abiertamente al Gobierno al promulgar por insistencia una ley objetada por el Ejecutivo, pues lo deja sin una herramienta fundamental para hacerle contrapeso: la cuestión de confianza.

Por Gonzalo Ruiz Tovar
Por Gonzalo Ruiz Tovar
23-10-2021 | 15:09
Foto Agencia Andina
Foto: Agencia Andina
 

El Gobierno y la oposición de Perú librarán otra batalla el lunes en el Congreso, cuando el Gabinete ministerial, encabezado por Mirtha Vásquez, solicite el voto de confianza en medio de tensiones y de denuncias de supuestos planes para "vacar" (destituir) al presidente Pedro Castillo.

La sesión se dará además en momentos en que el Congreso propinó un duro golpe al Gobierno al limitarle los motivos para plantear cuestiones de confianza y en que, para completar la soledad de Castillo, la bancada oficialista del partido Perú Libre (PL, izquierda) está al borde de la ruptura entre "radicales" y "moderados".

De hecho, la línea fundacional de PL anunció que votará contra el gabinete, lo que podría causar que quede obligado a renunciar menos de un mes después de que asumiera para supuestamente aliviar tensiones.

"Seguramente la bancada en pleno va a dar el voto de confianza. Estoy convencido", confió en medios locales el parlamentario Paul Gutiérrez, que sigue fiel a Castillo y hace esfuerzos por conservar la unidad oficialista.

Las bancas en el Congreso


El PL tiene 37 congresistas, de los que al menos 20 –el número exacto no se sabe- apoyan al fundador del partido, Vladimir Cerrón, en la decisión de no respaldar al equipo de Vásquez porque, dicen, "representa un giro hacia la centroderecha" y por tanto, es ajeno a los objetivos de esa agrupación marxista leninista.

Entretanto, la derecha, que suma 43 de los 130 congresistas, y la centroderecha, con 41, condicionan su voto de confianza a que se cambie a los ministros de Interior, Luis Barranzuela, y de Educación, Carlos Gallardo.

Contra Barranzuela las objeciones se centran en que era abogado de Cerrón y varios dirigentes de PL en procesos por presunta corrupción, en que está ligado a productores de coca y en un sinuoso pasado como oficial de la Policía, con múltiples castigos disciplinarios.

Gallardo, por su parte, es rechazado por la derecha por ser dirigente de un sindicato del magisterio en que también participan maestros del movimiento que queda de lo que fue el grupo ultraizquierdista armado Sendero Luminoso.

Vásquez, abogada de izquierda con buenas credenciales como artífice de consensos, respondió que los dos ministros están en evaluación. Algunos medios no descartan que los remueva a última hora.

La sesión


Se dará una semana después de que el Congreso desafiara abiertamente al Gobierno al promulgar por insistencia una ley objetada por el Ejecutivo, pues lo deja sin una herramienta fundamental para hacerle contrapeso: la cuestión de confianza.

Con esa herramienta, un presidente podía defenderse de acciones en su contra de parte del Congreso, pues si le negaba dos veces la confianza quedaba facultado para disolverlo, como hizo en 2019 el entonces presidente interino Martín Vizcarra.

"Una vez que el Congreso limpie el camino para no ser disuelto, que es lo único que le preocupa, ya tiene mayor poder para vacar al presidente", opinó la influyente abogada y periodista liberal Rosa María Palacios, quien descartó que el Tribunal Constitucional (TL), ante el que apeló el Ejecutivo, revierta la situación.

A toda esa tensión se suman las acciones encubiertas -o no tanto- de algunos sectores para darle una estocada a un Gobierno que además tiene la oposición de la mayoría de la prensa convencional.

Militares en retiro usan las redes sociales: "El Ejército ya organizó el comando 'Arica no se rinde', la Marina tiene casi lista la 'Brigada Angamos' y la Fuerza Aérea y la Policía están haciendo lo propio" para enfrentar a la izquierda radical y a organizaciones fachadas del terrorismo", presumió en Facebook el oficial de la armada Juan Luis Vásquez Budge.

Entretanto, el portal El Foco descubrió un grupo de WhatsApp en el que poderosos empresarios de la Sociedad Nacional de Industrias, encabezados por el exministro de Comercio José Luis Silva Martinot, coordinan para derribar a Castillo y el "comunismo".

Los empresarios, por ejemplo, acordaron financiar una huelga de transportes en noviembre. "No debemos perder el objetivo: Para salvar la democracia, vacar al comunismo", escribió Silva Martinot.

Asimismo, el colectivo "Ciudadanos por la Democracia" anunció movilizaciones frente a la Corte Superior de Justicia en Lima para presionar un fallo favorable a una acción contra un supuesto fraude electoral, denunciado sin pruebas por la derecha y negado por diversas instituciones, incluidos los observadores internacionales.

"Existen una clase política y una clase económica que conducen al país a la ingobernabilidad. La ultraderecha perdió las elecciones y no se puede curar de esa herida, especialmente (el partido) Fuerza Popular (FP). Están trabajando por la vacancia desde el momento mismo en que perdieron", afirmó el ministro de Justicia, Aníbal Torres, en una entrevista con radio Exitosa.

Foto Agencia Andina
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Aunque orgánicamente FP y sus aliados Alianza País y Renovación Popular aseguran que no están por la vacancia sino por corregir las malas decisiones del Gobierno, algunos de sus congresistas, como Alejandra Tudela y Esdras Medina, sí plantean explícitamente la destitución.

"No lo vamos a sacar nosotros (a Castillo), sino el pueblo, que se cansa de la improvisación y el desgobierno", le dijo bajo anonimato un congresista de Avanza País al semanario Hildebrandt en sus Trece.

Tras los múltiples enfrentamientos protagonizados por su primer jefe de gabinete, Guido Bellido –estrecho aliado de Cerrón-, Castillo buscó con Vásquez un equipo más dialogante, pero, a pesar de la buena recepción de primer momento, la situación volvió a polarizarse, como ha sido la constante en los tres meses de gestión.

Ahora, Vásquez tendrá que esperar los resultados de la votación, que se dará a a más tardar el martes. La presentación ante el Congreso de todo nuevo Gabinete es obligada por la Constitución.

El Gobierno peruano se quedó sin el "botón nuclear"

El Gobierno peruano perdió esta semana una herramienta fundamental para enfrentar a la oposición en el Congreso, la cuestión de confianza, después de que los parlamentarios promulgaran una ley que la regula, rechazada por el Ejecutivo.

Aunque el Gobierno presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una acción contra lo decidido por el Congreso, los expertos ven pocas posibilidades de que se revierta una medida que en principio hace aún más frágil de la situación del presidente Pedro Castillo.

La Constitución de 1993, con la teórica intención de generar un adecuado balance de poderes, incluyó dos mecanismos tomados de regímenes parlamentaristas y que por su fortaleza son llamados "botones nucleares" por constitucionalistas como David Lovatón: la moción de censura y la cuestión de confianza.

La primera permite que los parlamentarios desarrollen un proceso para sacar de su cargo a un ministro. La acción puede escalar hasta el presidente, como pasó en 2018 y en 2019, cuando Pedro Pablo Kuczynski, primero, y Martín Vizcarra, luego, tuvieron que renunciar porque ya no había manera de evitar sus destituciones.

En contrapartida, el Gobierno podía recurrir a la cuestión de confianza para forzar al Congreso a aprobar determinada medida a la que considere fundamental. Un primer rechazo no generaba efectos, pero con un segundo el mandatario quedaba facultado para cerrar el Congreso, como hizo Vizcarra en 2019.

En el actual período las figuras recobraron relevancia, ya que según los analistas la oposición de derecha y la de centroderecha pueden reunir los votos para "vacar" (destituir) a Castillo, algo sobre lo que no se avanzó por el momento por temor a que el mandatario se anticipara con cuestiones de confianza.

El escenario quedó en evidencia hace un mes, cuando el Congreso, que quería destituir al ministro de Trabajo, Íber Maraví, y tenía los votos para ello, tardó en comenzar un proceso por el presumible temor a que Castillo considerara la continuidad del funcionario como una cuestión de confianza.

"Una vez que el Congreso limpie el camino para no ser disuelto, que es lo único que le preocupa, ya tiene mayor poder para vacar al presidente", opinó la influyente abogada y periodista liberal Rosa María Palacios.

La mayoría de los principales constitucionalistas del país, como Lovatón, Samuel Abad, Omar Cairo o Luciano López, solicitan que el TC mantenga la línea de votaciones previas y rechace la ley que limita la cuestión de confianza, no solo porque dinamita el balance de poderes, sino porque, argumentan, una reforma constitucional no puede hacerse por la vía expedita que usó el Congreso.

En medio del debate, el Gobierno planteó un diálogo para que se introdujeran cambios tanto en las cuestiones de confianza como en la vacancia presidencial.

Para ésta última, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, sostuvo que no se considere causal de destitución a la "incapacidad moral permanente", como hasta ahora, sino a la "incapacidad mental o física".

Según Torres, la figura de "incapacidad moral permanente" es vaga y permite la subjetividad. De hecho, una de las parlamentarias situadas más a la derecha, Alejandra Tudela, sostiene que Castillo ya reúne la condición por presuntos desaciertos en nombramientos de funcionarios. La "incapacidad mental o física", requeriría de evaluaciones científicas más objetivas.

Pero el Congreso aprobó la promulgación con amplia mayoría, ya que toda la centroderecha se sumó a la derecha, con lo que en la contraparte solo quedaron las bancadas oficialistas de izquierda, Perú Libre (PL) y Juntos por Perú (JP), y el pequeño Partido Morado (PM), de centro.

Una correlación que además, según los analistas, muestra que los vasos comunicantes entre derecha y centroderecha están activos y que la oposición podría estar en camino de reunir los 87 para destituir al mandatario, en especial si el partido oficialista para definitivamente a la oposición.

Para el politólogo Fernando Tuesta, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el de Castillo "es un Gobierno errático, pero eso de ninguna manera debe ser razón para desnivelar los poderes".

En ese marco se presentará el lunes ante el Congreso el nuevo gabinete ministerial, presidido por Mirtha Vásquez, en busca del voto de aprobación que exige la Constitución.

Si lo obtiene seguirá en funciones, pero de lo contrario tendrá que irse, sin que esté claro si cuenta como rechazo a una cuestión de confianza mientras llega en no más de un mes la palabra decisiva del TC.

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