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Acosado por las protestas, Lasso frena suba en naftas y ordena cuidar precios de la canasta básica

Las medidas, sumadas a la declaración del estado de excepción y el despliegue de policías y militares en las calles que decretó también esta semana, parecen constituir un paso al frente de Lasso, golpeado en varios frentes al borde de cumplir apenas cinco meses en el cargo.

Telam SE
22-10-2021 | 21:40
El lunes Lasso habilit la salida de los militares a las calles para respaldar el trabajo policial Foto AFP
El lunes Lasso habilitó la salida de los militares a las calles para respaldar el trabajo policial. Foto: AFP.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció hoy la suspensión de las subas mensuales en el precio de los combustibles -un reclamo casi unificado de todos los sectores sociales y de la oposición-, aunque decretó un aumento antes, y ordenó a gobernadores e intendentes que hagan cumplir los precios oficiales de productos de la canasta básica.

Las medidas, sumadas a la declaración del estado de excepción y el despliegue de policías y militares en las calles que decretó también esta semana, parecen constituir un paso al frente de Lasso, golpeado en varios frentes al borde de cumplir apenas cinco meses en el cargo.

A estas protestas sectoriales, la crisis carcelaria, la ola de inseguridad y el complejo cuadro que tiene el oficialismo en la Asamblea nacional (AN, Parlamento), Lasso sumó además en los últimos días las denuncias por presuntas maniobras con sus empresas offshore denunciadas en la investigación Pandora Papers, que difundió un grupo internacional de periodistas, y por las que el mandatario enfrenta tres investigaciones paralelas.



Prueba de ello es que el anuncio de hoy no logró evitar que el movimiento indígena de Ecuador decidiera apenas unas horas después declararse en "resistencia permanente" desde el próximo martes, para cuando ya convocó a una jornada nacional de manifestaciones contra la política del Gobierno.

"Nos declaramos en resistencia, a partir del día martes 26 de octubre a nivel nacional, en coordinación con todas las organizaciones sociales", anunció el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, tras la reunión del Consejo Ampliado de la organización en el cantón Colta, en el centro del país.

"No podemos aceptar semejante incremento al precio de los combustibles; el Gobierno nacional en lugar de escuchar ha burlado a las mesas de diálogo que ha propuesto en si mismo", agregó Iza, citado por la agencia de noticias Sputnik.

Un rato antes, Lasso había intentado calmar la creciente tensión social en el país dando marcha atrás con una medida muy impopular, aunque anunciando en paralelo otro aumento.

“Se suspenden los incrementos mensuales de los precios de los combustibles, y se establece el precio de la gasolina extra en 2,55 dólares y el del diésel para transporte público, comunitario, escolar, de turismo, carga pesada, mixto y para el público en general se establece en 1,90 dólares”, publicó Lasso en su Twitter, al mismo tiempo que hacía físicamente los anuncios en Guayaquil.

Los valores referidos son para el galón, la medida usada en el país, equivalente a 3,7 litros, de gasolina, la nafta común, que en tres años subió de 1,48 a 2,50 dólares (69%) hasta este octubre.

“Los hemos escuchado a ustedes, los ciudadanos, y también a los sectores sociales y políticos, para generar acuerdos que nos lleven a un entorno estable, ejecutando acciones que continúen impulsando la reactivación y creación de empleo, en especial para los más pobres del Ecuador”, fue otro de los mensajes en Twitter.

En su discurso en Guayaquil, la ciudad con mayor actividad industrial y comercial del país, el jefe del Palacio de Carondelet -sede presidencial- destacó que “la economía está encendiendo sus motores”, pero remarcó que se precisa una estabilidad que puede lograrse con seguridad y recuperación económica.



Para la cuestión de seguridad, el lunes Lasso habilitó la salida de los militares a las calles para respaldar el trabajo policial.

Fue una de las medidas incluidas en el estado de excepción por 60 días que dictó para todo el territorio nacional. A partir de ese decreto, soldados y policías patrullarán las calles las 24 horas a fin de salvar vidas "de las garras de la delincuencia", según dijo entonces.

Lasso anunció además que se creará una unidad legal especial y se enviará un proyecto de ley al Parlamento para proteger a policías y militares que sean demandados por "cumplir con su deber", y hasta adelantó que indultará a integrantes de las fuerzas de seguridad "injustamente condenados".

El texto del decreto dice que la medida fue adoptada por una "grave conmoción interna", aunque las cifras de delitos citadas por el Gobierno muestran apenas un aumento con respecto al año pasado.

En materia económica, en tanto, reveló que instruyó a los gobernadores e intendentes de todo el país a que “hagan cumplir sin ninguna excepción los precios oficiales del arroz, la leche, las frutas y todos los productos de la canasta básica“.

En Ecuador, el presidente designa a los gobernadores de las 23 provincias, por lo que son representantes del Poder Ejecutivo.

“Este Ecuador de oportunidades es una realidad que estamos alcanzando paso a paso, resultado tras resultado. Los hechos demuestran que las oportunidades están llegando. Que el cambio se está haciendo. Esto es solo el comienzo. Ese es nuestro compromiso y juntos lo logramos”, alentó Lasso en Twitter.

Además de las tensiones con gremios, el parlamento y el movimiento indígena, el Gobierno enfrenta demandas del sector agropecuario, por el costo de los insumos y de sus productos, especialmente de parte de los arroceros, y de las universidades, que protestan por el recorte de sus presupuestos anuales.

Pero el alza gradual del precio de los combustibles, que están subsidiados, era una cuestión que prácticamente unificaba a todos los sectores.

En el plano institucional, en paralelo, el Parlamento devolvió a Lasso el mes pasado, sin tratarlo, un proyecto de ley que incluía una reforma laboral y tributaria que fue duramente rechazado por sindicatos y movimientos sociales.

El Ejecutivo anunció que dividirá la iniciativa, pero ayer mismo abrió una ronda de conversaciones con bancadas opositoras, después de amenazar con la llamada “muerte cruzada”, que implica disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones legislativas y presidenciales.

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