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El golpismo boliviano no descansa

A un año de la recuperación de la democracia, el gobierno de Luis Arce enfrenta amenazas de parte de los mismos sectores que comandaron el derrocamiento de Evo Morales, en noviembre de 2019. El cruceño Luis Fernando Camacho habla de un “segundo round”, reivindicando su rol en el golpe.

Por Juan Manuel Karg
Por Juan Manuel Karg
16-10-2021 | 18:19
Luis Fernando Camacho Foto archivo
Luis Fernando Camacho. Foto: archivo.


“La llama sigue encendida. De rodillas vamos a estar para darle gracias a Dios cuando consigamos el objetivo. Este segundo round lo vamos a ganar otra vez nosotros”. Así de explícitas fueron las palabras del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, como amenaza al gobierno de Luis Arce Catacora. Con metáfora boxística, Camacho volvió, a principios de este mes, a reivindicar el golpe de Estado del año 2019. Antes le había negado la palabra a David Choquehuanca, vicepresidente de Arce, durante un acto en la ciudad de Santa Cruz, en la cual sus partidarios bajaron una bandera Whipala, símbolo de los pueblos originarios. El desplante a Choquehuanca, aymara, volvió a recordar aquellas imágenes de 2019, con whipalas vandalizadas mientras se coronaba el asalto del Palacio Quemado.

Dos desafíos previos, concretos, a lo que fuera el paro nacional del 11 de octubre. Allí Camacho, junto al ex presidente Carlos Mesa y a la hija de Jeanine Añez, acompañó la convocatoria de los Comités Cívicos en una jornada que tuvo su epicentro en ciudades electoralmente hostiles al oficialismo. El ex presidente Evo Morales, depuesto en 2019 y exiliado en México y Argentina hasta la vuelta del MAS al gobierno, calificó al paro como “fracaso” en su cuenta de Twitter. “Fue específico, en centros urbanos puntuales” dijo en tanto Jorge Richter, vocero presidencial, bajándole el precio a la jornada de movilización de la derecha boliviana, que además contó con algunos bloqueos.

La oposición al MAS se articuló en torno a dos demandas. La primera, que cesen las investigaciones judiciales en torno al golpe de Estado del año 2019. Allí aparecía un exigencia concreta: la liberación de Añez, detenida tras haber conducido de facto los destinos del país. Pero además la oposición boliviana pidió que no avance la Ley contra Ganancias Ilícitas, un proyecto del gobierno pensado para permitir a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) dotar de mayor información a la justicia cuando se adviertan movimientos sospechosos vinculados al crimen organizado. Con astucia y a la vez malicia, la derecha boliviana presentó el proyecto como un intento del MAS en avanzar sobre las libertades individuales. Los grandes medios hicieron lo suyo, amplificando. El tema caló en la agenda pública. El gobierno decidió frenar la legislación.

El 12 de octubre, en tanto, Arce y Morales encabezaron las movilizaciones en defensa de la Whipala y del gobierno masista. "Ellos dicen que quieren defender la democracia y hoy se niegan a respetar el voto popular. Por eso estamos aquí, para demostrar nuestra mayoría" dijo Arce. “Tenemos a un pueblo que va a hacer respetar su voto en las calles" advirtió el mandatario en otro fragmento de su discurso en Cochabamba, dando cuenta de la capacidad de movilización del oficialismo.

Luis Arce Tenemos a un pueblo que va a hacer respetar su voto en las calles
Luis Arce: “Tenemos a un pueblo que va a hacer respetar su voto en las calles".


El trasfondo de las movilizaciones en contra y a favor del gobierno es que hay dos interpretaciones sobre los hechos ocurridos en 2019. Los autores del golpe, para eludir responsabilidades, dicen que hubo fraude, basados en el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos conducida por Luis Almagro, entidad clave en el desenlace. El ahora oficialismo detalla la sumatoria de elementos que configuraron el golpe: hostigamiento a dirigentes y familiares, motín policial, pedido de renuncia al presidente por parte de las FFAA, exilio o prisión de altos cuadros del MAS, entre otros. En ese sentido, dos decisiones de los últimos días dan mayor certidumbre: el cierre del caso “fraude electoral”, por un lado, y la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional en relación al gobierno (de facto) de Añez, destacando que no hubo vacío de poder que pueda legitimar la autojuramentación -sin quórum- de la entonces senadora por el departamento del Beni.

“La decisión del Tribunal Constitucional no admite ninguna apelación. No hay ninguna instancia que pueda revisar esta decisión. Lo que ha ocurrido en el país con la autoproclamación de Jeanine Áñez es un golpe de Estado, una vulneración flagrante al artículo 169  de la Constitución” dijo sobre la decisión del TCP el Ministro de Justicia, Iván Lima, quien además llamó a “cerrar esta página de discusión y debate jurídico”.

Bolivia fue el último país latinoamericano en afrontar un golpe de Estado. Tal como se evidencia en el impúdico pedido de material bélico a otros países, quienes consumaron el derrocamiento de Evo Morales pensaron que durarían mucho más tiempo en el poder. Tras dos masacres denunciadas por la CIDH, las de Senkata y Sacaba, Añez alargó su estadía en el Palacio Quemado con el pretexto pandémico. Pero cuando convocó a las urnas, ni siquiera su salida del  escenario electoral impidió el retorno del MAS: 55% de las y los bolivianos definieron el 18 de octubre de 2020 que Luis Arce Catacora sería el presidente. Las elecciones subnacionales marcaron la suerte de los autores materiales de golpe: Camacho se refugió en Santa Cruz; Añez lo intentó, pero fue rechazada en las urnas del Beni.

Hoy, un año después del abultado triunfo electoral del MAS, el cruceño ha vuelto a tomar un rol público protagónico, reivindicando su labor de 2019. ¿Hasta dónde llegará en su intento de jugar en ambos planos, el institucional -gobernador de un poderoso estado- y a la vez el insurreccional? La historia reciente amerita que toda América Latina siga de cerca la coyuntura de ese país. Porque el golpismo en Bolivia no descansa.

*Politólogo UBA / Analista Internacional

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