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14-09-2021 19:20 - la paz
La fiscalía boliviana pide la extradición de un exministro detenido en EEUU
"Hoy, la Comisión de Fiscales presentó ante la autoridad jurisdiccional toda la documentación solicitando la extradición del señor Arturo Murillo", anunció el fiscal general boliviano, Juan Lanchipa.

La Justicia boliviana entregó este martes la documentación necesaria para oficializar el pedido de extradición del exministro Arturo Murillo, quien está detenido en Estados Unidos por participar en una trama de corrupción, lavado de dinero y sobornos durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez.
"Hoy, la Comisión de Fiscales presentó ante la autoridad jurisdiccional toda la documentación solicitando la extradición del señor (Arturo) Murillo, trabajo que comprende más de 2.000 hojas traducidas al inglés, con ello, el Ministerio Público cumplió con la labor administrativa solicitada por el Órgano Judicial", dijo el fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa.
Luego de presentar toda la documentación relacionada al proceso para que las autoridades de Estados Unidos puedan conocer la calidad de la denuncia, Lanchipa explicó que "ahora corresponde a la autoridad judicial llevar adelante la tramitación de la extradición del señor Murillo a través de la Cancillería y ser enviada a Estados Unidos", según informó la agencia de noticias Sputnik.
Fiscalía reinició trámite de extradición de Arturo Murillo, ex Min. Gobierno de Gob. de facto de Jeanine Añez (detenido en EEUU por lavado de dinero). Se lo requiere por compra con sobreprecio de $us.2.3MM de gases lacrimógenos: Juan Lanchipa, Fiscal General: @teleSURtvpic.twitter.com/cNLkGTVza9
— Freddy Morales (@FreddyteleSUR) September 14, 2021
Murillo, exministro del Gobierno de facto de Jeanine Áñez -quien el lunes cumplió seis meses tras las rejas-, está detenido desde mayo en la ciudad de Miami, donde había buscado refugio tras huir de Bolivia poco antes de la llegada al poder del actual presidente Luis Arce.
Además de enfrentar cargos en Bolivia, el exfuncionario está acusado por la Justicia estadounidense de participar en una trama de corrupción y lavado de dinero procedente de un sobreprecio de 2,4 millones de dólares en la compra de materiales antidisturbios para la Policía boliviana.