21/06/2021 15:43 - Derechos Humanos

Reclaman que avance en Rosario una causa contra exfuncionarios judiciales de la dictadura

Fue iniciada por una presentacin formulada por la agrupacin HIJOS ante el juzgado federal nmero 4 de la ciudad para que se cite a declaracin indagatoria y se detenga al exjuez Guillermo Tschopp, a los exfiscales Pedro Tiscornia y Luis Vzquez, y a Horacio Claveri, un antiguo secretario judicial.

Por Leonardo Castillo

La denuncia fue presentada e impulsada por la agrupación HIJOS de Rosario.
La denuncia fue presentada e impulsada por la agrupacin HIJOS de Rosario.

Cuatro exfuncionarios de la Justicia federal de Rosario estn denunciados por haber integrado una asociacin ilcita durante la ltima dictadura cvico militar dedicada a falsear declaraciones de detenidos, rechazar pedidos de hbeas corpus, encubrir y fraguar hechos en el contexto de un plan sistemtico de represin ilegal, y los querellantes reclaman que se produzcan avances en la investigacin.

Se trata de una causa iniciada a raz de una presentacin formulada por la agrupacin HIJOS ante el juzgado federal nmero 4 de Rosario, a cargo del magistrado Marcelo Bailaque, para que se cite a declaracin indagatoria y se detenga al exjuez Guillermo Tschopp, a los exfiscales Pedro Tiscornia y Luis Vzquez, y a Horacio Claveri, un antiguo secretario judicial.

"Creemos que es fundamental que se comience a analizar el rol que tuvo la parte civil de la dictadura con el plan sistemtico de represin que se desarroll en Argentina. Hay que avanzar sobre esas responsabilidades. Pedimos que se produzcan medidas, se llame a indagatorias para que avance la investigacin", seal en dilogo con Tlam Nadia Schujman, abogada y representante legal de HIJOS en Rosario.

La cronologa

En agosto de 2018, HIJOS present una denuncia contra Tschopp, titular del juzgado federal 2 de Rosario durante la ltima dictadura, por su actuacin en los casos de 16 personas que haban sido detenidas ilegalmente, torturadas e incluso desaparecidas.

En aquella presentacin se citaba el caso de un detenido (cuya identidad se preserv) que tras denunciar ante el magistrado las torturas que haba recibido en la sede del Servicio de Informaciones de la Polica de Rosario, recibi como respuesta del magistrado: "Usted cree que voy a borrar con el codo lo que los militares escribieron con la mano?

El juez se refera a las actuaciones de un Consejo de Guerra que haba condenado a 8 aos a la vctima y su respuesta fue convalidar esa instancia y aumentarle la pena a 10 aos de prisin.

La investigacin

En base a esa denuncia, el fiscal federal Adolfo Villate inici una investigacin que incluy el anlisis de 134 recursos de Habeas Corpus presentados por familiares de vctimas del terrorismo de Estado, 29 expedientes seguidos contra 58 detenidos polticos en el marco de las leyes antisubversivas y 10 recursos de amparo, y resolvi citar a indagatoria al exjuez, en junio de 2020.

En la resolucin de Villate se describen hechos padecidos por los detenidos que eran denunciados ante Tschopp, quien ignoraba las declaraciones.

"Su actitud (la del juez Tschopp) era la de un torturador ms en el esquema de interrogatorio que tenan; a pesar de eso yo hago la denuncia de los apremios. En ese momento me pide los nombres y yo en las condiciones que estoy y con la actitud de l no le puedo dar nombres porque me inhiba su actitud; yo no estaba ante la Justicia, estaba ante un cmplice de quienes me torturaron", declar Esther Cristina Bernal, en el marco del debate del juicio Feced II y su testimonio est citado en la denuncia de la Fiscala.

Por este y otros hechos, el juez Bailaque decidi procesar al magistrado, que se desempe entre 1976 y 1983 en los tribunales federales de la ciudad.

Adems, Tschopp qued imputado como partcipe de siete casos de homicidio, entre ellos los de los ciudadanos peruanos Rory Cspedes Chung y Mara Antonieta Cspedes Chung, que vivan en el domicilio de Conrado Galdame, muerto de un disparo en la sede del Servicio de Informaciones.

Para encubrir el asesinato de Galdame, sus captores fraguaron un procedimiento en su domicilio, ubicado en Pelegrini 1685 de Rosario, donde fueron ejecutados los hermanos Cspedes Chung, y estas actuaciones habran sido convalidadas por Tschopp, quien se encuentra en la actualidad bajo arresto domiciliario.



La denuncia de asociacin ilcita

En febrero pasado, HIJOS present una denuncia para que el magistrado sea investigado tambin por el delito de asociacin ilcita junto con Tiscornia, Vzquez y Claveri, al entender que todos tenan "un fin establecido y una actuacin organizada con permanencia en el tiempo como estructura delictiva".

Los exfiscales estn denunciados por no proceder cuando los detenidos denunciaban haber sido torturados en dependencias policiales y militares.

Tal es el caso de Virginia Mulhall, quien fue obligada a firmar una declaracin prevencional cuando estaba tabicada, con los ojos vendados, desnuda y mientras le pasaban corriente elctrica.

Ante ello, Tiscornia, como fiscal, no tom ninguna medida y solicit que se condene a la vctima a la pena de dos aos y seis meses de prisin por infracciones a la ley 21325 de la dictadura en una causa a cargo de Tschopp.

En la presentacin de HIJOS se relata que Vzquez, en calidad de acusador, recibi los testimonios de los detenidos Luis Alberto Cuello y Jorge Alberto Flores, quienes le contaron que haban firmado declaraciones que no pudieron leer porque eran torturados por sus captores.

Vzquez dedujo que esas rectificaciones "eran tardas y carecan de valor por estar infundadas e inverosmiles", y gir las actuaciones a Tschopp.

El otrora fiscal de la dictadura es hoy abogado defensor del senador provincial santafesino Armando Traferri, involucrado en una causa en la que se investiga una organizacin dedicada al juego ilegal en la provincia.

Francisco Pea era un militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) que en 1979 particip como activista sindical de un paro de colectivos en plena dictadura.

Un ao despus, fue detenido, torturado, llevado a un centro clandestino de detencin ilegal y remitido al juzgado de Tschopp, donde Claveri lo oblig a firmar una declaracin, bajo amenaza de "volver" con sus captores.

"Firme y me condenaron a tres aos de prisin. Estuve en la crcel de Caseros y despus me llevaron a Rawson. Me liberaron en 1983. Pienso que todos ellos tuvieron la oportunidad de no participar en esos hechos, de renunciar. Pero no lo hicieron. Son partcipes necesarios de la represin ilegal y tienen que responder", seal a Tlam Pea, que a los 69 aos aguarda que se haga justicia