Martínez de Giorgi vincula una causa a espionaje de la AFI, pero no la de periodistas

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi aceptó la competencia para investigar el intento de atentado contra un exfuncionario del ministerio de Defensa del gobierno de Cambiemos junto con la causa en la que se analizan maniobras de espionaje ilegal contra dirigentes políticos, pero rechazó quedarse con el expediente sobre la inteligencia ilícita desplegada sobre más de 400 periodistas que se acreditaron para cubrir cumbres internacionales que se desarrollaron en Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri.

Las decisiones quedaron plasmadas en dos resoluciones a las que tuvo acceso Télam vinculadas con expedientes que estaban en manos de los jueces Sebastián Ramos (el atentado contra el exfuncionario José Luis Vila) y Julián Ercolini (la causa de las cumbres de la OMC y el G20) y que le fueron remitidas a Martínez de Giorgi durante las últimas semanas.

Vila

La causa por el intento de atentado contra Vila se inició en julio de 2018 a raíz del hallazgo en la vía pública de lo que parecía ser un artefacto explosivo frente al edificio de la avenida Callao N°1219 de esta ciudad, con una nota dirigida al exsubsecretario de Asuntos Internacionales de la Defensa, con la inscripción “José Luis Vila Ladrón”, quien antiguamente residía en dicho domicilio junto con su familia.

Tras la presencia de personal especializado en el lugar se pudo constatar que se trataba de una caja de cartón que contenía en su interior otra caja más pequeña, también de cartón, la cual poseía un bloque compactado que parecía ser Trotyl con un aparato de telefonía adosado que simulaba ser un detonador, el cual poseía cables, pero no un mecanismo detonador que cerrara el circuito.

El caso de Vila está conectado con la causa del espionaje ilegal a través de distintos puntos, pero el principal tiene que ver con que en los teléfonos de los espías investigados en la causa que tramita en el juzgado de Martínez de Giorgi se encontró información vinculada con el “susto” –según el nombre de un archivo hallado en la investigación- al exfuncionario de Defensa.

G20 y OMC

La otra causa, la del supuesto espionaje a periodistas y dirigentes sociales que quisieron acreditarse paras las cumbresdel G20 y de la Organización Mundial de Comercio (OMC), se inició por una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, luego de que se detectaran en la central de espías archivos que daban cuenta de la supuesta confección ilegal de fichas ideológicas de quienes querían cubrir o participar de esos acontecimientos.

A principio de mes, el juez Ercolini le había remitido la causa a su par Martínez de Giorgi tras entender que esos hechos estaban vinculados con los que se investigan en la megacausa por espionaje ilegal que se inició en los tribunales de Lomas de Zamora y que versa sobre seguimientos prohibidos realizados desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre dirigentes políticos, gremiales y sociales.

A esa decisión adoptada por el juez Ercolini se opusieron los abogados que representan a la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y los de otras querellas, quienes sostuvieron que se trataba de una resolución prematura que provoca un gravamen irreparable.

Textuales del dictamen

“Sostuvieron que se omitió considerar el rol ocupado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Relaciones Exteriores en el entramado de conductas aquí investigadas, todo lo cual conllevaría a sostener que el objeto de este sumario es diverso al ventilado en las causas 5056/2020 y 14149/2020”, sostuvo Martínez de Giorgi.

“No escapa al suscripto la circunstancia de que en ambos expedientes se investigan conductas desarrolladas, parcialmente, en el ámbito de la Agencia Federal de Inteligencia, pero ello no obsta a que se trate de hipótesis distintas”, subrayó el magistrado.

“Aquí se investiga un hecho más concreto al que forma parte en los autos FLP 5056/2020 y 14149/2020, ceñido a la presunta producción de inteligencia ilegal, en el seno de la AFI, con intervención del Ministerio de Seguridad, relacionada con el hallazgo de fichas sobre periodistas, académicos, jubilados y profesionales”, reseñó.

“Distinto es el caso objeto de pesquisa en las causas 14149/2020 y 5056/2020, en las que la recolección de información y producción de inteligencia se basó́, entre otras cosas, en la obtención de información de una de las principales políticas opositoras al Gobierno de Mauricio Macri, también respecto de personas que cumplían funciones relevantes dentro del partido político del oficialismo, de funcionarios públicos con los máximos cargos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en el Congreso de la Nación”, concluye.