12/06/2021 19:58 - repercusiones

Funcionarios del oficialismo condenaron el trato a Milagro Sala por parte de la Justicia de Jujuy

La dirigente social fue notificada el viernes sobre una nueva imputacin por aparente instigacin a cometer delitos a vecinos del barrio capitalino Campo Verde que protestaron en marzo contra la decisin del Gobierno jujeo de construir un colegio secundario en un parque de la zona.

Milagro Sala cumple prisión domiciliaria y fue notificada este viernes de una nueva acusación.
Milagro Sala cumple prisin domiciliaria y fue notificada este viernes de una nueva acusacin.

La ministra de las Mujeres, Gneros y Diversidad, Elizabeth Gmez Alcorta y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, condenaron el trato que recibe la dirigente social Milagro Sala por parte de la Justicia de la provincia de Jujuy, y coincidieron en sealar que existe "ensaamiento y persecucin" hacia la lder de la organizacin Tupac Amaru.

"La persecucin poltica y el hostigamiento al que Milagro Sala es sometida una y otra vez hace aos es, no solamente una injusticia contra ella sino, adems, un atentado contra el Estado de derecho que debemos repudiar", seal en su cuenta de la red social Twitter Gmez Alcorta, quien ejerci la defensa de Milagro Sala en varias de las causas en las que fue acusada.



"La actitud de la justicia de Jujuy con Milagro Sala compromete la responsabilidad internacional del Estado. Argentina est sometida a la Corte Interamericana y tiene la obligacin de proteger la integridad fsica y psquica de Milagro por una medida del tribunal regional", seal Pietragalla Corti en la misma red social.



Y en ese sentido, el secretario de DD.HH agreg: "Este particular ensaamiento compromete las garantas constitucionales y la responsabilidad internacional del estado Argentino".

Por su parte, el ministro para el Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrs Larroque observ que "resulta inexplicable que al da de la fecha contine la espuria persecucin a la compaera Milagro Sala".

"Ms de 5 aos de detencin arbitraria y hostigamiento permanente pareciera no alcanzar al espritu vengativo de Gerardo Morales", remarc el secretario general de la agrupacin la Cmpora en relacin al gobernador de Jujuy.

Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expres hoy su "enorme preocupacin por la grave situacin a la que una vez ms ha sido sometida la dirigente social Milagro Sala, presa poltica desde hace ms de 5 aos".

"Por estas horas, jueces y fiscales serviles al poder poltico y a los poderes fcticos en aquella provincia (Jujuy) han cometido una nueva arbitrariedad que violenta una vez ms el debido proceso legal convocando de manera intempestiva a los tribunales a Milagro sin saber siquiera las razones su defensa tcnica", seal la APDH a travs de un comunicado.

Milagro Sala fue notificada el viernes sobre una nueva imputacin en su contra por aparente instigacin a cometer delitos a vecinos del barrio capitalino Campo Verde que protestaron en marzo contra la decisin del Gobierno jujeo de construir un colegio secundario en un parque de la zona y que deriv en una represin policial contra los manifestantes, informaron fuentes vinculadas al caso.

"Ms de 5 aos de detencin arbitraria y hostigamiento permanente pareciera no alcanzar al espritu vengativo de Gerardo Morales"

Andrs Larroque


Sala fue trasladada en un mvil policial desde su domicilio en el barrio Cuyaya, de la capital provincial, donde cumple prisin domiciliaria hasta las instalaciones del Ministerio Pblico de la Acusacin.

"A Milagro Sala la estn vinculando a la causa del barrio Campo Verde como instigadora", confirm a Tlam Ariel Ruarte, uno de los abogados de la referente social, quien evalu que "desde ningn punto de vista se puede considerar un delito la defensa de los vecinos sobre un predio del cual eran poseedores y permanecan de manera pacfica".

El 17 de marzo la polica de Jujuy lanz gases lacrimgenos y dispar balas de goma contra vecinos del barrio Campo Verde, en el marco de un operativo que involucr el infrecuente despliegue de 300 efectivos, que segn se denunci ejercieron una "brutal represin" para el desalojo del predio.

El conflicto se origin a partir de la determinacin del gobierno de Gerardo Morales de construir un establecimiento escolar de nivel secundario en el nico espacio verde con el que cuentan los vecinos de la zona, quienes quieren preservar ese terreno para la "recreacin de nios, jvenes y adultos".