17/04/2021 DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Torturas en Malvinas: las dilaciones de la causa y el peligro de la impunidad

Postergacines de indagatorias, excusas de salud de los acusados, falencias en infraestructura y personal judicial demoran el avance de la causa abierta en 2007 por estaqueamientos y enterramientos de tropa propia en el conflicto blico de 1982.

Por Gabriel Ramonet

Los tormentos a soldados fueron declarados delitos de lesa humanidad.
Los tormentos a soldados fueron declarados delitos de lesa humanidad.

La causa judicial por presuntas torturas a soldados durante la guerra de Malvinas enfrenta un doble peligro de impunidad: por un lado, al intentar reconstruir hechos sucedidos hace 39 aos, y por el otro, debido a las constantes dilaciones de un expediente que lleva 14 aos de trmite sin que siquiera se haya indagado a la totalidad de los exmilitares involucrados.

La investigacin que comenz en 2007, con las primeras 25 denuncias presentadas por la Subsecretara de Derechos Humanos de Corrientes, incluye decenas de testimonios de exconscriptos sobre supuestos estaqueamientos y enterramientos en medio del conflicto blico de 1982.

Casi todos los sucesos se relacionan con soldados hambrientos que se procuraron su propia comida, y que por ello fueron castigados a la intemperie, aun mientras se producan bombardeos enemigos.


Postergacin de indagatorias

El caso se tramita en el Juzgado Federal de la ciudad de Ro Grande, en Tierra del Fuego, a cargo de la jueza Mariel Borruto, quien esta semana volvi a postergar las indagatorias de seis integrantes de alto rango de las Fuerzas Armadas.

La medida encendi el enojo de asociaciones de excombatientes y especialistas en el tema que siguen de cerca la investigacin, para quienes la Justicia, "lejos de querer llegar a la verdad, est haciendo todo lo posible para consagrar la impunidad", segn dijeron varios de esos referentes consultados por Tlam.

Uno de ellos, Ernesto Alonso, integrante del Centro de ExCombatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) acus a la jueza Borruto de "trabajar para la impunidad".

"No tenemos palabras para referirnos a estos hechos inaceptables. Si hay alguien que representa la impunidad en materia de derechos humanos en el pas, es esta magistrada", afirm Alonso en dialogo con Tlam.

"Nuestra democracia, que actu con mximo rigor contra los responsables del terrorismo de Estado por la desaparicin de 30.000 compaeros, no acta con la misma vehemencia en relacin a estos delitos de lesa humanidad"

Daniel Guzmn

Alonso record que las primeras 18 indagatorias en la causa fueron ordenadas en diciembre de 2018 por el juez subrogante del caso Federico Calvete.

Sin embargo, un ao despus solo declararon 4 militares, a quienes Borruto proces en 2020 por el delito de "imposicin de tormentos".

La Cmara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirm tres de esos procesamientos semanas atrs, y dict una falta de mrito, adems de convalidar, por mayora, que se trata de "delitos de lesa humanidad" y por lo tanto no sujetos a prescripcin.

Borruto llam tambin a otras seis indagatorias, que primero posterg por falencias de "infraestructura y personal" en el juzgado, y luego por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia.

Las declaraciones se iban a realizar esta semana, pero una de ellas, la del exgeneral de brigada Omar Edgardo Parada, se suspendi porque el exmilitar acus problemas de salud, y las dems fueron suspendidas una vez ms porque la jueza hizo lugar a un pedido del defensor oficial Guillermo Garone, de trasladarse a Buenos Aires para estar presente en las videoconferencias de sus asistidos.

"No puede ser que con citaciones realizadas con tanta antelacin, la jueza acceda a un pedido de esta naturaleza. Primero el 'acting' de Parada y ahora esto", se quej Alonso, miembro de la entidad que acta como querellante en la causa.

La investigación comenzó en 2007, con las primeras 25 denuncias presentadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Corrientes
La investigacin comenz en 2007, con las primeras 25 denuncias presentadas por la Subsecretara de Derechos Humanos de Corrientes


Peligro de impunidad

Segn el dirigente, "si analizamos lo que hizo Borruto desde su asuncin en el cargo, todo va en un mismo sentido". Y agreg: "Es una de esas personas que dice pero no hace nada, que busca la impunidad biolgica del caso".

Por su parte, el periodista de Ushuaia, excombatiente de la guerra y editor del portal especializado "Agenda Malvinas", Daniel Guzmn, coincide en que la Justicia est siendo "complaciente" con "los miembros del mismo poder militar que llev al conflicto de 1982 las prcticas macabras utilizadas contra la poblacin civil durante la dictadura", segn seal en dilogo con Tlam.
Los tormentos a soldados fueron declarados delitos de lesa humanidad.
Los tormentos a soldados fueron declarados delitos de lesa humanidad.

Segn Guzmn, el Estado argentino tiene una "deuda moral, legal y judicial" con los excombatientes, porque "no se ocup de su contencin y asistencia durante la postguerra, y tampoco de garantizar que se haga justicia por las torturas y vejaciones sufridas durante el conflicto, a manos de los propios oficiales y suboficiales".

"Nuestra democracia que actu con mximo rigor contra los responsables del terrorismo de Estado por la desaparicin de 30.000 compaeros, no acta con la misma vehemencia en relacin a estos delitos de lesa humanidad. As, se impide la reconstruccin de los hechos histricos y se profundiza el proceso de desmalvinizacin", asever el periodista.

Aunque ni la jueza Borruto ni otros funcionarios del Juzgado Federal de Ro Grande aceptaron hasta el momento dar explicaciones sobre las constantes dilaciones en la causa, puertas adentro hay funcionarios que admiten las crticas al accionar judicial.


“Nadie se pone del lado de las vctimas"

"Siento vergenza por lo que est pasando. No se puede conceder el viaje del defensor a Buenos Aires, justo en el momento de mayor contagio de Covid-19", reconoci un vocero del juzgado consultado por Tlam.

Desde el Cecim insisten en que mientras la justicia contempla todas las alternativas que presentan los imputados, "nadie se pone del lado de las vctimas".

"Hace casi cuarenta aos que un grupo de soldados espera justicia. Y lo que reciben es dilaciones e impunidad, como si la que estuviera detenida, pero en el tiempo, fuera la investigacin judicial", concluy Alonso.