10/04/2021 opinin

Es hora de estar en el mundo

Ral Zaffaroni sostiene que el irregular endeudamiento de la Nacin efectuado por el gobierno de Mauricio Macri, a travs de un crdito del FMI por 57.000 millones de dlares, tramitado irregularmente a dos puntas y destinado a la fuga de capitales, brinda una muy buena oportunidad para que un equipo interdisciplinario – tanto en materia econmica como jurdica- promueva una convencin internacional en la ONU que tipifique los hechos de desbaratamientos dolosos de economas como delito internacional.

Por E. Ral Zaffaroni (Este artculo fue publicado originalmente en La Tecl@ Ee)


Hace poco ms de un siglo y, a regaadientes de los diplomticos profesionales, Hiplito Yrigoyen ordenaba el retiro inmediato de la delegacin de nuestro pas de la Asamblea de la Sociedad de las Naciones, vaticinando el fracaso para la paz de un derecho internacional manejado por los poderosos. El payaso bigotudo dictador fascista de los treinta dispuso lo contrario y volvimos a la Sociedad de las Naciones –con el aplauso de La Nacin y de la oligarqua- para asistir al destino que haba previsto Yrigoyen. Pero la lnea internacional de nuestros gobiernos populares haba hecho que el mundo escuchase la voz del Pueblo de la Nacin Argentina.

Es la misma voz que se hizo or otras muchas veces en gobiernos populares, como en 2005 cuando por iniciativa argentina y para detener el accionar de los llamados fondos buitres, se aprobaron por la Asamblea de las Naciones Unidas los nueve principios para la reestructuracin de deuda, con el voto favorable de 136 pas, 41 abstenciones y slo seis obvios votos en contra (Estados Unidos, Gran Bretaa, Canad, Alemania Federal, Israel y Japn). La voz argentina son igual: Muchachos, con estos privilegios, la paz no se consigue ni se garantiza.

No en vano pas un siglo; de los acuerdos precarios entre los poderosos del mundo que en Pars y Ginebra queran ponerse de acuerdo para explotar al resto evitando choques interimperialistas –que no los evitaron, obviamente-, se pas ahora a garantizar los intereses de las corporaciones transnacionales con sede en los pases que votaron en contra o en sus socios o beneficiarios.

Son las mismas que corrompen las democracias de los pases del sur mediante los partidos nicos de medios monoplicos, para instalar a sus agentes locales que contraen deudas cuya ejecucin queda sometida a la jurisdiccin de sus miles de jueces municipales tipo Griesa, capaces de inmovilizar nuestro dinero en sus bancos, de embargar nuestros buques de guerra, todo para garantizar la extorsin de la banda de fulleros que muestra su cara a travs de un gordito antiptico al que nadie le comprara un auto usado. En todos nuestros pases operan sus agentes: los Martnez de Hoz, Cavallo, Macri y Clarn y La Nacin, nunca faltan en cada uno de los pases de la regin, donde por accin u omisin de estados atrofiados mueren cientos de miles de personas y se cometen atrocidades violatorias de Derechos Humanos a mansalva. Pero de nuevo la voz argentina se hizo or: Muchachos, as no puede haber paz.

Ahora tenemos una nueva oportunidad de estar en el mundo. La Oficina Anticorrupcin ha denunciado y es querellante contra el ex-presidente y varios funcionarios de la anterior administracin por un concurso de delitos que convergen en el irregular endeudamiento de la Nacin en un crdito del FMI por 57.000 millones de dlares, tramitado irregularmente a dos puntas y destinados a la llamada fuga de capitales, que no fue ninguna fuga sino una simple salida, porque nadie cuidaba la puerta. Se trata nada menos que del mayor crdito otorgado por el FMI, presionado por la administracin Trump para ayudar a la reeleccin de Macri, tal como lo explic Clever Carone, asesor senior del Tesoro de los Estados Unidos.

Sin entrar en mayores detalles acerca de los delitos concurrentes, lo cierto es que el principal de ellos encuadra en el inciso 7 del artculo 173 del cdigo penal: el que, por disposicin de la ley, de la autoridad o por un acto jurdico, tuviera a su cargo el manejo, la administracin o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para s o para un tercero un lucro indebido o para causar dao, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de stos. La conducta est ligeramente agravada en funcin del inciso 5 del artculo 174: el que cometiere fraude en perjuicio de alguna administracin pblica.

El tipo penal del inciso 7 del artculo 173 no estaba en el cdigo de 1921, sino que fue introducido por la reforma de facto de Ongana de 1967 y mantenido por el Congreso en 1973. Los autores de la reforma de 1967 lo copiaron casi textualmente del pargrafo 266 del cdigo alemn, donde haba sido legislado el 1 de junio de 1933 y recibe hasta hoy el curioso nombre de Untreue, que puede traducirse como infidelidad.

En tiempos macristas se pretendi usarlo para criminalizar decisiones de poltica econmica, como es el caso de las operaciones de dlares a trmino que, como qued claro para todos -salvo para los jueces del lawfare– no fueron ruinosas por obra de Cristina Kirchner, sino por la de Macri y en beneficio de sus amigos, advertidos con la debida anticipacin de la devaluacin que ste dispondra, sin esperar dos meses para que el dao no se produjese.

Los alemanes siempre cuidaron que ese tipo no criminalizase polticas econmicas, pero all pesa tambin una gran desconfianza a esta disposicin, ms que por haber sido introducida en tiempos del nazismo, porque su nombre causa cierto escozor: Treue significa fidelidad –incluso conyugal- pero fue usada en ese tiempo para caracterizar a todo su perverso concepto del derecho como fidelidad a la comunidad popular cuyo intrprete ltimo era el Fhrer, o sea, que todo delito era en esencia una infidelidad, que se valoraba al margen de la legalidad formal. De todas formas, esta es una historia alemana y no nuestra, donde nuestra ley no usa esa expresin.

Por ende, siempre pens y sigo pensando que en nuestro tipo encuadran los casos extremos que llevasen a un pas al default o a alguna catstrofe parecida. Es decir, entiendo que lo correcto es considerar que las usuales medidas de poltica econmica, con sus resultados positivos o negativos, en general son atpicas en funcin de lo prescripto como legtimo ejercicio de una autoridad cargo, previsto en el inciso 4 del artculo 34 del cdigo penal. Pero de ninguna manera puede considerarse una usual medida de poltica econmica un crdito irregularmente tramitado y concedido de 57.000 millones de dlares, de los que se desembolsaron 45.000 que, adems, se han dejado salir sin oponer ningn obstculo, o sea, que en el pas slo nos quedamos con los papeles de la deuda a pagar.

De cualquier modo, hasta hace unos aos crea que cuando mencionaba ese supuesto excepcional me estaba refiriendo a un ejemplo de laboratorio, de los que se usan en la enseanza del derecho mediante casos y, ante lo remoto de esa posibilidad y el riesgo de que se desencadenara una lluvia de denuncias que pretendiesen criminalizar cualquier medida de poltica econmica -dada la conocida aficin de muchos de nuestros polticos y denunciadores seriales-, casi me arrepent de haber admitido esa hiptesis, que de por s crea por completo remota e improbable.

No obstante, como la realidad supera la imaginacin ms tropical, el realismo mgico latinoamericano –en este caso argentino y aunque slo seamos parcialmente subtropicales- hizo que la hiptesis remota, improbable y de laboratorio se concretase y ahora nos encontremos frente al caso extremo: la maniobra defraudatoria que nos endeud a todos en 45.000 millones de dlares.

De todas formas, deja cierto sabor amargo el encuadre de esta conducta en el inciso 7 del artculo 173, por ms que sea lo correcto, pues es innegable que tiene por efecto algo ms que una lesin a la propiedad y, por ende, una pena de dos a seis aos no parece ser la que corresponde a la gravedad del dao producido, si pensamos de cuntas viviendas, caminos, hospitales, escuelas, pensiones, policas y otras cosas se est privando al pueblo y, en especial, en este momento tan problemtico, en que somos ms sensibles.

Hace algunos aos, el Prof. Wolfgang Naucke public un interesante ensayo donde postula la elaboracin de un tipo de delito internacional que llama hecho penal econmico-poltico (politische Wirtschaftsstraftat, en castellano El concepto de delito econmico-poltico. Una aproximacin, Marcial Pons, Madrid, 2015, trad. de Eugenio Sarrabayrouse).

Para el profesor de Frankfurt la penalizacin de estos hechos se remonta a los procesos de Nrnberg contra los responsables de la poltica econmica nazi y los empresarios beneficiados por la mano de obra esclava. Al parecer, esto luego fue dejado de lado en el derecho internacional, aunque la cuestin reapareci cuando se acus a Honecker de alta traicin econmica por la ruina de la economa de Alemania del Este. Pero el hecho ms significativo fue el procesamiento del ex-primer ministro de Islandia en 2010, por negligencia en la vigilancia del sistema bancario, que caus una crisis que oblig a la estatizacin de los bancos con dinero de contribuyentes y notorio descenso del nivel de vida de toda la poblacin.

La aproximacin de Naucke parece acertada: se trata de un hecho que afecta a la totalidad de la poblacin porque lesiona las relaciones econmicas, obliga a un despilfarro presupuestario, fomenta lo que en otro momento seran malversaciones (porque fuerza decisiones de los ejecutivos sin intervencin parlamentaria) y amenaza la estabilidad poltica. Es claro que nos hallamos ante hechos que se parecen demasiado a los delitos contra los poderes polticos del estado e incluso contra su propia independencia y soberana (en especial en los casos de deuda externa), ms cercano en este ltimo supuesto a la traicin a la nacin que a un delito patrimonial comn o incluso a un delito contra la administracin.

En nuestros das no es menester una guerra ni una ocupacin extranjera para alienar la soberana popular y desbaratar la economa de una nacin; no se necesita vencer a ningn ejrcito ni pasar ninguna lnea Maginot para instalar un gobierno de Vichy. Basta con una maniobra macrofinanciera, con infiltrar en su gobierno a los traidores o cohechar a agentes, comprometerlos con financiamiento para sus campaas electorales, captarlos mediante lobby, llenar sus organismos de control con tcnicos entrenados para no ver y comprar a los empresarios de comunicacin, todo para que sus ciudadanos un da se despierten despojados de sus bienes, carentes de trabajo o con un descenso muy considerable de sus niveles de vida, sin camas en hospitales, devaluadas sus pensiones, con ms delitos en sus calles, etc. En algn pas de la regin asistimos a la desesperacin de un presidente por privatizar en el corto tiempo que le queda de mandato, todo lo que an no privatiz, incluyendo el banco central.

En rigor, el dao que producen estos delitos es muchsimo mayor que el simple dao patrimonial. Es correcto procesar y condenar por el delito de administracin fraudulenta a falta de otro, porque la lesin a la propiedad pblica se produjo, pero cabe reconocer que esta administracin dolosamente ruinosa produce muertes, enfermedad, miseria, desempleo, violencia y todos los efectos de un estado que debe dejar sus funciones extorsionado por el reclamo de deudas siderales contradas dolosamente por los agentes o cmplices de la mafia financiera transnacional.

En este momento, el gobierno argentino est llevando una lnea de poltica internacional digna y correcta, pero sera tambin la oportunidad ideal para volver al mundo haciendo escuchar nuevamente nuestra voz en esta materia. Creemos que estn dadas las circunstancias oportunas para tomar en serio la propuesta del profesor de Frankfurt por parte de un equipo interdisciplinario que la profundice con mayores elementos tcnicos -tanto econmicos como jurdicos- para llevarla a la ONU y promover una convencin internacional que tipifique estos hechos de desbaratamientos dolosos de economas como delito internacional.

Sin duda que habr votos en contra, no ser recibida con complacencia, pero como el mismo Naucke seala, hace un siglo, cuando no se pudo procesar al Kaiser Guillermo II, porque Holanda neg su extradicin (gentileza mal retribuida, porque celebr la ocupacin nazi), nadie poda creer que algn da se procesase y condenase a criminales de guerra. Es ms que probable que la iniciativa no sea acogida de inmediato ni mucho menos, se movern todos los resortes extorsionadores para impedir su avance, los diplomticos profesionales lo desaconsejarn, igual que hace cien aos con la decisin de Hiplito Yrigoyen, pero es ms que evidente que un da deber tipificarse internacionalmente este delito, que se condenar a estos criminales, como se hace con los genocidas, con los criminales de guerra, con los esclavistas, como se lucha por la descolonizacin.

Alguien debe dar el primer paso: la Nacin Argentina tiene la oportunidad de hacer sentir su voz en el mundo. El da que se materialice nadie podr negar el mrito de la iniciativa argentina: hagamos sentir de nuevo nuestra presencia en el mundo, como otras muchas veces lo supieron hacer nuestros gobiernos populares.
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