Sociedad

09-04-2021 17:36 - protocolo

Los medios públicos promoverán pautas para el tratamiento responsable de la discapacidad

El protocolo fue presentado ante las autoridades de los diversos medios públicos del país y se enmarca en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en la Argentina tiene rango constitucional desde 2014.

Telam SE
09-04-2021 | 17:36
El protocolo se enmarca en la Convencin Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que en la Argentina tiene rango constitucional desde 2014
El protocolo se enmarca en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en la Argentina tiene rango constitucional desde 2014.


"Nada de nosotros sin nosotros" es la idea fuerza que recorre las Recomendaciones para el Tratamiento Responsable de la Discapacidad que los medios públicos adoptarán a partir de ahora en la concepción y producción de sus contenidos, y cuyos objetivos son "promover los derechos de las personas con discapacidad, hacer visible su diversidad y construir accesibilidad comunicacional".

El protocolo, que fue presentado este viernes ante las autoridades de los diversos medios públicos del país, fue elaborado por la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DEFE), y se enmarca en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en la Argentina tiene rango constitucional desde 2014.

Entre los lineamientos que contemplan las Recomendaciones, se destacan:



• Utilizar la expresión "personas con discapacidad", entre otras;

• Priorizar la voz de la persona y/u organización de pertenencia, dar cuenta de cómo quiere y elige ser nombrada;

• Dado que la discapacidad "es el resultado del vínculo de la persona con las barreras del entorno", conforme al Modelo Social de la Discapacidad, un concepto a ser impulsado es el de "situación de discapacidad";

 • Eliminar el uso de eufemismos y etiquetas (ejemplos: minusválido, inválido, no vidente);

 • No construir a la discapacidad como antítesis de la "normalidad";

 •  No usar la discapacidad como adjetivo de valoración negativa, que fomente la estigmatización (ejemplos: "gobierno ciego", "político autista");

 •  Erradicar estereotipos vinculados, por ejemplo, a la presunta "inferioridad" y "improductividad", y destacar, por el contrario, su capacidad de acción, organizativa, autónoma y social de las personas con discapacidades;

 •  Referirse a la inclusión, no a la integración de esa franja población al debido a que la inclusión conlleva responsabilidad colectiva y plantea entornos para todos y todas;

 • Apelar a as personas con discapacidad como fuentes de todos los temas a ser informados;

 • Comunicar los "contextos particulares" de la discapacidad, que pueden incrementar -o no- las dificultades en el acceso y ejercicio de derechos (ejemplo: situación de pobreza, pueblos originarios y colectivo LGTTTBIQ+); e

 • incorporar perspectiva de género.

"En los medios públicos estamos llevando adelante fuertes políticas de inclusión y estamos muy ocupados en ver cómo transmitir a la sociedad algunas cuestiones que son muy sensibles para todos. Este protocolo que presentamos hoy apunta justamente a eso: a desarrollar una comunicación inclusiva y accesible sobre la discapacidad, alejada de todo tipo de prejuicio o estigmatización", señaló el secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco "Pancho" Meritello.

El funcionario encabezó la presentación vía web de las Recomendaciones junto a Fernando Galarraga, director de la ANDIS; Miriam Lewin, defensora del Público, y Claudio Martínez, subsecretario de Medios Públicos.

En representación de los medios públicos, estuvieron presentes la presidenta de la agencia de noticias Télam, Bernarda Llorente; su par en Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano; y la gerenta general de Encuentro, Pakapaka, DeporTV y Cont.ar, Jésica Tritten.

"Para nosotros, es central generar este tipo de políticas públicas en nuestros medios. Es un momento donde estamos aprendiendo a renombrar las cosas, ahora no hablamos más de discapacitados sino personas con discapacidad. Es un aprendizaje que se articula con el derecho a ser percibido y ser nombrado de modo respetuoso. Los medios públicos buscan ser el ejemplo, estamos tratando de impulsar la ética de la palabra", destacó Martínez.

Por su parte, Llorente sostuvo que, "por impulso de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, los medios públicos estamos avanzando en una cuestión fundamental: representar y dar participación, no solo en el acceso sino también en la producción de información, a todos los colectivos, entre ellos, los integrados por las personas con discapacidades".

Llorente entendió que las flamantes Recomendaciones "se convertirán en una gran herramienta para nosotros (por los medios públicos) y para el resto de los medios", e indicó que "precisar el lenguaje para dar cuenta de las realidades diversas de las personas con discapacidad es también construir conciencia y cultura".

Para Galarraga, "al modificar prácticas en el lenguaje en los medios de comunicación podemos promover la transformación cultural de la sociedad, adoptar prácticas cotidianas, y en definitiva nuevas conductas y miradas en relación a la discapacidad".

"Hoy todavía predominan miradas que rotulan y condicionan prácticas sociales. Sabiendo todo esto, el rol de los medios públicos es clave para lograr tener un impacto decisivo en las audiencias. Esperamos que esa influencia llegue también a los privados", añadió.

Además de nuevas formas de nominar las discapacidades, el protocolo oficial propone pautas y recomendaciones para desarrollar una comunicación inclusiva y accesible.

En tal sentido, ofrece información sobre el Modelo Social de la Discapacidad, comunicación con perspectiva de derechos humanos, el marco normativo de referencia y datos estadísticos sobre la población argentina en situación de discapacidad.

También contiene sugerencias sobre el uso correcto del lenguaje, la eliminación de estereotipos, la realización de entrevistas a las personas con discapacidad y la producción de contenidos comunicacionales accesibles.

"En términos de comunicación, se recomienda en este trabajo que los medios garanticen la accesibilidad en sus contenidos y velen por la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Estos preceptos son obligatorios para aquellos comprendidos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 26.522", sostiene el documento.

Qué es el modelo social de la discapacidad, que en Argentina tiene rango constitucional desde 2008

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 por Naciones Unidas y fue concebida como un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social.

En ella se adopta una amplia clasificación de las personas con discapacidad y se reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

A lo largo de su articulado, la Convención aclara y precisa cómo se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de derechos y se indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus derechos y las esferas en las que se han vulnerado esos derechos y en las que debe reforzarse la protección de los derechos.

La Convención fue aprobada en la Argentina a través de la Ley 26.378, durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y es uno de los Tratados Internacionales con Jerarquía Constitucional que integran la Carta Magna de la Argentina.

Una de las novedades que introdujo la Convención fue redefinir el concepto de la "discapacidad", al entenderla como una construcción social, basada en el acceso con equidad a los derechos humanos.

La consecuencia directa de esa reflexión fue acuñar el "modelo social de la discapacidad", el cual se centra en los procesos de interacción entre las personas con discapacidad y su entorno: principalmente en la movilidad, la libre comunicación y el acceso a la información.

Su Artículo 21 se centra en la libertad de expresión y de opinión y acceso a la información, que asiste a las personas con discapacidad.

Al respecto señala:

"Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida, la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Convención, entre ellas:

a) Facilitar las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad;

b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales;

c) Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso;

d) Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a través de Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con discapacidad;

e) Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas".

La Convención tiene una importancia estratégica y singular para la promoción de los derechos humanos.

Ocurre que una de cada 10 personas que habita la Argentina lo hace en situación de discapacidad, de acuerdo con el Esgudio del Perfil de las Personas con Discapacidad, elaborado en el 2018 y considerado el índice de referencia en esta temática.

En tanto, el Registro de Personas con Discapacidad, que es elaborado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que está conformado por quienes tienen el Certificado Único de Discapacidad -un documento voluntario-, reunió hasta el 1 de marzo de este año a casi 1,38 millón de personas.

El 40,3 por ciento de ellas reside en la Provincia de Buenos Aires; el 8,7 por ciento, en la Ciudad de Buenos Aires; el 8 por ciento, en Santa Fe. Casi la mitad (45 por ciento) son mujeres.

Con todo, en septiembre de 2018, se incorporaron dos nuevas variables que buscan dar respuesta a la perspectiva de género: otros y trnasexual; al día de hoy, 62 se identificaron entre las segundas y 39, entre las primeras.

Las dificultades, sino imposibilidades, que todavía tiene el colectivo para avanzar en su inclusión laboral quedan de manifiesto a partir del hecho de que apenas el 11,2 por ciento de las mujeres y el 16,1 por ciento de los varones trabaja.

Casi la mitad (48,5 por ciento) de las personas con discapacidad tiene obra social; el 17,8 por ciento accese al sistema público; el 12 por ciento está afiliado al PAMI; el 8,6 por ciento es asistido por progrmaas nacionales y/o de salud; y solo el 4,9 por ciento cuenta con medicina prepaga.

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