Latinoamérica

20-03-2021 12:43 - El Salvador

El caso Manuela expone las dramáticas consecuencias de la criminalización del aborto

La mujer salvadoreña murió en prisión condenada por homicidio tras sufrir espontáneamente un parto fallido. Su país es uno de los cinco estados latinoamericanos que prohíbe la interrupción del embarazo sin excepciones.

Por Marianela Mayer
Por Marianela Mayer
20-03-2021 | 12:43
Con una de las leyes antiaborto ms estrictas del mundo las mujeres salvadoreas temen acudir a los hospitales cuando tienen una complicacin obsttrica en detrimento de su salud o a veces su vida
Con una de las leyes antiaborto más estrictas del mundo, las mujeres salvadoreñas temen acudir a los hospitales cuando tienen una complicación obstétrica "en detrimento de su salud o, a veces, su vida".

El tratamiento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Manuela -una salvadoreña que murió en prisión condenada por homicidio agravado cuando había sufrido un parto precipitado- puso de manifiesto las dramáticas consecuencias de la penalización del aborto en uno de los cinco países latinoamericanos que prohíbe la interrupción del embarazo de manera absoluta, donde el dilema de "la cárcel o la muerte no es broma", según afirmó a Télam la activista feminista salvadoreña Morena Herrera.


El caso


A comienzo de 2008, Manuela, una mujer pobre y analfabeta de 31 años que vivía en una zona rural del departamento de Morazán, en el este de El Salvador, atravesaba el tercer trimestre de su tercer embarazo.

El 27 de febrero sufrió un fuerte dolor abdominal que la obligó a ir a la letrina de su casa, donde se desmayó sin saber que había sufrido una emergencia obstétrica.

Al llegar al hospital, con una fuerte hemorragia y síntomas de preeclampsia (complicación del embarazo), el personal sanitario retardó la atención médica, la acusó de provocarse un aborto para esconder una supuesta infidelidad y llamó a la Policía, que la esposó a una camilla y comenzó a interrogarla sin un abogado.

Seis meses más tarde, en un proceso judicial exprés, la Justicia la condenó a 30 años de cárcel por homicidio agravado. Dos años después, murió por cáncer linfático, esposada a la camilla de un hospital.

Ese mismo cáncer, por el que Manuela ya había hecho consultas por indicios en 2007 y no le fue diagnosticado correctamente, habría sido la causa de su emergencia obstétrica, según las organizaciones que llevaron su caso ante el ente de la Organización de Estados Americanos (OEA).


La intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos


La Corte IDH realizó el pasado 10 y 11 de marzo las audiencias públicas para escuchar a las partes -la familia de Manuela y asociaciones versus el Estado salvadoreño- en un caso inédito para este tribunal.

El proceso se da casi diez años después de que las agrupaciones demandantes lo presentaran en 2012 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un año después de agotar los recursos legales en la justicia salvadoreña.

En 2019, la CIDH elevó el caso a la corte al concluir que el "Estado salvadoreño es responsable por la violación estructural y sistemática de los derechos a la vida, libertad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial y derecho a la salud" de Manuela.

El fallo, que podría demorar de seis meses a un año, será determinante no sólo para la familia de Manuela, sino para todas las mujeres que sufren el mismo tipo de criminalización.

"Identificamos al menos 181 mujeres que han pasado por un tránsito parecido. No todas condenadas a 30 años de cárcel, pero sí denunciadas en los hospitales y procesadas: algunas por aborto y otras condenadas por homicidio agravado", precisó Herrera, coordinadora de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico Ético y Eugenésico, una de las partes querellantes.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos intervino en el caso
La Corte Interamericana de Derechos Humanos intervino en el caso


"En El Salvador, el dilema de la muerte o la cárcel no es broma"


Si bien el Código Penal salvadoreño prohíbe cualquier tipo de aborto con penas de hasta ocho años de prisión, fiscales y jueces tipifican los casos de interrupción del embarazo, incluso los involuntarios, como "homicidio agravado", sancionado con hasta 50 años.

Con una de las leyes antiaborto más estrictas del mundo, las mujeres salvadoreñas temen acudir a los hospitales cuando tienen una complicación obstétrica "en detrimento de su salud o, a veces, su vida" por la inseguridad jurídica del personal de salud, que padece una "presión" para denunciar, explicó Herrera.

En el país, un 28% del total de los embarazos fue de menores entre 10 y 19 años, según los últimos datos del Ministerio de Salud salvadoreño, de las cuales sólo un 5,4% fue registrada en centros escolares.

"Desde hace varios años, el suicidio es la primera causa indirecta de muerte materna en mujeres adolescentes, lo cual refleja que enfrentan embarazos impuestos o no deseados sin ninguna opción y buscan la de la muerte", lamentó la defensora de derechos humanos.

"En El Salvador, el dilema de la muerte o la cárcel no es broma", sentenció.

Morena Herrera activista feminista
Morena Herrera, activista feminista.

Ante esta situación, las organizaciones querellantes pidieron a la Corte IDH que reconozca el contexto de penalización absoluta del aborto en el caso Manuela, ya que, según Herrera, esto no ocurre en "abstracto", sino "en una sociedad que persigue, castiga y condena a las mujeres".

Más allá de la sentencia, la activista destacó la importancia de que la historia de Manuela sea escuchada por este tribunal regional.

La defensa busca que la corte reconozca la cadena de violaciones de derechos humanos sufrida por Manuela, que tome medidas de reparación integral a su familia y también de no repetición, para evitar nuevos casos como el suyo.

Un precedente que podría ser emblemático no sólo para El Salvador, sino para los 24 países que ratificaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que la sentencia de la Corte IDH supondría crear estándares de obligatorio cumplimiento para todos los signatarios.

La defensa busca que la corte reconozca la cadena de violaciones de derechos humanos sufrida por Manuela, que tome medidas de reparación integral a su familia y también de no repetición

"Mi mamá fue penada a 30 años. A mi abuelo lo hicieron firmar un documento cuando él no sabe leer ni escribir y no sabía qué firmaba y que la incriminaba. A mi abuela la amenazaron con meterla presa. Nos dejaron huérfanos a mi hermano y a mí. A mi mamá le pegó una pena moral y se murió", contó en una rueda de prensa previa a la audiencia Santos de Jesús, de 21 años, el hijo mayor de Manuela.

"No quiero que pase esto (a otra familia) porque uno sufre. Tenemos a mi abuela, pero no es lo mismo el amor de la mamá. Nosotros no queremos que esto le pase a otra mujer", expresó.

Herrera, por su parte, se mostró optimista con el proceso de Manuela y ante el impacto que el veredicto podría tener en el país.

"Pensamos que al Gobierno de (Nayib) Bukele le importa bastante su imagen internacional y eso podemos convertirlo en un factor a favor, pero también esperamos que entienda que le toca reparar los errores del pasado", señaló y concluyó: "Él lo ha dicho en otras cosas y ahora lo puede hacer porque tiene el Congreso con mayoría, entonces hoy no tienen excusa".

Un juicio plagado de irregularidades y estereotipos de género

Manuela tuvo un juicio exprés cargado de irregularidades y estereotipos de género que le valieron una condena a 30 años de cárcel por homicidio agravado, pese a haber sufrido una emergencia obstétrica, denunciaron las organizaciones que demandaron al Estado salvadoreño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Si bien llegó al hospital con pérdida de sangre y signos de preeclampsia, el personal de salud retrasó la atención y la acusó de "provocarse un aborto para esconder una supuesta infidelidad", tal como reza el parte médico y la sentencia condenatoria, que también agrega que “fue una mujer que no actuó en consecuencia con su instinto maternal de salvar a la criatura”.

"De febrero a agosto de 2008, ella fue denunciada y condenada a 30 años: un proceso judicial rapidísimo", señaló a Télam Morena Herrera, coordinadora de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico Ético y Eugenésico, una de las partes querellantes.

Según la activista feminista, la defensa de Manuela fue también ineficaz: le cambiaron varias veces al defensor público y no le garantizaron el derecho a la defensa ni tampoco apelaron a su condena.

Además, las asociaciones denuncian que la imputaron con pruebas falsas y el expediente clínico tenía información falsa basada en estigmas de género.

"Obligaron al padre de Manuela a poner las huellas dactilares en un documento que lo usaron como acusatorio, como que el padre estaba denunciando a la hija, y el señor no sabe leer ni escribir", explicó Herrera.

La defensora de derechos humanos indicó que también lo forzaron a poner un acta de defunción, en la que dieron un nombre al feto, para "construir una víctima", mientras que le hicieron creer que beneficiaría a su hija.

La madre de Manuela fue, asimismo, amenazada con la cárcel, a la vez que fue sometida a inspecciones anales y vaginales al querer visitar a su hija en la prisión y sufrió intimidaciones para abstenerse de dichas visitas, señaló la defensa en su petitorio ante la Corte IDH.

Los escasos recursos de la familia llevaron a los padres a buscar trabajos extra y vender la tierra que tenían a bajo precio para poder visitarla y llevarle comida una vez al mes.

Tras su muerte por cáncer linfático en 2010, tuvieron que trabajar aún más para trasladar el cadáver de Manuela hasta el cementerio local y enterrarla cerca de su hijo.

"A traerla muerta fui. Es duro lo que me pasó a mí, Dios guarde, nadie aguanta eso", lamentó su madre en una entrevista con el medio digital Alharaca.

Además de negarle el acceso a la salud por no recibir nunca el tratamiento oportuno y requerido para el linfoma de Hodgkin que padecía, Herrera destacó que el Estado salvadoreño le negó el derecho a la libertad que tenía Manuela por sufrir una enfermedad terminal.

"Con custodia y esposada a una camilla en el pabellón de presos del hospital, así muere", detalló.

Con su fallecimiento, Manuela dejó huérfanos a dos hijos, entonces de siete y nueve años, cuyo padre los había abandonado años atrás.

Ni las asociaciones ni la familia saben si el embarazo de Manuela fue producto de una relación consensuada o de una relación violenta.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó en su informe que el Estado salvadoreño es responsable por la violación del derecho a la vida, libertad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial y derecho a la salud de Manuela.

Si el fallo de la Corte IDH se da finalmente en la misma línea, generaría jurisprudencia en el camino a la despenalización del aborto y contribuiría a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en los 25 países latinoamericanos que ratificaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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