Aumenta a 79 la cifra de presos muertos en cárceles y Arauz responsabiliza al Gobierno

Los motines simultáneos registrados desde el martes en cuatro cárceles de Ecuador, que dejaron al menos 79 presos fallecidos, generaron duros cuestionamientos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se convirtieron en temas de campaña, con los dos candidatos del balotaje, Andrés Arauz y Guillermo Lasso, prometiendo profundas reformas al sistema.

El último balance del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) dio cuenta de 37 fallecidos en dos penitenciarías de Guayaquil, 34 en una cárcel de Cuenca y ocho en la de Latacunga.

El director del SNAI, Edmundo Moncayo, descartó víctimas mortales entre el cuerpo de custodia, pero habló de "policías que han sido heridos", sin precisar el número.

El ente indicó en un comunicado que "se encuentra controlada" la situación en las cárceles de Guayaquil, Cuenca y Latacunga que fueron escenarios de las violentas revueltas, y que concentran un 70% de la población carcelaria de Ecuador, precisó la agencia de noticias AFP.

La Defensoría del Pueblo tildó de "masacre sin precedentes" los amotinamientos, que también dejan reclusos heridos, según autoridades.

Ante la situación, el presidente Lenín Moreno ordenó al Ministerio de Defensa "ejercer un estricto control de armas, municiones y explosivos en los perímetros exteriores" a las cárceles.

El mandatario debió declarar estados de excepción para el sistema carcelario y movilizar a los militares en 2019 y 2020 para fortalecer el resguardo ante el alto grado de violencia.

Las revueltas llevaron a la renuncia del número dos del SNAI, Orlando Jácome, y a que Moreno ordenara a la cartera de Finanzas que disponga presupuesto para atender la situación de los penales.

En este contexto, el candidato correísta y ganador de la primera vuelta en las últimas elecciones presidenciales, Arauz, responsabilizó a Moreno por los "lamentables episodios de amotinamientos, violencia y muerte".

El postulante recordó que durante el Gobierno de Rafael Correa existía un comité que ser reunía cada semana para analizar la situación carcelaria en el país.

“Ahí intervenían policías, ministerios, militares y otros cuerpos de seguridad del Ecuador y todo el mundo se enteraba lo que sucedía, inclusive había una coordinación con fuerzas municipales. Ahora todo eso ha sido desmantelado", manifestó.

También Lasso, su rival en el balotaje del 11 de abril, prometió que un eventual gobierno suyo reformaría el sistema penitenciario “para evitar el exceso de personas privadas de la libertad en las cárceles” y “acabar con las mafias nacionales e internacionales, que operan desde adentro” de los centros de rehabilitación social.

“La reforma del sistema penitenciario puede costar mucho dinero al país, pero la administración del actual sistema ha resultado imposible por el hacinamiento en las cárceles del país y eso está causando lo que nadie quiere: las muertes de los presos”, manifestó Lasso, candidato de la alianza Creo-PSC.

Ecuador tiene unas 60 prisiones, con capacidad para albergar a 29.000 personas y en las que hay una superpoblación de 30% (38.000 reclusos). El propio cuerpo de seguridad comprende unos 1.500 guardias, registrándose un déficit de por lo menos 2.500 custodios.

En medio de la pandemia del Covid-19 y para disminuir la cantidad de presos, Ecuador aplicó el año pasado medidas sustitutivas para quienes cumplían penas por delitos menores, con lo que logró bajar de 42% a 30% la cantidad de reos.

El cuadro de situación llevó este miércoles a que la oficina de la ONU en Quito y la CIDH reclamaran al Ejecutivo que gestiones los penales “de acuerdo con los estándares previstos por la ley y de los tratados internacionales”, refirió el diario El Comercio.

Mediante las redes sociales, la CIDH lamentó "lo ocurrido en diversos centros de rehabilitación social”, y destacó “el deber jurídico ineludible que tienen los Estados de adoptar acciones concretas para garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y a la seguridad de las personas privadas de la libertad".

La Comisión pidió asimismo a Ecuador investigar con la necesaria precisión los hechos, adoptando medidas que eviten su repetición con el aumento de la seguridad y la vigilancia en los centros de rehabilitación y la prevención de las acciones de las organizaciones criminales en su interior".

La ONU, en tanto, exigió al Estado "una investigación rápida e imparcial", la punición prevista para los responsables, y “una gestión de la crisis coherente con los estándares de la Constitución y con los tratados internacionales sobre derechos humanos".