23/02/2021 tras el acuerdo de 2016

Justicia de paz: bajo ataque constante, avanza lento y de manera desigual en Colombia

Desde mediados de 2018 la JEP busca justicia y reparacin para las vctimas; verdad para todo la sociedad, y un marco jurdico que garantice una paz estable y duradera-, pero solo tiene 15 aos para lograrlo, 20 si consigue una extensin.

Por Mara Laura Carpineta

Según los militantes de Derechos Humanos la JEP solo apunta a las responsabilidades individuales en las Fuerzas Armadas.
Segn los militantes de Derechos Humanos la JEP solo apunta a las responsabilidades individuales en las Fuerzas Armadas.


Las cortes creadas para buscar justicia y verdad despus de un conflicto armado suelen ser el corazn de la resolucin pacfica, la base que garantiza su sustentabilidad; y en el caso de Colombia, esta base, la Jurisdiccin Especial para la Paz (JEP), est tironeada entre un oficialismo y un Estado que critican los acuerdos de paz y tratan de sacar provecho de sus lagunas legales, y las vctimas y organizaciones que piden ms celeridad e imparcialidad.

El acuerdo de paz entr en vigencia a finales de 2016, pero la JEP recin consigui los avales legales necesarios y se constituy plenamente a mediados de 2018. Su misin es gigantesca -justicia y reparacin para las vctimas; verdad para todo la sociedad, y un marco jurdico que garantice una paz estable y duradera-, pero solo tiene 15 aos para lograrlo, 20 si consigue una extensin.

El organismo recién comenzó a funcionar totalmente a mediados de 2018.
El organismo recin comenz a funcionar totalmente a mediados de 2018.


Adems, supone una experiencia de justicia transicional indita en Colombia, en donde la ltima desmovilizacin masiva acordada fue del principal grupo paramilitar durante el Gobierno del expresidente lvaro Uribe y termin con los mximos lderes extraditados en medio de la noche a Estados Unidos con cargos de narcotrfico justo cuando comenzaban a hablar sobre sus crmenes en las cortes nacionales.

Las cifras que dej el conflicto

Segn el Centro Nacional de Memoria Histrica, en el conflicto interno, entre 1958 y 2016, murieron ms de 262.000 personas, unas 80.000 siguen desaparecidas, 8 millones desplazadas y an no pudieron regresar a sus hogares y al menos 37.000 fueron secuestradas.

Pese al relato histrico que defiende el Estado colombiano, las FARC no son sindicadas como responsables de la mayora de los muertos ni de los secuestros.

La JEP informó este mes que relevó más de 6.400 ejecuciones extrajudiciales a manos de los militares.
La JEP inform este mes que relev ms de 6.400 ejecuciones extrajudiciales a manos de los militares.


La JEP inform este mes que relev ms de 6.400 ejecuciones extrajudiciales a manos de los militares durante el Gobierno de lvaro Uribe, una cifra que triplica lo que el Estado haba reconocido hasta ahora y hasta supera lo denunciado por organizaciones de vctimas.

El anuncio volvi a poner a la JEP en el centro del tironeo poltico colombiano: Uribe la acus de "sesgada" y pidi una reforma de las cortes y el jefe de las Fuerzas Armadas advirti sobre "vboras venenosas y perversas" que atacan a los militares, mientras que la oposicin aplaudi a la corte especial y pidi una condena acorde y rpida.

(S)La voz desde el campo de los Derechos Humanos(S9
Apenas unos das antes, Pilar Castillo, abogada de la organizacin Minga y representante ante la JEP de vctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas armadas haba hablado con Tlam y destacado el trato hasta ahora preferencial que haban recibido los militares sobre los exguerrilleros de las FARC.

"Uno de los principales incentivos de la JEP son los beneficios como la libertad transitoria y estos se dieron de manera rpida y masiva a miembros de las fuerzas pblicas, mientras algunos de los excombatientes de las FARC aun esperan", explic.



"Adems, la primera y nica resolucin hasta ahora de la jurisdiccin de paz se dio en un proceso contra las exFARC, en el que todas las declaraciones de los exguerrilleros fueron pblicas y se difundieron por la televisin para que toda la poblacin pueda conocer esas versiones. Por el contrario, en el caso de miembros de las fuerzas pblicas se trata de proteger de manera muy hermtica sus declaraciones al punto que no se permite que las vctimas estn en la misma sala que los comparecientes", agreg.

La otra preocupacin de las organizaciones que impulsan las causas contra los militares es que hasta ahora la JEP no ha dado seales de estar apuntando ms all de responsabilidades individuales dentro de las Fuerzas Armadas y la Polica.

"Tenamos la esperanza conservadora que el valor agregado de la JEP era tocar a aquellas personas que la jurisdiccin ordinaria no quiso tocar, es decir, los mximos responsables. Porque en Colombia, cuando se quiere juzgar a un general de la Repblica se debe hacer con fiscales de alto rango ante la corte", asegur. "Esperbamos entonces que se llame a declarar a comandantes ya que hay versiones libres que dan cuenta que no eran manzanas podridas, como siempre se ha dicho, sino que eran parte de una poltica de Estado. Y ahora vemos que si no han sido llamados a declarar, mucho menos van a ser mencionados en una resolucin (condena)", aadi.

La JEP no ha mostrado la misma celeridad en investigar los crmenes de las fuerzas pblicas y estas tampoco han mostrado la misma autocrtica que las exFARC.

"Las FARC estn cumpliendo con su promesa y estn revelando muchas de sus acciones, incluso algunas de las que siempre se dud si eran ellos, y efectivamente lo hicieron y lo dicen para colaborar con la reparacin, como el asesinato de lvaro Gmez Hurtado, un antecesor directo de Uribe desde lo ideolgico. En todo este proceso los exguerrilleros pidieron disculpas a sus vctimas y sus familiares, cosa que los agentes del Estado jams hicieron", destac en una entrevista con Tlam Julio Csar Hincapi Betancourth, integrante del Movimiento de victimas de crmenes de Estado (Movice).

"El silencio de la ultraderecha tiene un solo nombre: con el Gobierno de (Ivn) Duque empez la poltica negacionista del conflicto. Por ejemplo, van a establecer un museo de la memoria, que en la puerta va a tener un monumento de militares vctimas del conflicto", agreg.

Las crticas desde el oficialismo

Pero mientras desde el campo de los derechos humanos se critica la falta de celeridad de la JEP, desde el oficialismo y el Estado los ataques han estado dirigidos a debilitar an ms a las cortes especiales.

El ao pasado Duque asegur que la JEP no debera permitir que paramilitares declaren, lo que fue rechazado tanto por las autoridades de las cortes especiales como por la oposicin.

Este mes, el mandatario volvi a la carga y asegur que "duele" cuando "la invocacin de la palabra paz trae consigo la palabra impunidad" en referencia a la primera resolucin de la JEP contra la cpula de la extinta guerrilla FARC.

La tensin escal a tal punto que el presidente de la JEP, el juez Eduardo Cifuentes, le contest pblicamente: "No es competencia del presidente Ivn Duque instruir a la JEP sobre cmo debe sancionar a los imputados de las FARC".

En este contexto de ataques, la Fiscala General de la Nacin anunci una decisin que termin desnudando an ms las debilidades institucionales de la JEP y, segn Castillo, operando a favor de la impunidad, que tanto dice combatir el Gobierno.

"La Fiscala General orden que, mientras no se resolviera la competencia de la JEP, los casos de ejecuciones extrajudiciales quedarn suspendidos. Qu significa esto? Que los casos quedaron suspendidos en la Justicia ordinaria mientras, en la mayora de los mismos casos, la JEP no decidi si va a asumir su competencia. En otras palabras, quedan en un limbo judicial", denunci la abogada.