Latinoamérica
16-01-2021 18:08 - conflicto territorial
La tensión entre Venezuela y Guyana crece con nuevos actores externos y el atractivo del petróleo
Se trata de una vieja disputa por el control de una sector continental y una zona marítima a la que se le agrega el descubrimiento reciente de importantes reservas petroleras en Guyana.
Por Alejandro J. Lomuto
16-01-2021 | 18:08
Los ejercicios militares de Guyana y un decreto de Venezuela que reivindica derechos soberanos sobre aguas adyacentes a la costa guyanesa, más las consecuentes protestas recíprocas de los presidentes Irfaan Alí y Nicolás Maduro, caldearon en los primeros días del año un conflicto en el que ambos países ya no están solos.
De hecho, las fuerzas navales de Guyana realizaron esas maniobras junto a las de Estados Unidos, con la simbólica presencia del jefe del Comando Sur norteamericano, el almirante Craig Faller.
Guyana y Estados Unidos acordaron en septiembre establecer un patrullaje conjunto de la costa guyanesa con el fin de impedir el tráfico de drogas en la frontera con Venezuela, en momentos en que la petrolera estadounidense Exxon está aumentando la producción de petróleo en aguas reclamadas por Caracas.
La zona en disputa
Basada en un mapa de la corona de España del siglo XVIII, Venezuela reivindica como propio desde 1844 el territorio del Esequibo o Guayana Esequiba, una superficie de 159.542 kilómetros cuadrados, equivalente a 74,2% de los 214.970 kilómetros cuadrados en poder de Guyana y que nunca estuvo bajo soberanía efectiva española ni venezolana.
Caracas y Georgetown buscaron resolver el conflicto mediante vías que no dieron resultado -un arbitraje en 1899, el Acuerdo de Ginebra de 1966 que promovió negociaciones bilaterales y la gestión de buenos oficios de la ONU, a partir de 1987- pero sin que el asunto se convirtiera en un foco de tensión preocupante para ambos países ni, por lo tanto, para la región.
Los hidrocarburos
La situación comenzó a cambiar en 2015, cuando la empresa estadounidense Exxon anunció el descubrimiento de petróleo en el bloque Stabroek, en el océano Atlántico que, según el Gobierno de Guyana, contiene reservas por 700 millones de barriles y, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, es la segunda mayor área del mundo con crudo sin explorar.
Maduro reaccionó rechazando por primera vez una concesión otorgada por Guyana en el área en disputa y decretando la creación de cuatro cuatro “zonas de defensa integral marítima e insular”, una de las cuales abarca el área “en reclamación”.
Esa posición venezolana fue cuestionada no solo por Guyana, sino también por su vecina Surinam y por la Comunidad del Caribe (Caricom).
El anterior ministro de Recursos Naturales de Guyana, Raphael Trotman, estimó que el valor de esa reserva puede llegar a 40.000 millones de dólares, equivalente a más de 10 veces el PBI del país.
Eso llevó a que el Banco Mundial proyectara que Guyana sería el país con mayor crecimiento económico en 2020 y a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuantificara esa evolución en 86%, en medio del impacto global negativo provocado por la pandemia de coronavirus.
Las acciones internacionales
En ese contexto y ante el fracaso de la gestión de buenos oficios de la ONU -paralizada tras la muerte en 2014 de su último jefe-, Guyana anunció que no estaba interesada en reactivar ese proceso y que “la única opción” para resolver el diferendo era llevarlo a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya.
El caso llegó a la CIJ a fines de junio, pocos días después de que Venezuela notificara al tribunal que no le reconocía competencia para resolverlo. A fines de diciembre, sin embargo, el tribunal se declaró competente para entender en la controversia.
En el ínterin, fue tomando posición en el conflicto un número creciente de actores externos.
La Caricom ratificó en 2019 su apoyo a “la soberanía e integridad territorial” de Guyana y el martes pasado, en una reunión extraordinaria de los jefes de gobierno de sus integrantes, manifestó su “profunda preocupación” por el decreto y las declaraciones de autoridades venezolanas en los días previos.
Desde 2019, también Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y el Grupo de Lima se pronunciaron a favor de Guyana y Washington apoyó además la decisión de la CIJ.
Un informe del diario digital sudafricano Daily Maverick, publicado hace poco más de un mes, vinculó con intereses de empresas británicas del sector petrolero el apoyo del Reino Unido a la posición de Guyana y al "gobierno interino" declarado por la oposición venezolana, encabezado por Juan Guaidó y reconocido por 59 países.
Maduro dijo que Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido “se han confabulado para apoyar a Guyana pero no podrán con la diplomacia bolivariana, con la verdad de Venezuela, que se impondrá para hacer cumplir el Acuerdo de Ginebra de 1966”.
Dentro de Venezuela, el gobierno paralelo de Guaidó y varias ONG rechazaron la decisión de la CIJ, y el primer sector coincidió con Maduro en que “el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único instrumento jurídico, político y diplomático que promueve una solución práctica y satisfactoria para las partes”.
En un comunicado divulgado el martes, sostuvo que Maduro y su antecesor, Hugo Chávez, “nunca defendieron el Esequibo” y “con esa conducta contraria a los intereses de Venezuela ellos colocaron en riesgo la integridad territorial y promovieron la pérdida de la soberanía de la nación”.
En tanto, el presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri), Kenneth Ramírez, opinó que “el Acuerdo de Ginebra es un tratado vigente desde 1966”, por lo que “no tiene ningún sentido proponer activarlo”, y reclamó “una posición de Estado, más allá de consignas vacías, lugares comunes y efectismo político”, porque la situación es “muy delicada”.
