27/11/2020 corrupcin

Condenaron a prisin en Venezuela a seis ejecutivos petroleros estadounidenses

Los exdirectivos Tomeu Vadell, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas, José Luis Zambrano y Alirio Zambrano deberán cumplir sentencia de 8 años y 10 meses por "concierto de funcionario con contratista" y "asociación para delinquir".

"El fallo no tiene asidero práctico o jurídico", dijo el abogado de Tomeu Vadell, uno de los condenados.
"El fallo no tiene asidero prctico o jurdico", dijo el abogado de Tomeu Vadell, uno de los condenados.
 
Seis estadounidenses exejecutivos de Citgo, filial de la petrolera estatal PDVSA en Estados Unidos, fueron condenados en Venezuela a penas de prisión de 8 a 13 años por corrupción, informó este jueves a la noche el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano.

Washington ha pedido a Venezuela en reiteradas ocasiones la liberación de los exdirectivos, detenidos en noviembre de 2017.

José Pereira Ruimwyk, expresidente de Citgo, recibió una pena de 13 años y 7 meses de prisión en una corte de Caracas por los delitos "peculado doloso", "concierto de funcionario con contratista" y "asociación para delinquir".

Además, se le impuso una multa de 2 millones de dólares, 40% del "valor de los bienes objeto del delito", según una nota del TSJ, citada por la agencia de noticias AFP.

Los exdirectivos Tomeu Vadell, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas, José Luis Zambrano y Alirio Zambrano deberán cumplir sentencia de 8 años y 10 meses por "concierto de funcionario con contratista" y "asociación para delinquir", agregó el texto.

Pereira Ruimwyk es venezolano con residencia en Estados Unidos. El resto de los condenados tienen doble nacionalidad venezolano-estadounidense.

Al menos uno de los condenados apelará, dijo su defensa.

"El fallo no tiene asidero práctico o jurídico", dijo el abogado de Vadell, Jesús Loreto.

"Voy a apelar porque es lo que procede y porque es mi obligación", dijo pese a expresar su "desconfianza" en el sistema legal venezolano, que considera politizado.

La sentencia también inhabilitó a los exejecutivos para el ejercicio de cualquier "función pública" en el futuro, añadió el TSJ.

El fiscal general venezolano, Tarek Tarek Saab, acusó a los directivos de haber firmado contratos que "comprometían el patrimonio nacional".

Las familias de los exejecutivos, en tanto, niegan las acusaciones.

"Seguimos negando los cargos. Estamos tristes y decepcionados porque hoy no se hizo justicia", comentó a la AFP Verónica Vadell, hija del exdirectivo representado por Loreto.

En medio de los constantes llamados de Estados Unidos a su excarcelación, el exdiplomático demócrata Bill Richardson viajó al país caribeño para abogar por los seis detenidos.

Consiguió que Cárdenas y Toledo pasaran a prisión domiciliaria a finales de julio pasado, pero los demás expetroleros siguen recluidos en El Helicoide, el principal cuartel del servicio de inteligencia (SEBIN) en Caracas.

Loreto aseguró que su defendido ha vivido el tiempo en prisión con "estoicismo", aunque "frustrado y triste por el dolor de su familia".

El jefe de la diplomacia de la saliente administración de Donald Trump, Mike Pompeo, consideró entonces que las condiciones de reclusión de los cuatro que permanecen en El Helicoide "cada vez son más peligrosas" debido a la pandemia de coronavirus.

La situación, expresó el Departamento de Estado, "amenaza sus vidas".

Richardson se reunió con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien la Casa Blanca desconoce en su respaldo al líder legislativo Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de medio centenar de países.

Ello después de que la mayoría opositora del Parlamento declarara "usurpador" a Maduro acusándole de haber sido reelegido fraudulentamente.

Tras reconocerlo en 2019, Washington entregó a Guaidó el control de Citgo.

El Departamento del Tesoro estadounidense emitió medidas de protección que bloquean cualquier intento de los acreedores de esta filial de PDVSA de incautar sus acciones para resarcir deudas, luego de quedar a un paso de ser confiscada por un fallo a favor de la compañía canadiense Crystallex por la estatización de una mina en Venezuela en 2011.