Sociedad
Esperan que la Corte Suprema se pronuncie sobre la condena al sacerdote Ilarraz
Deberá expedirse sobre la condena a Justo José Ilarraz a 25 años de prisión efectiva por abuso y corrupción de niños y adolescentes de entre 10 y 14 años, luego de que en septiembre la Justicia diera lugar al recurso de impugnación presentado por su defensor.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá expedirse sobre la condena al sacerdote Justo José Ilarraz a 25 años de prisión efectiva por abuso y corrupción de niños y adolescentes de entre 10 y 14 años, luego de que en septiembre pasado la Justicia diera lugar al recurso de impugnación presentado por su defensor.
Los jueces de Entre Ríos Bernardo Salduna, Susana Medina y Juan Ramón Smaldone dieron lugar al pedido del abogado Jorge Muñoz, representante de Ilarraz, de que la Corte Suprema se expida sobre la prescripción de los delitos.
"No podemos dejar de lado un hecho evidente: sobre la prescripción en cierto tipo de delitos existen pronunciamientos jurisprudenciales disímiles e incluso contradictorios", dijo Salduna al justificar su aprobación.
En ese sentido, pidió a la Corte que se pronuncie de forma "imperiosa e impostergable en la sensible temática que convoca" y así dilucidar "definitivamente la cuestión, fijar doctrina legal y que sirva de directriz para todos los Tribunales del país".
El 21 de mayo de 2018, los jueces Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel lo condenaron por unanimidad a la pena máxima que establecía el Código Penal de ese entonces.
La prisión preventiva para Ilarraz, bajo la modalidad de arresto domiciliario, la cumple en un departamento ubicado en calle Corrientes de Paraná, a menos de 10 metros de una escuela secundaria y de una agencia de viajes de egresados y quinceañeras.
El fallo fue apelado por el abogado defensor del cura, Jorge Muñoz, quien pidió además que se conforme un nuevo tribunal para que vuelva a emitir dictamen y que Ilarraz sea puesto inmediatamente en libertad.
La condena
Ilarraz fue condenado por abuso y corrupción de menores por un tribunal de primera instancia el 21 de mayo de 2018 -confirmada luego por la Cámara de Casación Penal el 7 de marzo de 2019-, acusación agravada por ser el encargado de la educación de las víctimas en cinco de los siete casos denunciados.
Además, fue declarado culpable de abuso deshonesto agravado por ser encargado de la educación de las otras dos víctimas que lo denunciaron y testimoniaron en el juicio, quienes hoy tienen cerca de 40 años.