16/07/2020 El derrumbe del oasis

Chile, la historia de un fracaso

Tras las masivas manifestaciones de 2019, la estrategia de Sebastián Piñera de usufructuar el manejo de la pandemia chocó contra sus desastrosos resultados, fruto de la negación de una realidad social excluyente. El plebiscito constitucional previsto para octubre sirve de válvula de escape a una situación explosiva.

Por Carlos Ominami*



Los datos son elocuentes: Chile entró hace ya varias semanas en el ranking trágico de los 10 países con el mayor número de contagiados (267.776) de COVID-19. En América Latina solo es superado por Brasil y Perú. Santiago, la capital, epicentro de la crisis, sólo es superada en número de contagios por San Pablo, ciudad con el doble de habitantes. Más grave aun, si se considera el tamaño de su población, Chile es el país que exhibe la más alta tasa de contagios del mundo (14.008 por millón de habitantes). En cuanto a fallecidos, la tasa de mortalidad se sitúa por sobre la media mundial. Estos resultados constrastan con los que exhiben países como Argentina y Colombia que con más del doble de población tienen, al cierre de este artículo, un número sustancialmente menor de contagios (57.744 y 88.591 respectivamente) y fallecidos (1.207 y 2.939).

La realidad viene hace meses golpeando cruelmente la imagen del país modelo, el alumno aventajado del curso, que caminaba raudo hacia el desarrollo. Primero fue la revuelta social que estalló el 18 de octubre de 2019, solo pocos días después de que el presidente Sebastián Piñera declarara que Chile era “un oasis dentro de una América Latina convulsionada”. Luego en marzo de este año cuando todo apuntaba a un recrudecimiento de la protesta social llegó la pandemia. Esta vez con tono enérgico, el presidente se apresuró a informar al país que Chile está “mucho mejor preparado que Italia”. Cierto, la pandemia tuvo efectos terribles en Italia, pero la península se encuentra hoy día en pleno proceso de desconfinamiento. Por el contrario, Chile está todavía en un túnel sin que se divise la luz de la salida y acechan pronósticos sombríos como el de la Universidad de Washington que proyecta al 1º de octubre un número de muertes que puede oscilar entre 18 y 34 mil.

La exclusión como opción política

Las razones del fracaso son diversas pero en lo esencial tienen un sesgo común: la exclusión. Desde el primer momento los esfuerzos del gobierno se concentraron en la dimensión hospitalaria ampliando significativamente las camas críticas y los ventiladores mecánicos. Tuvo éxito en este empeño. A juicio de muchos especialistas fue una proeza haber conseguido en tiempos cortos duplicar el número de camas críticas, integrando, en virtud del Estado de Catástrofe, las clínicas privadas con el sistema público. Hasta ahora, esa reconversión hospitalaria ha permitido evitar masivamente el “dilema de la última cama”, aunque existe evidencia de centenares de fallecidos en las Urgencias sin haber podido acceder a las Unidades de Cuidados Intensivos.

Sin embargo, el gobierno no advirtió que lo esencial del combate al virus se libra fuera de los hospitales, en las poblaciones, los edificios abarrotados conocidos como “guetos verticales”, las escuelas, las empresas, las ferias de alimentos, los albergues de ancianos. Hacia allá, el virus se expandió rápidamente desde los barrios acomodados de la Zona Oriente, muchos de cuyos habitantes habían pasado vacaciones en el exterior y fueron los primeros contagiados. El énfasis en la dimensión curativa sometió a un gran estrés a los médicos y al personal hospitalario mientras que excluyó al enorme contingente de trabajadores de la Atención Primaria de Salud (APS), que desde los consultorios son los que están a diario en contacto, especialmente con los sectores más vulnerables. Allí estaban las capacidades para avanzar rápido en la trilogía “testear, trazar y aislar”, clave para cortar las cadenas de contagios. Si bien se aumentó significativamente el número de tests la estrategia dejó completamente de lado la trazabilidad y el aislamiento. Solo en las últimas semanas, luego de la salida de Jaime Mañalich, el ministro de Salud, se ha puesto el acento en estas dos últimas dimensiones, llamando de manera urgente al personal de la APS. Esta decisión interviene tardíamente cuando es un hecho demostrado que miles de contagiados circulan por las calles e incluso asisten a sus lugares de trabajo a pesar de las cuarentenas.

Atraído en un primer momento por el criminal enfoque de la “inmunidad de rebaño”, la autoridad consideraba inevitable que gran parte de la población terminaría contagiada. El corazón de la estrategia era “aplanar la curva” para evitar el colapso del sistema hospitalario. Transcurridos más de 100 días desde el inicio de la pandemia la curva no se aplana y la amenaza de colapso hospitalario sigue latente.

La exclusión de la APS no fue la única. Parte importante de la comunidad científica, que advirtió desde el principio las serias falencias del enfoque puesto en práctica, fue dejada de lado e incluso denostada. Las mesas de consulta que se instalaron fueron poco consideradas al momento de tomar decisiones al punto que varios de sus integrantes terminaron por retirarse y otros encabezados por la presidenta del Colegio Médico protagonizaron ásperos debates públicos con el ministro de Salud. La falta de transparencia, el difícil acceso a los datos, el ocultamiento de cifras fueron acusaciones que rondaron permanentemente la gestión del ex ministro Mañalich. La consecuencia fue la creciente pérdida de confianza de la ciudadanía.



Por su parte, la oposición política también fue excluida. Aunque inconfesable, el presidente Piñera pensó que la pandemia le ofrecía la gran oportunidad de recomponer su popularidad y su deteriorada imagen desplegando sus capacidades de gestión. El éxito frente a la pandemia podía ser el equivalente al éxito mundial del rescate de los 33 mineros durante su primera administración. Ante esta posibilidad, no tenía sentido convocar a las fuerzas de oposición. Mejor concentrar para sí los réditos del triunfo frente a una pandemia para la cual, según sus propias palabras, “nos habíamos preparado desde enero”.

La ineptitud

A las exclusiones se agregaron la ineptitud y el desconocimiento del país real. Durante el mes de mayo, luego de la estabilización por unos días de la curva de contagios en alrededor de 500 diarios, el gobierno estimó que en virtud del éxito de las “cuarentenas dinámicas”, se había llegado a la “meseta de contagios”, momento propicio para avanzar a la “nueva normalidad” y al “retorno seguro”. Los padres debían alistarse para enviar a sus hijos a escuelas y colegios y el alcalde de Las Condes protagonizaba frente a las cámaras de TV un ensayo de reapertura de un conocido shopping de la capital. Ahí se “jodió” Santiago, habría podido decir Mario Vargas Llosa.

Estas señales provenientes de las más altas autoridades debilitaron aun más la disciplina social y favorecieron el relajo. Los contagios en un primer momento concentrados en la Zona Oriente se desplazaron de manera vertiginosa hacia las comunas populares con efectos desastrosos. Las medidas de confinamiento impuestas tardíamente no tuvieron, ni por lejos, la efectividad que alcanzaron en los barrios acomodados. En las comunas populares predomina el hacinamiento y muchos de sus habitantes deben romper las cuarentenas para conseguir el sustento del día. Allí, el aislamiento efectivo de los contagiados, el teletrabajo o las compras por delivery son cuestiones de otro planeta. Esta realidad fue bien reflejada en el comentario asesino de Bloomberg: “Las evaluaciones sugieren que Chile siguió el ejemplo de las naciones ricas sólo para darse cuenta, una vez más, que un gran porcentaje de sus ciudadanos son pobres”.

Los daños objetivos de la crisis son gigantescos. Mas de 8.000 muertos, 2 millones de empleos destruidos, miles de empresas quebradas, un retroceso de más de 10 años en el plano de la lucha contra la pobreza. Pero hay más. La imagen ampliamente difundida de un Chile emergente, competitivo, donde a diferencia del resto del continente todo funciona está saliendo malherida. Corresponderá a los psicólogos sociales establecer un diagnóstico preciso pero todo indica que Chile saldrá con su ego maltrecho y sus certezas por los suelos.

La mezquindad

A las señales confusas de parte de la autoridad en materia sanitaria se agrega una gestión económico-social ineficiente y mezquina. Hacia finales de marzo, cuando no podía caber ninguna duda acerca de la profundidad de la crisis la primera ayuda social fue el Bono COVID equivalente a 65 dólares por persona y por única vez. Una miseria, denunciamos desde la oposición. Vino luego el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de un monto inicial de 83 dólares por persona el primer mes y decreciente en el tiempo. La insuficiencia, tardanza y lo engorroso de los procedimientos para obtener esos beneficios hizo que frente a las primeras revueltas de pobladores alegando que estaban pasando hambre el gobierno debiera improvisar un programa, todavía en ejecución, consistente en la entrega casa por casa de una canasta de alimentos. Ayuda en la emergencia bienvenida que se ha prestado sin embargo para shows mediáticos que han herido profundamente la dignidad de muchas personas necesitadas.

Solo a principios de junio y frente al agobio de las circunstancias el presidente Piñera se decidió a llamar a un gran “Acuerdo Nacional” para enfrentar la crisis. El llamado fue acogido por sólo una parte de la oposición. La otra, más a la izquierda, desconfió de la sinceridad del llamado y se excluyó de las conversaciones. La idea de un gran Acuerdo Nacional no tenía destino. Un gran acuerdo, de ser posible, solo podrá generarse en el marco del proceso constituyente. Las negociaciones con una parte de la oposición , convenientemente precedidas por los llamados de un grupo de economistas supuestamente transversales pero muy mayoritariamente afines al gobierno, tuvieron un resultado bastante más modesto: un “marco de entendimiento para un plan de emergencia”.

Lo medular del acuerdo es un presupuesto adicional para los próximos 24 meses de 12.000 millones de dólares para enfrentar la crisis y sostener la futura reactivación y un nuevo IFE de 128 dólares por persona por un período de tres meses. Se trata de un avance importante respecto de lo existente. Para una familia de cuatro personas privada de todo ingreso, recibir mensualmente 512 dólares es sin duda un progreso importante. ¿Será suficiente para que las personas puedan guardar la cuarentena sobreviviendo dignamente? A lo mejor, pero habrá que verlo. ¿Es el máximo que el país estaba en condiciones de otorgar? Claramente no. El monto acordado está todavía 12% por debajo de la línea de pobreza. No hay ninguna razón valedera para no entregar un subsidio por sobre la línea de pobreza definida por el propio Estado y menos aun para aplicarles a los sectores medios que se supone debieran ser también beneficiarios del IFE una línea de corte muy por debajo de sus ingresos anteriores.

Por su parte, el marco fiscal de 12.000 millones de dólares, equivalente a menos de 5 puntos de PIB es una suma modesta a la luz de las necesidades, de las prácticas internacionales y de las posibilidades presupuestarias del Estado. En efecto, aun considerando que se efectúe el total de ese gasto subsistirá acumulado en los fondos soberanos un ahorro externo de más de 10.000 millones de dólares al paso que Chile mantiene un importante margen de endeudamiento externo. Para finales del 2020 se estima que la deuda pública bruta llegará a 34% del PIB, porcentaje sustancialmente menor a cualquier patrón internacional: global, OCDE, países emergentes o latinoamericanos.

¿Qué se nos viene?

En la actualidad predomina la incertidumbre. Lo cierto es que saldremos de ésta más pobres y enojados, entrando como por un tubo a lo que Daniel Innerarity llama la “sociedad del desconocimiento”. Tendremos que navegar durante mucho tiempo a tientas. ¿Primará el enojo o se impondrá la resignación? Nadie lo sabe. En todo caso, lo peor que puede pasar es la confluencia entre crisis sanitaria y estallidos sociales que en las condiciones actuales serían probablemente menos masivos pero más violentos porque más desesperados.

Afortunadamente el sistema tiene una válvula de escape: el plebiscito constitucional. Inicialmente previsto para el 26 de abril debió ser postergado para el 25 de octubre en razón de la emergencia sanitaria. Desde todo punto de vista es crucial asegurar las condiciones para su realización. No es algo evidente aunque se trata de una obligación constitucional. Importantes sectores de la derecha consideran que el acuerdo para su realización celebrado el 15 de noviembre de 2019 fue una concesión excesiva arrancada al gobierno en un momento de extrema debilidad. El propio Presidente de la República deslizó hace unas semanas atrás que podría haber no solo razones sanitarias sino que también económicas para postergar su celebración. La crisis económica tiene para largo y nadie sabe cuál será exactamente la situación sanitaria durante los próximos meses. De cualquier manera es evidente que al 25-O la crisis sanitaria no habrá sido completamente conjurada. El desafío es entonces transformar el plebiscito en la epopeya democrática de un país que desde la diversidad se levanta, adopta las precauciones necesarias y concurre masivamente a las urnas para abrir paso a un futuro mejor.

Una crisis tan profunda como la actual requiere respuestas a esa altura. No basta con cambios menores. Se requieren reformas profundas que apunten a mejorar la calidad de nuestra democracia y a la construcción de un verdadero Estado de Bienestar sustentado en un modelo de crecimiento más dinámico, inclusivo y sustentable. Nada de esto será posible en el marco de las reglas actuales.La Constitución heredada de la dictadura y que sobrevivió durante treinta años de transición no está muerta pero sí malherida. El triunfo de la opción “Apruebo” en el plebiscito puede abrir la puerta a un proceso constituyente que haga posible, por primera vez en nuestra historia, la elaboración de una Constitución emanada de la deliberación ciudadana y refrendada por la soberanía popular.

* Economista, ex senador y ex ministro de Economía de Chile.