11/07/2020 Per

El Congreso busca evitar un nuevo conflicto institucional con el Ejecutivo

Perú pareció quedar el lunes pasado al borde de otro conflicto de poderes luego de que el Ejecutivo y el Tribunal Constitucional cuestionaran dos reformas políticas aprobadas en primera votación por el Congreso con modificaciones al proyecto original.

El Congreso unicameral aprobó esas reformas en la noche del domingo en primera votación, en trámite rápido.
El Congreso unicameral aprob esas reformas en la noche del domingo en primera votacin, en trmite rpido.

El Congreso de Perú se comprometió a “debatir ampliamente” el proyecto destinado a eliminar la inmunidad parlamentaria, cuya cuestionada primera votación puso al país al borde de sufrir su segundo conflicto institucional en menos de un año, afirmó el presidente de ese poder, Manuel Merino de Lama.

“En un acto de entendimiento con las conversaciones que hemos sostenido” en el seno del Consejo de Estado -como se llama informalmente en Perú a la reunión de los presidentes de los tres poderes de la república- se resolvió “que este tema de la inmunidad se tenga que debatir ampliamente”, dijo Merino a la radio RPP.

Agregó que instruyó al presidente de la Comisión de Constitución del parlamento, Omar Chehade, “para que busque hacer debates que permitan mejorar la norma, hacer un análisis profundo para sacarle una segunda votación y, si es necesario, hacer alguna modificación”.


La votación

Perú pareció quedar el lunes pasado al borde de otro conflicto de poderes luego de que el Ejecutivo y el Tribunal Constitucional cuestionaran dos reformas políticas aprobadas en primera votación por el Congreso con modificaciones al proyecto original.

El Congreso unicameral aprobó esas reformas en la noche del domingo en primera votación, en trámite rápido, horas después de que el presidente Martín Vizcarra anunciara que las sometería a referendo porque el propio parlamento no había reunido los votos necesarios para aprobarlas en la sesión que inició el viernes y terminó en la madrugada del sábado.

Dichas reformas, que contaban con el aval de más de 85% de los votos en el referendo de 2018 y que implican la modificación de varios artículos de la Constitución, son la eliminación de la inmunidad parlamentaria y la inhabilitación para postularse a cargos electivos para quienes tengan condenas en primera instancia a por lo menos cuatro años de prisión.

Por tratarse de reformas constitucionales, la iniciativa aún debe ser sometida a segunda votación en el Congreso y el Ejecutivo no tiene la potestad de vetarla u observarla.

Para el caso de la inmunidad, la enmienda finalmente aprobada incluyó más restricciones al eventual procesamiento de congresistas e introdujo cambios imprevistos al tratamiento a altos funcionarios públicos, entre ellos el presidente de la república.

Los cambios introducidos por los congresistas generaron una ola de cuestionamientos en el Ejecutivo, la Justicia e incluso entre políticos y constitucionalistas, según los cuales la reforma se votó sin respetar el debido proceso establecido en el reglamento del Congreso y los cambios introducidos pueden causar inestabilidad institucional.

Para buscar una solución, el Consejo de Estado -Vizcarra, Merino y el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros- se reunió el miércoles y afirmó en un comunicado que “existe unanimidad sobre la necesidad de un debate amplio, reflexivo y plural, con la profundidad que amerita una modificación constitucional de esta envergadura”.

Horas antes, Vizcarra había oficializado la convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias para el 11 de abril próximo sin incluir el referendo sobre esas reformas, pese a que el domingo había anunciado que sería simultáneo con los comicios.

Merino admitió hoy que la aprobación de la reforma a la inmunidad causó "zozobra y algunos distanciamientos" con el Ejecutivo, pero aseguró que la situación fue superada "casi rápidamente".

Perú vivió un conflicto de poderes hace menos de un año, cuando Vizcarra disolvió el Congreso a fines de septiembre, en uso de la facultad constitucional que le permite hacerlo -no lo obliga- si el parlamento deniega dos veces un voto de confianza al gabinete durante un mismo período de gobierno.

La composición actual del Congreso fue designada en elecciones en enero de este año, para completar el período legislativo -que coincide con el del Ejecutivo- hasta el 28 de julio de 2021.