Senadores del Frente de Todos piden a la Corte que avale las sesiones virtuales

El Partido Justicialista y el bloque de senadores del Frente de Todos pidieron a la Corte Suprema de Justicia que haga lugar al pedido de declaración de certeza que formuló la vicepresidenta de la Nación y titular del cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, para dar "validez legal" a eventuales sesiones remotas del Congreso en medio de la pandemia de coronavirus.

Paralelamente, el procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, en un dictamen que emitió tras un requirimiento del máximo tribunal consideró que no es competencia de la Corte Suprema de Justicia dirimir esa cuestión de manera general.

En representación del jefe del bloque de senadores del FDT, José Mayans, y de la vicepresidenta de la bancada, Anabel Fernández Sagasti, y del PJ, los abogados Eduardo Wesselhoefft y Jorge Landau formularon esta mañana el pedido ante el máximo tribunal, con el objetivo de que "se despeje el estado de incertidumbre respecto a la validez de sesionar mediante medios virtuales o remotos".

En el escrito, al que accedió Télam, los senadores y el Partido Justicialista que preside José Luis Gioja señalan la imposibilidad de sesionar de manera presencial en un contexto en que Argentina y el mundo "se encuentran ante una situación excepcionalísima, que altera absolutamente el normal funcionamiento de las instituciones".

A través de este escrito presentado en la Corte Suprema de Justicia adherimos a la Declaración de Certeza presentada por @CFKArgentina 👇https://t.co/VKAZwppnmr

— Senadores de TOD☀️S (@Senadores_Todos) April 21, 2020

El pedido de una declaración de certeza formulado por la vicepresidenta el miércoles pasado motivó hoy el rechazo del procurador interino y, también, de la bancada de Cambiemos, que consideró que la cuestión podía resolverse "mediante un acuerdo político" en el propio Congreso.

En la presentación de hoy, el PJ y el bloque del oficialismo consideraron que "es indudable" la existencia de "una situación de extrema gravedad institucional" y calificaron como "imperiosa e impostergable la necesidad de que el Congreso pueda sesionar".

En el mismo escrito, aclararon, no obstante, que "no resulta posible" sesionar "de manera presencial" por los riesgos que implica en medio de la pandemia.

"Debemos encausar el debate parlamentario sin que ello implique que las decisiones que los legisladores pudiéramos tomar nazcan amenazadas de ser anuladas en virtud de ulteriores presentaciones judiciales, que cuestionaran el método de reunión elegido", subrayaron.

Los senadores se sumaron al pedido de Cristina Kirchner, con el argumento de "una hipotética sesión presencial implicaría el traslado de los legisladores a Buenos Aires, quebrantando las premisas básicas del distanciamiento social obligatorio".

Añadieron también que "muchos senadores pertenecen a grupos de riesgo, por lo que, en el hipotético caso de que se realizara una sesión presencial, advierten podría estar plagada de ausencias, lo que alteraría las representaciones políticas".

"También se debe considerar que una eventual sesión presencial, implicaría el riesgo de que, luego de realizada la misma, los legisladores vuelvan a sus provincias transformados en involuntarios propagadores del virus en sus jurisdicciones", indicaron.

Mayans explicó, a modo de ejemplo, que representa a la provincia de Formosa, donde por el momento no hay casos de Covid-19 y que en caso de que participara en una sesión en la ciudad de Buenos Aires, al retornar a su provincia, se transformaría en "un riesgo para la salud pública local".

Por ese motivo, los senadores consideraron que "el acceso remoto o virtual, por medio de una plataforma que garantice las adecuadas medidas de seguridad y posibilite la identificación, la plena participación y la transparencia de las votaciones" de los legisladores, "es el método por medio del cual se puede asegurar el funcionamiento del Senado en estos días".

En una nota enviada la semana pasada a Fernández de Kirchner, senadores de Cambiemos opinaron lo contrario y expresaron su "desacuerdo" con la gestión ante el máximo tribunal al asegurar que "no existe" la situación de "gravedad institucional" invocada para consultar a la Corte.