20/02/2020 Venezuela

El chavismo procura investigar a ONG fundada por un sobreviviente de la ESMA

Diosdado Cabello, En su programa de televisión "Con el mazo dando", especialmente a la organización de la que dijo tener "pruebas" de que está financiada por el gobierno de Estados Unidos.

El gobierno de Venezuela anunció que promoverá una ley que le permita investigar las fuentes de financiamiento de organizaciones no gubernamentales, en especial de la institución humanitaria Provea, fundada hace más de 30 años por un argentino sobreviviente del campo clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

"Vamos a introducir una solicitud la semana que viene ante el órgano plenipotenciario sobre la revisión de las leyes que tengan que ver con el financiamiento de las ONG o personas particulares de otros países", dijo anoche el número dos del chavismo, capitán Diosdado Cabello.

El "órgano plenipotenciario" es la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada exclusivamente por chavistas, que se declaró jerárquicamente por encima de todos los poderes constitucionales del Estado y que actualmente es presidida por Cabello.

En su programa de televisión "Con el mazo dando", el funcionario apuntó especialmente a la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), de la que dijo tener "pruebas" de que está financiada por el gobierno de Estados Unidos.

"Se han mostrado pruebas de que está financiada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) con el propósito de desestabilizar Venezuela", sostuvo Cabello, según la agencia de noticias Europa Press.

Provea respondió desde su cuenta de Twitter: "Tenemos 31 años en una constante lucha por los derechos para todas y todos a pesar de los obstáculos y las amenazas; seguiremos al lado de las víctimas denunciando los abusos de poder y a los responsables de las violaciones".


El "comisionado" de Derechos Humanos del gobierno interino designado por el Parlamento y encabezado por Juan Guaidó, Humberto Prado, aseguró que informó sobre las declaraciones de Cabello a la titular del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, y al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao.

La (CIDH) afirmó en Twitter que "rechaza el anuncio sobre posibles sanciones en contra de organizaciones de la sociedad civil en Venezuela y condena declaraciones y señalamientos contra Provea, organización reconocida por su larga trayectoria, seriedad y defensa de los derechos humanos".


El organismo -que el año pasado dictó medidas cautelares a favor de los integrantes de Provea por "declaraciones de amenazas" de voceros del gobierno chavista- reclamó a Venezuela que "abandone los actos de hostigamiento y estigmatización en contra de defensores de derechos humanos".

 Fundación de Provea 


La ONG fue creada en noviembre de 1988 y uno de sus tres fundadores fue Lisandro Raúl Cubas, un argentino que había sido miembro de la organización guerrillera Montoneros y estuvo secuestrado en la ESMA entre octubre de 1976 y enero de 1979.

Cubas residía en Venezuela desde que fuera liberado, y desde 1986 se desempeñaba como asistente de prensa de la Federación de Familiares de Desaparecidos en América Latina.

"Provea era acusada 20 años atrás por el gobierno de la época de estar formada por guerrilleros, marxistas y comunistas; hoy, por mantener las mismas posiciones críticas frente al gobierno actual, nos tildan de contrarrevolucionarios, agentes de la CIA e imperialistas", dijo Cubas al diario caraqueño El Nacional en 2016.

En los últimos días Provea publicó tres informes, disponibles en su sitio web, en los que afirma que "sin datos oficiales es imposible la gobernabilidad" y que en 2019 murieron 192 reclusos en centros de prisión preventiva y el gobierno del presidente Nicolás Maduro entregó "apenas" 4.800 viviendas pese a que aseguró que repartió tres millones de inmuebles.

Venezuela vive una prolongada crisis institucional, económica y también humanitaria.

El Acnudh denunció en julio pasado que solo entre enero de 2018 y mayo de 2019 se cometieron 6.856 ejecuciones extrajudiciales, según datos del propio gobierno chavista, y Bachelet, aseguró en diciembre que tras ese informe su oficina había "seguido documentando" denuncias de nuevos casos.

Por otra parte, la ONG Foro Penal afirmó en su último informe semanal, publicado ayer, que al lunes había en Venezuela 351 presos políticos, de los cuales 120 son militares, 12 son mujeres y uno es menor de edad.