Víctimas de abuso eclesiástico piden que se modifique una ley de 1966 que ampara a sacerdotes

Víctimas de abuso eclesiástico presentaron en el Congreso de la Nación un proyecto para modificar el Concordato Papal, que rige desde 1966 entre la Argentina y el Vaticano, y denunciaron que "es utilizado por funcionarios de la Iglesia para retener documentos y pruebas".

La modificación solicitada fue considerada como "muy importante porque generalmente la Iglesia se ampara en ese Concordato, que tiene 53 años, para no brindarnos información ni dejarnos acceder a nuestros expedientes", dijo a Télam Julieta Añazco, víctima y fundadora de la ONG Iglesia Sin Abusos (ISA), que apoya la iniciativa.

La propuesta de modificación de esa norma fue encomendada por miembros de las organizaciones estadounidenses "Bishop Accountability" y "Ending clergy abuse" al abogado argentino Juan Pablo Gallego, quien encabezó la acusación al cura Julio César Grassi por abusos a menores.