21/06/2018 opinin

Una reforma poltica que surja del consenso y garantice transparencia

Los legisladores porteños que integran la Comisión asesora de Asuntos Constitucionales comenzaron a analizar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para crear el Código Electoral de la Ciudad, con el propósito de lograr una más completa autonomía en materia político-electoral. Al respecto opinó para Télam la legisladora por Vamos Juntos, Natalia Fidel, presidente de la Comisión de Reforma Política de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Natalia  Fidel

Por Natalia Fidel

Hace unas semanas se iniciaron las Jornadas de Reflexión sobre Reforma Política en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo de ellas es claro: generar un ámbito productivo en el que podamos reflexionar e incorporar ideas, perspectivas y datos que nos permitan profundizar el proceso de intercambios y generación de consensos para el diseño de un nuevo Código Electoral en la Ciudad de Buenos Aires.

Este proceso de Reforma Política implica grandes desafíos. En especial porque tenemos conciencia de que estamos trabajando no para las próximas elecciones, sino para los próximos 50 años. Hace más de dos décadas que la Ciudad adquirió su autonomía y hoy, finalmente, tenemos la oportunidad de debatir un Código Electoral propio. Debemos encarar este proceso con la profundidad y responsabilidad que implica este hecho.

Nuestro deber como legisladores es el de canalizar e integrar las diferentes perspectivas y opiniones de expertos para que, al final del debate, la Ciudad cuente con las herramientas necesarias que garanticen instituciones fuertes e independientes capaces de implementar procesos electorales que sean más transparentes y gocen de mayor legitimidad y credibilidad ante la sociedad.

Por eso, uno de los aspectos fundamentales que proponen los proyectos que estamos debatiendo es la creación de un Instituto de Gestión Electoral. O sea, un órgano especializado que tenga a su cargo la administración de los procesos electorales y por lo tanto realice las tareas que hoy están a cargo del Poder Ejecutivo.

De esta forma, lo que se quiere lograr es mayor imparcialidad en la gestión de los comicios, y que quienes compitan en ellos no tengan a sus vez a cargo la administración ni la obligación de decidir sobre aspectos centrales de la elección, tales como: organizar y administrar el proceso electoral; distribuir los aportes públicos para el financiamiento de campañas y espacio en los medios de publicidad; establecer los lugares de votación; administrar y actualizar los registros de proveedores de campaña; proponer al Tribunal Electoral las personas a designar como autoridades de mesa; aprobar las tecnologías a ser incorporadas; organizar el debate público de candidatos, realizar el escrutinio provisorio.

En ese sentido, fue una grata sorpresa que el Jefe de Gobierno presentara un proyecto que, como ocurría con un proyecto previo que propusimos con mi equipo, también contemplara un órgano que restringe en forma considerable las facultades discrecionales que hoy tiene el Ejecutivo sobre el proceso electoral. Es un verdadero ejemplo y avance en el fortalecimiento institucional.

Es que además, este Instituto tendría a su cargo los aspectos administrativos, mientras que la resolución de los conflictos quedará a cargo de la Justicia. Con esto se buscará dividir por un lado las tareas de administración y gestión de aquellas necesarias para dirimir las contiendas que puedan surgir, cumpliendo con el mandato constitucional de creación de un Tribunal Electoral que le dé a la Ciudad una doble instancia de apelación. Así se generarían mecanismos de controles más eficientes y se evitaría que una misma institución sea juez y parte.

Para ello, el Instituto tendría diferentes características que lo colocarían más cerca de un órgano independiente que de un órgano gubernamental. Entre ellas, podríamos destacar que: sería plenamente responsable de las tareas operativas que realizará; no rendiría cuentas de sus acciones ante el Poder Ejecutivo; sus funciones estarían establecidas en la ley; sus integrantes no pertenecerían al Gobierno; su mandato estaría fijado legalmente (5 años) y sería mayor al del Jefe de Gobierno (4 años); y administraría sus propios recursos. Quienes estén a cargo de la dirección del Instituto deberán pasar por un mecanismo de designación complejo, serán propuestos por el Jefe de Gobierno y deberán tener el acuerdo de la mayoría de la Legislatura. Esto les conferirá una fuerte legitimidad y apoyo institucional.

Los procesos electorales son cada vez más complejos. Esto exige dar respuestas a muchas demandas nuevas para lo que es necesario innovar. Por eso, una herramienta como el Instituto de Gestión Electoral, de las que no existen experiencias similares ni a nivel nacional ni subnacional, representará un verdadero desafío, pero también un gran avance para el fortalecimiento institucional de la Ciudad.


(*) Legisladora porteña por Vamos Juntos. Presidenta de la Comisión de Reforma Política de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.



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