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15-03-2018 17:51 - claves para entender
El debate sobre el financiamiento del Estado a la Iglesia Católica: los datos y las voces
Ante una consulta durante su exposición en Diputados en marzo, el jefe de Gabinete brindó las cifras sobre las partidas que se giran a la Iglesia. Las distintas opiniones sobre el tema, un proyecto de la izquierda y la respuesta de un obispo.
15-03-2018 | 17:51
Marcos Peña incluyó en el escrito que presentó en el Congreso el pasado 14 de marzo la información sobre las cifras del financiamiento que el Gobierno otorgará durante 2018 a la Iglesia Católica. Los datos respondieron a una pregunta formulada por el bloque Evolución Radical.
Las partidas
$130.421.300|Es el presupuesto de 2018 para la Iglesia Católica.
$46.800|Es el sueldo mensual de un obispo diocesano, al igual que el de un administrador apostólico y diocesano. El haber de un obispo auxiliar alcanza los $40.950, como el de los eméritos.
También se brindaron partidas para programas de instituciones católicas a través del área de Fortalecimiento Institucional perteneciente a la Secretaría de Acompañamiento y Protección Social. "La población destinataria de los proyectos son grupos poblaciones en situación de vulnerabilidad como niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, a quienes se los acompaña con talleres, actividades recreativas, culturales, deportivas y espacios de participación para personas que se encuentran en situaciones de consumo problemático de sustancias", dijo Peña ante los diputados.
Quién abrió el debate
La pregunta al jefe de Gabinete fue formulada por Carla Carrizo, diputada de Evolución Radical por la Ciudad de Buenos Aires. Apuntaba a conocer si está en la agenda del Gobierno “plantear la equidad de cultos en la Argentina para garantizar la pluraridad de voces de todas las religiones en la escena pública cuando debatimos de políticas públicas”.
“Descalificar a un presidente es descalificar el modo en que los argentinos vivimos”, dijo Carrizo este miércoles en la Cámara baja, durante la sesión en la que Peña brindó su informe. Y aseguró, tras recordar los números que le brindó el jefe de Gabinete, que “cada uno de estos obispos gana lo que no gana ningún maestro argentino”.
Proyecto de ley del FIT sobre el financiamiento a la Iglesia Católica by Télam on Scribd
Qué dice la ley
En su artículo 2, la Constitución Nacional Argentina estipula que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”.
Cómo se llevará a cabo esta disposición se detalla en una serie de leyes: la 21.950, por ejemplo, establece que los miembros de la jerarquía eclesiástica reciban una asignación mensual equivalente a un porcentaje de la que percibe un juez nacional de primera instancia. La ley 21.540 las define como vitalicias.
La ley 22.162, en tanto, habilita al Ejecutivo a otorgar un sueldo a curas párrocos que vivan en zonas de frontera; la 22.950 crea un régimen para “promover la formación de los ministros que surjan de la población nativa”, brindando un monto que corresponda a la Categoría 10 del Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Nacional para cada seminarista.
Por último, la ley 22.430 instituye una asignación vitalicia para sacerdotes seculares “que hayan cumplido los 65 años o se hallaren incapacitados y que hubieran desempeñado su ministerio en el país por un lapso no inferior a cinco años”. Reciben, por la ley, una asignación equivalente a una jubilación mínima.
Qué dice la Iglesia
A través de las redes sociales, aseguró: “Lo que recibimos los obispos no es un sueldo. No nos hacen ninguna de las retenciones propias de un salario ni pagamos ganancia. Se trata de una asignación que llega a nombre de los obispos y que, por lo general, se destina al sostenimiento de los obispados”.
“Los católicos sostenemos de nuestro bolsillo la obra evangelizadora de la Iglesia. No está mal que el Estado use de nuestro dinero para ayudar a las Iglesias. Ocurre en la mayoría de los países, incluso los más secularizados y laicos”, afirmó en su escrito.
Y llamó a “discutir el sistema actual de Argentina” ya que, consideró, es “fuente de conflicto permanente”. “Como ahora: de tanto en tanto, cuando conviene sacudir un poco a la Iglesia, sale a la luz el tema de los ‘sueldos’ de los obispos”, concluyó.
El proyecto del FIT
Los diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra presentaron un proyecto para que se deroguen las normas que establecen el financiamiento estatal de la Iglesia.
En sus fundamentos, la iniciativa asegura que “las prerrogativas que establecen estos privilegios con los que cuenta la jerarquía de la Iglesia Católica, varias de ellas provenientes de decretos impuestos por la última dictadura cívico-militar, son una base legal para aplicar el modus operandi de la impunidad a través del derecho canónico”.
También destaca que el Código Civil pone a la Iglesia Católica en el estatus de “persona jurídica pública” al mismo nivel que el Estado nacional, provincial o municipal, lo que constituye una desigualdad con el resto de las religiones, que son personas jurídicas de carácter privado.
Peña nos respondió por escrito que los argentinos esforzamos $130 millones para sostener la Iglesia Católica (artículo 2 de la Constitución). Pero un obispo gana lo que no gana un maestro... #SesionInformativa#Informe108pic.twitter.com/7xmwY7JYeC
— Carla Carrizo (@CarlaCarrizoAR) March 14, 2018
Las voces sobre el tema
