15/03/2018 claves para entender

El debate sobre el financiamiento del Estado a la Iglesia Catlica: los datos y las voces

Ante una consulta durante su exposición en Diputados en marzo, el jefe de Gabinete brindó las cifras sobre las partidas que se giran a la Iglesia. Las distintas opiniones sobre el tema, un proyecto de la izquierda y la respuesta de un obispo.

Marcos Peña incluyó en el escrito que presentó en el Congreso el pasado 14 de marzo la información sobre las cifras del financiamiento que el Gobierno otorgará durante 2018 a la Iglesia Católica. Los datos respondieron a una pregunta formulada por el bloque Evolución Radical.

Las partidas

$130.421.300

Es el presupuesto de 2018 para la Iglesia Católica.


$46.800

Es el sueldo mensual de un obispo diocesano, al igual que el de un administrador apostólico y diocesano. El haber de un obispo auxiliar alcanza los $40.950, como el de los eméritos.



 En cuanto a las escuelas del culto, el jefe de Gabinete aseguró que no se realizan transferencias destinadas a subsidios, sino que el Estado Nacional realiza aportes a través del fondo nacional de incentivo docente (Fonid), para el financiamiento de los salarios docentes.

También se brindaron partidas para programas de instituciones católicas a través del área de Fortalecimiento Institucional perteneciente a la Secretaría de Acompañamiento y Protección Social. "La población destinataria de los proyectos son grupos poblaciones en situación de vulnerabilidad como niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, a quienes se los acompaña con talleres, actividades recreativas, culturales, deportivas y espacios de participación para personas que se encuentran en situaciones de consumo problemático de sustancias", dijo Peña ante los diputados.

Quién abrió el debate

La pregunta al jefe de Gabinete fue formulada por Carla Carrizo, diputada de Evolución Radical por la Ciudad de Buenos Aires. Apuntaba a conocer si está en la agenda del Gobierno “plantear la equidad de cultos en la Argentina para garantizar la pluraridad de voces de todas las religiones en la escena pública cuando debatimos de políticas públicas”.

Carrizo fundamentó su consulta en que el 24 de febrero, el arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, “descalificó a la institución presidencial” al hablar sobre el aborto. Aguer había asegurado que la administración de Mauricio Macri es “un gobierno sin principios” por habilitar el debate sobre el aborto.

“Descalificar a un presidente es descalificar el modo en que los argentinos vivimos”, dijo Carrizo este miércoles en la Cámara baja, durante la sesión en la que Peña brindó su informe. Y aseguró, tras recordar los números que le brindó el jefe de Gabinete, que “cada uno de estos obispos gana lo que no gana ningún maestro argentino”.



Qué dice la ley

En su artículo 2, la Constitución Nacional Argentina estipula que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”.

Cómo se llevará a cabo esta disposición se detalla en una serie de leyes: la 21.950, por ejemplo, establece que los miembros de la jerarquía eclesiástica reciban una asignación mensual equivalente a un porcentaje de la que percibe un juez nacional de primera instancia. La ley 21.540 las define como vitalicias.

La ley 22.162, en tanto, habilita al Ejecutivo a otorgar un sueldo a curas párrocos que vivan en zonas de frontera; la 22.950 crea un régimen para “promover la formación de los ministros que surjan de la población nativa”, brindando un monto que corresponda a la Categoría 10 del Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Nacional para cada seminarista.

Por último, la ley 22.430 instituye una asignación vitalicia para sacerdotes seculares “que hayan cumplido los 65 años o se hallaren incapacitados y que hubieran desempeñado su ministerio en el país por un lapso no inferior a cinco años”. Reciben, por la ley, una asignación equivalente a una jubilación mínima.

Qué dice la Iglesia

El obispo de San Francisco, Córdoba, monseñor Sergio Osvaldo Buenanueva, fue una de las primeras voces de la Iglesia que se sumó al debate.

A través de las redes sociales, aseguró: “Lo que recibimos los obispos no es un sueldo. No nos hacen ninguna de las retenciones propias de un salario ni pagamos ganancia. Se trata de una asignación que llega a nombre de los obispos y que, por lo general, se destina al sostenimiento de los obispados”.

“Los católicos sostenemos de nuestro bolsillo la obra evangelizadora de la Iglesia. No está mal que el Estado use de nuestro dinero para ayudar a las Iglesias. Ocurre en la mayoría de los países, incluso los más secularizados y laicos”, afirmó en su escrito.
Y llamó a “discutir el sistema actual de Argentina” ya que, consideró, es “fuente de conflicto permanente”. “Como ahora: de tanto en tanto, cuando conviene sacudir un poco a la Iglesia, sale a la luz el tema de los ‘sueldos’ de los obispos”, concluyó.




Los diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra presentaron un proyecto para que se deroguen las normas que establecen el financiamiento estatal de la Iglesia.

En sus fundamentos, la iniciativa asegura que “las prerrogativas que establecen estos privilegios con los que cuenta la jerarquía de la Iglesia Católica, varias de ellas provenientes de decretos impuestos por la última dictadura cívico-militar, son una base legal para aplicar el modus operandi de la impunidad a través del derecho canónico”.

También destaca que el Código Civil pone a la Iglesia Católica en el estatus de “persona jurídica pública” al mismo nivel que el Estado nacional, provincial o municipal, lo que constituye una desigualdad con el resto de las religiones, que son personas jurídicas de carácter privado.



Las voces sobre el tema

Fernando Iglesias, diputado de Cambiemos: "A mí no me parece razonable que un Estado laico tenga que afrontar una parte tan alta de los gastos de una religión".


 

Nicolás Del Caño, diputado del FIT: "La mayoría de estas leyes vienen de decretos que impuso la dictadura cívico militar que todavía están vigentes, gobierno tras gobierno".


Nathalia González Seligra, diputada del FIT: "Ese financiamiento garantiza desde la injerencia de la Iglesia en la definición de las políticas de Estado, como vemos con las trabas que impone su férrea oposición a la anticoncepción gratuita, la educación sexual integral o el aborto legal, hasta la impunidad que encubre a los curas abusadores", aseguró la legisladora.