El origen del problema no tiene que ver con discrepancias financieras, sino políticas. Los senadores demócratas intentan que el gobierno de Trump dé marcha atrás a las medidas de cancelar el DACA, el programa con el que su antecesor, Barack Obama, protegió de la deportación y les otorgó permisos temporales de trabajo a los jóvenes indocumentados que fueron llevados de niños a Estados Unidos por sus padres, más conocidos como “soñadores”, que se calcula que son cerca de 800.000, de los cuales cerca del 80% son mexicanos.

En septiembre pasado Trump no renovó ese decretó de Obama y le pidió al Congreso que defina la situación de esos jóvenes por ley. El tiempo pasó y la mayoría republicana, que domina ambas cámaras, no impulsó ningún proyecto de ley.

Por eso, tras dar los votos para aprobar las últimas tres leyes parches -necesarias luego que el oficialismo no lograra aprobar el presupuesto anual que debía comenzar a regir en octubre pasado-, la oposición demócrata ató la legalización de los miles de soñadores a apoyar la actual y cuarta ley parche para mantener funcionando al gobierno.

Tras ese anuncio, el líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, Mitch McConnell, hizo su parte: prometió que ni bien aprueben los fondos, comenzarán a debatir una ley migratoria y que entrará en vigor antes de la primera semana de marzo, cuando vence formalmente el programa de DACA.