03/05/2017 Venezuela

Senadores estadounidenses promueven sanciones contra el gobierno de Maduro

Un Influyente grupo de senadores republicanos y demócratas de Estados Unidos presentó una propuesta como reacción a la crisis venezolana, que incluye sanciones a individuos responsables de socavar la democracia o de estar involucrados en corrupción, revelaron asesores del Senado.



Asimismo, el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, calificó hoy la situación en Venezuela como "una verdadera tragedia" y expresó el deseo del gobierno estadounidense de trabajar sobre la cuestión con otros socios, también europeos. 

"Hay problemas de gobernabilidad en determinados países, seguramente están ustedes siguiendo la situación en Venezuela, una verdadera tragedia", declaró Tillerson en un discurso ante el personal del Departamento de Estado, citado por la agencia de noticias DPA.

"Pero estamos esperanzados en que trabajando con otros (socios), incluyendo la intervención de otros (socios) en Europa, podamos ser capaces de prosperar algo en Venezuela", agregó el jefe de la diplomacia estadounidense.

El Departamento de Estado abrió ayer la puerta a imponer nuevas sanciones a funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro y el proyecto de ley presentado hoy por un grupo de senadores republicanos impulsa medidas de ese tipo. 

La propuesta proporcionaría 10 millones de dólares en ayuda humanitaria al atribulado país, exigirá al Departamento de Estado coordinar un esfuerzo regional para aliviar la crisis y solicitará a la inteligencia estadounidense que informe sobre la participación de funcionarios venezolanos en corrupción y narcotráfico, según una copia a la que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters.

Asimismo, el texto pide al presidente Donald Trump que tome todas las medidas necesarias para impedir que la petrolera estatal rusa Rosneft obtenga el control de cualquier infraestructura energética estadounidense. Rosneft ha estado ganando terreno en Venezuela mientras el país sudamericano busca dinero en efectivo.

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) utilizó el año pasado el 49,9 por ciento de sus acciones en su filial estadounidense, Citgo, como garantía colateral para financiamiento por parte de Rosneft. En total, Rosneft ha prestado a PDVSA entre 4.000 millones y 5.000 millones de dólares.

La iniciativa llega en un momento en que la comunidad internacional intenta dar respuesta a la profunda crisis económica y a las protestas callejeras que vive el país caribeño, miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Asesores senatoriales dijeron que el proyecto de ley busca reaccionar a la crisis trabajando con países de toda América y organizaciones internacionales, en lugar de actuar de forma unilateral, abordando algunas de las raíces del problema y respaldando el respecto a los derechos humanos.

Funcionarios estadounidenses llevan tiempo resistiéndose a expresar de forma pública sus críticas a Venezuela, cuyo presidente, Nicolás Maduro, acusó a Washington de fogonear junto a la oposición al gobierno una intervención.

Las posibilidades de que la ley sea aprobada por el Congreso son altas, ya que entre los copatrocinadores se encuentran los senadores John Cornyn -número dos republicano en la Cámara- y Dick Durbin -número dos demócrata-, además del republicano John McCain, el influyente presidente de la Comisión de Servicios Armados.

El proyecto de ley tiene 11 secciones y busca afrontar la crisis con un amplio abanico de medidas.

En lo relativo a la corrupción, se requerirá que el Departamento de Estado y las agencias de inteligencia que preparen un reporte no clasificado, con un anexo clasificado, sobre cualquier implicación de funcionarios del gobierno venezolano en casos de corrupción y narcotráfico.

En el pasado, el Departamento del Tesoro sancionó a funcionarios o ex funcionarios venezolanos acusados de narcotráfico o corrupción, designación que permite el congelamiento de sus activos en Estados Unidos y les prohíbe realizar transacciones financieras a través del país norteamericano.

Los funcionarios negaron los cargos y los han calificado como un pretexto incluido en un plan para derrocar al gobierno de Maduro.

La nueva iniciativa buscará convertir en ley las sanciones impuestas por una orden ejecutiva del ex presidente Barack Obama contra individuos considerados responsables de "socavar el gobierno democrático" o implicados en corrupción.