22/03/2017 Formosa

Piden indagar al gobernador Insfrn por un contrato con "The Old Fund"

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió citar a indagatoria al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, en la causa que investiga la firma de un multimillonario contrato para reestructurar la deuda en esa provincia con "The Old Fund", empresa que la Justicia vincula al ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou.

Paralelamente, el juez de la causa, Ariel Lijo, desestimó una recusación en su contra y rechazó  apartarse  de la pesquisa contra Boudou, y quien fuera su socio, José María Nuñez Carmona, por la firma de ese contrato por 7,6 millones de pesos, según resoluciones a la que accedió Télam.

Esa decisión de Lijo pasará ahora a manos de la Sala I de la Cámara Federal porteña, con lo cual se demorará una resolución de las situaciones procesales de Boudou, Nuñez Carmona, Alejandro Vandenbroele y otros ya indagados en la causa, explicaron a Télam fuentes  judiciales.

Ahora, el fiscal Di Lello pidió indagar también a Insfrán y de quien fuera ministra de Economía provincial en 2009, Inés Lotto de Vecchietti, porque "tuvieron una participación clave en la maniobra investigada, puesto que ambos, de acuerdo a sus funciones en la provincia, dictaron distintos actos adminsitrativos que resultaban estrictamente necesarios para poder perfeccionar la maniobra", sostuvo.

"Se trataba de un acto de una magnitud tal que necesariamente requería la concurrencia de aportes de distintos funcionarios" y, en particular, "con el aval de Vecchietti e Insfrán", agregó el fiscal.

Por su parte, Lijo rechazó apartarse del caso al argumentar que sus "decisiones en el marco de este expediente han sido adoptadas con total objetividad, de acuerdo a las constancias obrantes en la investigación y conforme a la legislación procesal vigente".

Lijo fue recusado por el abogado defensor de Nuñez Carmona, Matías Molinero, quien argumentó que el magistrado "prejuzgó" y perdió la imparcialidad en esta pesquisa a raíz de ser el juez que también interviene en la causa Ciccone, en la cual ya procesó a varios de los acusados, como Boudou, Vandenbroele y su cliente.

En base a ello, pidió apartar al juez y dictar la "nulidad" de todo lo resuelto por Lijo en el caso desde que esta parte de la investigación que implica a Boudou y al fondo de inversión "The Old Fund" pasó a su juzgado.

La pesquisa por el contrato con el gobierno de Formosa firmado en el 2009 por "The Old Fund", que presidía Vandenbroele pero que según la acusación tenía vínculos con Boudou y Nuñez Carmona, estuvo a cargo del juez federal Sebastián Casanello, pero luego se resolvió que correspondía investigar a Lijo.

"No encuentro razones que respalden el planteo formulado", sostuvo Lijo en el rechazo de la recusación, a cuyos fundamentos accedió Télam.

El magistrado explicó que, al procesar a Boudou, Nuñez Carmona y Vandenbroele en la causa Ciccone, se valió del "análisis de elementos objetivos" que para él mostraban su vínculo con The Old Fund y entre ellos.

Esto "de manera alguna constituyó prejuzgamiento puesto que, por un lado, resultó necesario para una adecuada descripción del escenario verificado y por otro lado no se le asignó en esa oportunidad ninguna clase de significación jurídica más allá de lo indispensable para acreditar el contexto en el que se desarrolló la maniobra".

Además, el juez advirtió que, "al no existir el prejuzgamiento, no corresponde declarar la nulidad de ninguno de los actos procesales que hayan tenido lugar desde que la causa cambio de juzgado".

Lijo dictó los procesamientos en la causa por la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica que, según la Justicia, fue parte de una maniobra de Boudou y los demás acusados para que "The Old Fund" se quedase con la imprenta que podía adjudicarse los contratos para imprimir billetes.

En este marco, enfatizó ahora, "los lazos entre las personas mencionadas y las relaciones de ellas con la firma The Old Fund resultaron esenciales a los efectos de la adopción del temperamento adoptado".

Pero como la causa tramitaba en otra sede judicial "solamente se procedió a realizar el análisis de elementos objetivos".

"Debe destacarse que en ese entonces -e incluso en la actualidad- Amado Boudou y Alejandro Paul Vandenbroele aseguraron que no tuvieron ni tienen ningún tipo de relación", recordó el juez.

"Ante estas afirmaciones y su contradicción con lo constatado a lo largo de los expedientes, al momento de resolver en la causa Ciccone resultó ineludible la mención de aquellos elementos que, objetivamente, desmentían lo sostenido por los imputados", remarcó.

"Sin embargo, la acreditación de los lazos existentes entre esos sujetos de manera alguna significó el prejuzgamiento de una situación que, en ese entonces, ni siquiera estaba sometida a conocimiento de este juzgado", concluyó.

Una vez que la Cámara Federal resuelva si sigue al frente del caso, Lijo estará en condiciones de decidir las situaciones procesales de los ya indagados Boudou, Núñez Carmona, Vandenbroele y otros.

Según la acusación, se trató de una "maniobra" por la cual Boudou "mientras ocupaba el cargo de ministro de Economía y José María Nuñez Carmona como su socio y amigo personal (con roles desdoblados, uno desde el sector público y el otro privado) y a través de la firma The Old Fund y de su representante Alejandro Vandenbroele habrían realizado un contrato de consultoría de forma irregular y en violación de la ley provincial 1180 con el Fondo Fiduciario de la provincia de Formosa (Fonfipro)".

The Old Fund recién había iniciado sus actividades y el contrato con Formosa fue el primer pago que recibió, para lo cual emitió su factura número 3, mientras que la uno y la dos figuraron como anuladas.

Según la causa judicial, la reestructuración de la deuda pública de Formosa ya había sido negociada con un convenio firmado entre quien antecedió a Boudou en Economía, Carlos Fernández, y el gobernador formoseño, Gildo Insfrán.

"Boudou, Nuñez Carmona y Vandenbroele, se habrían beneficiado de la maniobra" y también "el presidente del Banco de Formosa, Martín Cortés, quien a través de su empresa Estrategias de Imagen y Comunicación, habría cobrado un total de $ 2.265.120,00", sostuvo el magistrado en la acusación.