Sociedad

26-08-2016 23:37 - Migraciones

La apertura de un centro para alojar a infractores a la Ley de Migraciones causa polémica

Se trata de un centro para infractores de la Ley de Migraciones que se abrirá en la Ciudad de Buenos Aires tras un convenio que fija la habilitación de un inmueble exclusivamente destinado a alojar a personas en calidad de retenidos.

Telam SE
26-08-2016 | 23:37

El anuncio de la inauguración de un centro para infractores de la Ley de Migraciones que se abrirá en la Ciudad de Buenos Aires tras un convenio que fija la habilitación de un inmueble exclusivamente destinado a alojar a personas en calidad de retenidos, generó polémica entre organizaciones de derechos humanos. 

El convenio apunta a personas que “ingresaron ilegalmente al territorio” o tienen “dictamen judicial previo a la expulsión”, y establece que permanecerán en el edificio de Pasaje Alfredo Colmo 3860 del barrio porteño de Pompeya, en carácter de “comunicados” y “a disposición de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM)”.

Pese a que por convenio la fecha de vigencia para la habilitación del centro de alojamiento de infractores a la Ley 25.871 quedó fijada para el próximo 1° de septiembre, tras mejoras edilicias previas, fuentes de la DNM informaron a Télam que “el inmueble aún no está disponible”.

La decisión de abrir un centro de retención para migrantes en Argentina fue rubricado el 19 de agosto pasado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; su par de Ciudad de Buenos Aires, Fernando Ocampo; y el titular de la DNM, Horacio García.

La noticia, que se difundió en la página web oficial de Migraciones, despertó la inquietud de diferentes organizaciones sociales.

Amnistía Internacional afirmó en un comunicado que, desde la organización, desalientan “la utilización rutinaria de la detención de personas extranjeras como herramienta para el ejercicio del control migratorio. Toda persona, incluidos los migrantes y solicitantes de asilo, tiene derecho a la libertad y la libre circulación, y a protección frente a la detención y reclusión arbitrarias”.

Desde la Red de Migrantes y Refugiados de Argentina, Lourdes Rivadeneira explicó que “sea o no migrante quien comete un delito debe ser juzgado y condenado, pero asociar delito a la condición de migrante es un grave retroceso para el país y la región, porque Argentina marcó un rumbo en políticas migratorias”.

Según Rivadeneira, “la preocupación responde a que no nos han informado sobre una decisión que puede afectar las migraciones por la condición de 'irregularidad', que es una problemática social que hay que atender y que muchas veces ocurre por ser parte de un círculo vicioso”.

Las entidades no admiten que haya inmigrantes más ilegales que otros por ser infractores administrativos y mencionó a grupos vulnerables como “las mujeres dominicanas que ingresan al país por tráfico o trata de personas; o los senegaleses, a quienes el Estado debería regularizar en vez de criminalizar”.

Fuentes ministeriales afirman, sin embargo, que la intención de la medida no es, de ninguna manera, criminalizar la inmigración, sino disponer de un espacio acorde para alojar a aquellos que, por diferentes situaciones, estén a punto de ser deportados, evitando así que queden detenidos en las instalaciones de las fuerzas de seguridad de puertos, aeropuertos y pasos de frontera.

La expulsión del país es el último de un conjunto de pasos al que llegan algunas personas cuando ingresan al país de manera ilegal.

“Estar 'irregular' en Argentina no es un delito, es una infracción administrativa que tiene que ser solucionada por el Estado.
Tenemos una ley que superó hace más de 10 años la llamada Ley Videla, norma que habilitaba operativos de privación de la libertad en la calle a personas por el hecho de ser migrantes, guiadas por el prejuicio y la xenofobia”, explicó Pablo Ceriani Cernadas, del programa Migración y Asilo de la Universidad de Lanús.

“La expulsión como medida de sanción ante la irregularidad migratoria es el último recurso que puede utilizar el Estado”, advierte un comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales, “Además, y solo en el contexto de la expulsión, se podría habilitar la retención de una persona migrante por un plazo máximo de 15 días. La expulsión, por otra parte, solo puede ser ejecutada ante decisiones razonadas del poder judicial”.

Fuentes vinculadas a la firma de este convenio coinciden con la visión: “migrar no es delito”. Pero sí destacan los casos en que la irregularidad constituye, según la ley, causal de expulsión. Se apunta también con esta medida a darle un alojamiento acorde a personas que llegan al país en situación de vulnerabilidad y a la vez dificultar el accionar de redes de trata de personas.

Según el convenio, el edificio estará destinado “de manera exclusiva al alojamiento de las personas infractoras a la Ley 25.871 y su normativa complementaria vigente, en calidad de retenidos".

Previo a la puesta puesta en funcionamiento del nuevo espacio, la DNM realizará en el lugar “diversas tareas de refacción y reconstrucción de los espacios, como el que concierne al sistema de detección de incendios, provisión de agua caliente, renovación eléctrica, calefacción y refrigeración, acondicionamiento de salas destinadas a esparcimiento y recreación”.

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