09/12/2015 derechos humanos

A cinco das de asumir, Alfonsn iniciaba el proceso de enjuiciamiento a las juntas militares

El 10 de diciembre de 1983, tras 7 años de dictadura militar, Raúl Alfonsín asume la Presidencia de La Nación y a los cinco días dictó el decreto 158/83 por el cual ordenaba enjuiciar a los "...integrantes de la junta militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos juntas militares subsiguientes".

Además sancionó el decretos 157/83 que ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros.

El mismo día, 15 de diciembre de 1983, creó la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), que comenzó a integrarse por figuras ampliamente reconocidas por su trayectoria en el ámbito científico, jurídico, educativo, social, cultural y otras áreas del conocimiento.

Su objetivo fue investigar, documentar, recibir denuncias, reunir información, registrar y reconstruir casos sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura militar.

Un año después, el 20 de diciembre de 1984, la CONADEP -encabezada por el escritor Ernesto Sabato- entregó al presidente Alfonsín el informe "Nunca Más" que constituyó la pieza probatoria fundamental de la acusación que habría de recaer sobre los miembros de las Juntas Militares.

A principios de 1984 se sancionó la Ley de reforma del Código de Justicia Militar que reconocía la autoridad del fuero castrense en el juzgamiento de los delitos cometidos por el personal militar entre 1976 y 1983.

La ley tenía como objetivo que las Fuerzas Armadas condenaran a sus miembros, incorporándose de esta forma al proceso democrático, pero al mismo tiempo permitía la apelación de la justicia civil a través la Cámara Federal, ya que hasta ese momento los delitos militares eran juzgados únicamente por el fuero militar.

Pero los militares no lo aceptaron y el 25 de septiembre de 1984, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, expresó en un documento que las órdenes de represión que habían dado las cúpulas militares eran "inobjetablemente legítimas".

Fracasado el intento del gobierno de Alfonsín de que las Fuerzas Armadas se "juzgaran" así mismas, la Cámara Federal se hizo cargo del juicio a las Juntas en octubre de 1984.

El juicio a las Juntas comenzó el 22 de abril de 1985 y se extendió hasta el 9 de diciembre de ese año.