17/10/2015 dictadura

Amplan la acusacin por delitos sexuales en un juicio por crmenes de lesa humanidad

El Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín dispuso ampliar la acusación por delitos sexuales contra el ex jefe del Cuerpo IV, Santiago Omar Riveros y otros dos imputados que son juzgados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar en la comisaría de Villa Ballester, en el norte del conurbano bonaerense.

La decisión fue tomada tras el pedido del fiscal general Marcelo García Berro quien acusó a Riveros, al ex jefe del área 430, Rodolfo Feroglio y al ex comisario Carlos Caimi frente a la imputación de tres casos de abusos y violaciones perpetrados contra mujeres en el juicio que comenzó el 18 de agosto pasado y donde se juzgan los crímenes cometidos contra 14 víctimas secuestradas en la comisaría de Vlla Ballester entre 1975 y 1977.

En la audiencia de ayer, tanto Riveros como Feroglio se negaron a prestar declaración indagatoria en la que les fueron impuestos los nuevos hechos que los imputan.

Dos de las tres víctimas habían hecho referencia a los crímenes durante la etapa de instrucción de la causa y lo reiteraron y ampliaron en el debate, en tanto que la restante declaró por primera vez en el juicio por videoconferencia desde Barcelona, según indica el sitio Fiscales, del Ministerio Público Fiscal.

El proceso oral y público comprende casos de víctimas secuestradas entre 1975 y 1977 y alojadas en la comisaría 2º de San Martín, ubicada en Villa Ballester.

De los 14 casos que se investigan, 11 son sobrevivientes, mientras que el ex presidente del bloque Justicialista del Honorable Concejo Deliberante de General San Martín, entre 1973 y el momento de su secuestro (1976), José María Castiñeiras; Alicia Ana Moscatelli y Ernesto Sirri, permanecen aún desaparecidos.

De los sobrevivientes, Angel Ignacio Núñez, Héctor Pablo Barrera, Leonardo Calchinsky, Ricardo Ponteprimo eran delegados de la fábrica Metalúrgica BOPAVI ubicada en el partido de San Martín, y fueron secuestrados dentro de la planta mientras cumplían con su jornada laboral el 16 de agosto de 1976 por un grupo de personas armadas y uniformadas pertenecientes a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y al Ejército.

El debate continuará el 29 de octubre con los alegatos de las partes querellantes y el 6 de noviembre está previsto que lo haga la Fiscalía, quienes estarán habilitados para acusar a los imputados por los nuevos delitos.