19/01/2015 perfil

Nisman estaba al frente de la fiscala especial sobre la causa Amia desde 2004

Natalio Alberto Nisman, el fiscal de la causa AMIA encontrado muerto anoche en su departamento de Puerto Madero, tenía 51 años y llevaba diez años al frente de la investigación del mayor atentado criminal de la historia argentina.

Había llegado a ese puesto en el 2004, cuando el presidente Néstor Kirchner le pidió al entonces procurador general Esteban Righi que lo nombrara al frente de la unidad especial de la fiscalía para intentar rescatar a la investigación del papelón del juicio oral, realizado un año antes.

El proceso oral terminó con la absolución y liberación de todos los acusados y con la carrera del juez federal Juan José Galeano y sus dos principales colaboradores, los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, desplazados por haberse prestado a la manipulación política de pruebas que las tornaron ineficaces.

Nisman ya llevaba para entonces seis años integrando el grupo, al que fue convocado por sus colegas por sus antecedentes en juicios orales, tareas que había desempeñado en tribunales de Morón y en el juicio a los guerrilleros que asaltaron en enero de 1989 el cuartel de la Tablada.

El fiscal logró apartarse de la responsabilidad en el bluff de la causa y aceptó el cargo, casi simultáneo con la designación de su entonces esposa y madre de sus dos hijas, Sandra Arroyo Salgado, al juzgado federal 1 de San Isidro.

Al frente de la unidad fiscal, estableció fuertes vínculos con la Secretaría de Inteligencia, que a su vez le permitió recibir información de inteligencia sobre el atentado de otras agencias extranjeras, en especial los servicios estadounidenses e israelíes.

A esas agencias y sus legaciones diplomáticas en el país les anticipó medidas que adoptaría en el expediente, según los cables de Wikileaks sobre Argentina.

En octubre de 2006 el fiscal Nisman acusó formalmente a Irán de ser el autor intelectual del atentado y a la agrupación Hezbolá de ejecutarlo y pidió el procesamiento de una decena de ex funcionarios iraníes, ordenada por el nuevo juez federal a cargo de la investigación, Rodolfo Canicoba Corral.

La acusación se tradujo en que Interpol decretara en 2007 la “altera roja” sobre cinco de esos funcionarios para su detención en cualquier lugar del mundo por pedido expreso del gobierno argentino.

Un año después pidió la detención del ex presidente Carlos Menem y del ex juez Galeano, entre otros, en el marco de la investigación por el desvío de las pistas en su primer tramo, tras el atentado.

El presunto pedido de baja de esa calificación roja fue la prueba central difundida por Nisman la semana pasada al pedir la imputación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del canciller Héctor Timerman por su supuesto plan para logar la desincriminación de los iraníes.

De acuerdo a la sinopsis que difundió el fiscal especial a los medios, esa medida se inscribía en un plan para incrementar el comercio bilateral compensado de petróleo por alimentos.

El ex jefe de Interpol al momento de que la asociación policial accediera al pedido argentino, Ronald Noble, quien también fue jefe del servicio secreto de Estados Unidos, lo desmintió y en una carta enviada a Timerman confirmó que nunca existió ese pedido.

El fin de semana, luego de una tourné por canales, radios y el anuncio de que hoy iría al Congreso para informar sobre su denuncia, Nisman se recluyó para afilar sus argumentos en su departamento del piso trece de la Torre Le Parc, en Puerto Madero, donde fue hallado muerto.