18/12/2014 cerrito y viamonte

Organizaciones se movilizan para pedir justicia en un da clave por la represin del macrismo en el Borda

Trabajadores, profesionales, pacientes del Hospital Borda y organizaciones gremiales y sociales se concentrarán este viernes a frente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en el centro porteño, que decidirá si procesa a las máximas autoridades del Gobierno de la Ciudad y la Policía Metropolitana por la represión que se llevó a cabo en ese centro de salud en abril de 2013.

"Lo que pedimos es que quede firme el procesamiento del jefe de la Policía Metropolitana y se revoque el sobreseimiento de todos los responsables políticos", precisó a Télam Luciano Fernández, uno de los querellantes en la causa Borda y secretario gremial de la Asociación Trabajadores del Estado, de Capital Federal.

La concentración fue convocada por ATE en la esquina de Cerrito y Viamonte, en el centro porteño, a las 8.30, junto con las numerosas organizaciones del "Frente contra la Represión en la CABA".

Los querellantes de la causa tendrán ese día una audiencia con la Sala IV de esa Cámara "para evaluar el procesamiento del Jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez, y los sobreseimientos dictados por el Juzgado Nacional Criminal 30 a cargo de Adolfo López", aseguró Fernández.

"Lo que pedimos es que quede firme el procesamiento del jefe de la Policía Metropolitana y se revoque el sobreseimiento de todos los responsables políticos"

El querellante recordó que los sobreseimientos favorecieron al jefe de Gobierno, Mauricio Macri; a la subjefa de Gobierno, María Eugenia Vidal; al jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; al ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro; el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, y el subjefe de la Policía Metropolitana, Ricardo Pedace, todos denunciados como los responsables de la represión en el neuropsiquiátrico.

"Los sobreseimientos fueron dictados por López, quien viene encubriendo la responsabilidad política de la represión en el Borda", enfatizó Fernández tras remarcar que exige "una investigación profunda e imparcial y el apartamiento y sanción de las máximas autoridades de la Policía Metropolitana y responsables políticos". 

El 23 de octubre de 2014, en la causa "Macri, Mauricio y otros. S/ Vejaciones y Apremios Ilegales" (Expte. Nº27.116/2013) el juez López decretó el procesamiento del comisario Horacio Giménez, jefe actual de la Policía Metropolitana, y el sobreseimiento "en forma arbitraria e infundada a los funcionarios políticos responsables de la brutal represión en el Hospital Borda el 26 de abril del año pasado".


 
Luciano Fernndez, querellante en la causa y secretario gremial de ATE de la CABA, habl con Tlam Radio


En aquel momento, el gobierno porteño ordenó demoler el Taller Protegido Nº 19 ubicado en el neuropsiquiátrico ubicado en las inmediaciones del barrio de Barracas, a pesar de que existía una medida cautelar que impedía tirar abajo esa instalación.

Ese día los trabajadores, pacientes, médicos, periodistas y legisladores se concentraron en el lugar en oposición a la demolición y en defensa de la salud pública, y la respuesta fue una fuerte represión por parte de la Policía Metropolitana en el interior mismo del centro de salud, y en contacto con las autoridades del gobierno.

De las pruebas ofrecidas y producidas por la querella encabezada por Fernández y de un informe del Observatorio de Derechos Humanos "se pudo constatar los apremios y las lesiones llevadas a cabo por la Policía Metropolitana el 26 de abril, conducidas y dirigidas en el lugar del hecho por Giménez, Pedace  y Horacio García, subsecretario de Seguridad Ciudadana", precisó ATE en los fundamentos del reclamo.

En este sentido, aclaró que se encuentran constatadas en el expediente las numerosas llamadas realizadas durante todo el día de la represión entre el jefe de la Policía, ahora procesado, y el subjefe Pedace, ambos en el lugar de los hechos, con Montenegro y Vidal, "lo que supone no sólo una ausencia de delegación de funciones sino asimismo un absoluto conocimiento, control y dominio de la situación represiva por parte de los funcionarios".

A su vez, destacó que las pruebas contra las autoridades policiales y políticas que denuncia la querella "son contundentes y no pueden obviarse ni omitirse en el análisis que realizará la Sala IV el próximo viernes 19".