02/12/2013 cooperativa

Trabajadores de Al Al resistieron un nuevo intento de desalojo

Trabajadores de la cooperativa Alé-Alé, conformada luego de que el grupo dueño del restaurante homónimo presentara la quiebra, resistieron de forma pacífica un nuevo intento de desalojo por parte de la Policía Metropolitana.

En una conferencia de prensa de la que participaron los legisladores porteños Edgardo Form y Juan Carlos Junio y el diputado nacional Andrés Larroque, los trabajadores remarcaron la necesidad de encontrar una salida negociada al conflicto provocado por el intento de cierre de sus fuentes de trabajo.

Suspenden el desalojo de trabajadores del restaurante recuperado Al Al

Andrés Toledo, presidente de la cooperativa, había anunciado antes de la hora fijada por el juez para desalojar el local que permanecerían en su interior sin violencia.

"No queremos un Borda más. La orden de desalojo es de hace un año y desde entonces estamos intentando llegar a un acuerdo. Nuestra situación es preocupante porque la orden pasó a manos de la Policía Metropolitana y conocemos sus antecedentes", destacó al referirse a la violenta represión por parte de esa fuerza de seguridad en el neuropsiquiátrico a fines de abril.

"Nuestra situación es preocupante porque la orden pasó a manos de la Policía Metropolitana y conocemos sus antecedentes"


Andrés Toledo, presidente de la cooperativa
En este sentido, el presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (Facta), Federico Tonarelli, precisó que en las próximas horas esperan retomar el diálogo y anunció que "hay un enorme apoyo de diferentes organizaciones, vecinos y clientes".

Los trabajadores de Alé-Alé conformaron esta empresa social luego de que el grupo OJA, dueño de una cadena conformada por Los Chanchitos, Mangiatta, Don Battaglia y La Soleada, intentara a fines del año pasado cerrar los restaurantes por presentar quiebra.

La misma actitud tomaron los empleados de los otros restaurantes, pero en Alé-Alé la situación se complicó debido a que los dueños de la propiedad dijeron no ser los mismos que los del fondo de comercio, situación que los trabajadores ponen en duda.

El 21 de mayo una orden judicial pretendió avanzar sobre el restaurante y desalojar, sin éxito, a los trabajadores, y días después un grupo de legisladores presentó un proyecto de ley para expropiar el edificio y el mobiliario, pero la norma no avanzó.