14/11/2013 Denuncia

Repudiaron la represin en un conflicto de tierras en Santiago del Estero

Personalidades políticas, sociales e intelectuales repudiaron la "represión policial" a una familia campesina en Santiago del Estero, "en el marco de un conflicto de tierras" y sobre la base de una "causa armada".

La denunciada represión en el departamento Alberdi derivó en la detención de Aníbal Santillán, "de 73 años y con serios problemas de salud", sobre quien pesan acusaciones de usurpación y tentativa de homicidio, señalaron los firmantes.

"Existen fuertes indicios de que estas acusaciones se basan en documentación fraudulenta y, puntualmente en el caso de la inculpación por homicidio, que se trata de una causa armada por la policía", agregaron.

El texto solicitó a la jueza Lucrecia Llanos Martínez "que investigue estas irregularidades para resolver con rapidez la situación de Aníbal Santillán", y la "intervención de los organismos públicos competentes (provinciales y nacionales) en el tema de fondo: la lucha de los campesinos por sus tierras".

Suscriben el documento más de 40 personas y organizaciones, entre ellos Ramiro Fresneda, director de Apoyo a las Organizaciones de la Subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación; Marcelo Ruiz, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y Hugo Cañón, co-presidente de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, entre otros.

También lo respaldan el titular de la Biblioteca Nacional, Horacio González, Carta Abierta y movimientos político sociales como el Frente Popular Darío Santillán, El Gleyser, Marea Popular, agrupaciones estudiantiles y numerosas personalidades, entre ellas Liliana Herrero y Maristella Svampa.

"Las autoridades deben brindar garantías a los campesinos originarios de las tierras en conflicto, en su lucha contra las empresas que buscan instalar en estos parajes el insaciable esquema de los agro-negocios", según los firmantes del documento.

"Las autoridades deben brindar garantías a los campesinos originarios de las tierras en conflicto"


Afirmaron también que policías y el sistema judicial "se ponen al servicio de las necesidades empresariales, con el objetivo de garantizarles el acceso al territorio y remover los `obstáculos` a su acumulación", a expensas de campesinos y pueblos originarios.

"En esta oportunidad, los beneficiarios son el grupo Oro Esperanza Agro S.A., conformado por capitales chinos" y que, siempre según los denunciantes, "actúan a través de otra empresa, esta vez de capitales uruguayos, de nombre Mayo Investment S.A especialmente dedicada a la `limpieza de campos`".

El conflicto lleva una década y comenzó cuando un empresario "fraguó los títulos de propiedad de un campo de 14 mil hectáreas perteneciente a la familia Santillán, en el noreste santiagueño", precisó el documento.

"Las denuncias y movilizaciones del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), en su momento, consiguieron detener los primeros intentos de desmonte", agregó.

No obstante, "el 19 de diciembre de 2011 el campo fue vendido, en una nueva operación fraudulenta, a Oro Esperanza Agro SA" y en junio de 2012 "los campesinos tienen las primeras noticias de los capitalistas chinos, a través de los servicios de desmonte brindados por la empresa Mayo Investment SA, quienes toman posesión introduciendo decenas de topadoras y tractores".

El documento recordó además que en abril de este año la AFIP detectó en predios apropiados por Oro Esperanza Agro SA a "34 trabajadores en condiciones precarias e insalubres, a cargo de Mayo Investment SA", por lo que inició una causa penal.

"Aníbal Santillán es un mediano productor (ganadero) de 73 años, nacido y criado junto a su familia en el lote de 14 mil hectáreas en disputa", puntualizó.