09/09/2013 en San Isidro

Procesan por falsificacin de DNI y pasaportes a funcionarios de Don Torcuato

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, procesó con prisión preventiva y embargos de hasta 500.000 pesos a seis funcionarios de la Delegación Don Torcuato del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la provincia de Buenos Aires en una causa por falsificación de DNI y pasaportes.

En una resolución de 123 carillas, la magistrada también imputó a los acusados el delito de "facilitación del tráfico ilegal de personas desde, en tránsito o con destino a la República Argentina, agravado por ser una actividad habitual y por haber intervenido en el suceso un funcionario o empleado público en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso de su cargo".

La medida judicial alcanzó a Omar Héctor Rodríguez, Susana Lilia del Conte, Valeria Edith Castro, Lucas Fernando Mandez, Juan Manuel Zacca y Luis Matías Stoll, en tanto otra veintena de imputados (quienes suministraban sus datos y huellas digitales) fueron procesados sin prisión preventiva.

La jueza dijo que los procesados, "valiéndose de sus claves de acceso al sistema informático proporcionadas por el Registro Nacional de las Personas, tergiversaron los datos de los titulares de las respectivas matrículas”, con el conocimiento de que los documentos y pasaportes se entregaban a personas que no eran los verdaderos titulares.

Arroyo dio por acreditado que los imputados, "todos empleados y/o funcionarios de la Delegación Don Torcuato del Registro Provincial de las Personas, tomaron parte de una asociación de más de tres personas dedicada a la falsificación -en forma coordinada y sistemática- de documentos públicos destinados a acreditar la identidad de las personas".

Las maniobras se realizaban "mediante la inserción de datos y/o declaraciones falsas vinculadas con hechos que aquellos documentos debían probar" y en el marco "de dicha actividad ilícita la asociación recibía sumas de dinero con el objeto de procurar -de parte de sus integrantes- la realización de alguna gestión relativa a sus funciones en virtud de la condición de funcionarios públicos que ostentaban".

"Siempre dentro de un marco delictual de carácter oneroso, previamente acordado, los legítimos titulares de las respectivas matrículas concurrían a la citada delegación, incluso fuera del horario de oficina, a fin de dar inicio al denominado `trámite combinado´, cuyo objeto consiste justamente en la expedición conjunta del documento nacional de identidad y el pasaporte", y a cambio de ello "recibían una suma dineraria aun no determinada con precisión".

Luego, "se plasmaban en los formularios electrónicos de rigor los respectivos datos biográficos de aquellos individuos, es decir, los legítimos titulares de las matrículas cuya renovación era solicitada", pero "a la hora de ingresar el domicilio del solicitante, se consignaba habitualmente en el sistema una dirección inexistente para posibilitar, a la postre, la entrega de los documentos apócrifos a otros ciudadanos que en realidad resultaban ser sus verdaderos destinatarios".

En cuanto a las fotografías, las que se cargaban en el sistema "correspondían a otras personas, quienes eran los verdaderos destinatarios de los respectivos instrumentos falsos".

"Conforme surge de las constancias que actualmente componen el legajo, dicha expedición se hallaba encaminada, además, a facilitar el cruce ilegal de personas por los límites fronterizos nacionales con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico, actividad que era de carácter habitual", enfatizó la jueza.